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Familiares de jóvenes asesinados en protestas de 2017 exigen justicia a la Fiscalía

2017

Foto: Luis Miguel Cáceres

La Alianza de Familiares y Víctimas de las Protestas Antigubernamentales de 2017, (Alfavic), pidió que se investiguen debidamente los asesinatos de sus parientes, luego de que el fiscal Tarek William Saab ofreciera avances del caso del asesinato de Juan Pablo Pernalete y del concejal Fernando Albán. Partidos de la oposición democrática remitirán a la CPI la declaración como confesión del delito de encubrimiento.

Caracas. Miguel Fernando, mi hijo, un comunicador social, fue víctima de una ejecución extrajudicial. ¿Cómo usted señor fiscal va a decir que se está haciendo justicia, cuando en el caso de mi hijo ni siquiera el expediente me han entregado? No he tenido la oportunidad de tener un expediente para poder seguir mis acciones.

Carmen Bracho, madre de Miguel Castillo, joven asesinado durante una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el 10 de mayo de 2017, pidió a Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, que “no mienta al país” asegurando que se está haciendo justicia.

Un grupo de padres que integran la Alianza de Familiares y Víctimas de las Protestas de 2017 (Alfavic) exigió justicia, tras las declaraciones de Saab el sábado 1º de mayo. El fiscal ofreció avances de las investigaciones del asesinato de Juan Pablo Pernalete, estudiante asesinado el 26 de abril de 2017, y del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, asesinado en custodia del Servicio Bolivariano Nacional (Sebin) el 8 de octubre de 2018.

La rueda de prensa de Saab fue a propósito del informe que entregó el Ministerio Público a la Corte Penal Internacional, el 30 de abril de este año. En sus declaraciones, el fiscal informó que por el caso de Juan Pablo Pernalete fueron imputados 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva. 

Son cuatro años de absoluta impunidad y las recientes imputaciones no pretenden darnos una verdadera justicia, pues las imputaciones no se ajustan a la verdad, dijo José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo, de 20 años de edad.

Juan Pablo Pernalete recibió un impacto de bomba lacrimógena en el pecho, en Altamira. El 24 de mayo Luisa Ortega Díaz, fiscal de entonces, informó que el estudiante de Contaduría Pública, en la Universidad Metropolitana, fue asesinado por un GNB que disparó una bomba lacrimógena. Sin embargo, Ernesto Villegas, ministro de Comunicación en ese momento, aseguró que al joven lo habían asesinado con una pistola de perno.

Foto: Yohana Marra

Desde el 1º de abril al 30 de julio de 2017 hubo una serie de protestas en Venezuela lideradas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El detonante fueron las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia las cuales despojaban a los diputados de la Asamblea Nacional de su inmunidad y al Parlamento de su atribución para autorizar la creación de empresas mixtas.

Al descontento se sumaron más peticiones a lo largo de los cuatro meses de manifestaciones. Las exigencias eran: la apertura de un canal humanitario, la liberación de presos políticos y la devolución de las competencias a la AN. La represión de los cuerpos de seguridad y presuntos grupos paramilitares dejó 129 fallecidos en Venezuela, de acuerdo con cifras del Ministerio Público bajo la tutela de la fiscal Luisa Ortega Díaz, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente ese mismo año.

Rosángela Durán contó que la investigación del asesinato de su hermano Roberto Durán fue cerrada por falta de evidencias. El joven, de 24 años de edad, fue asesinado el 28 de junio de 2017 en una protesta en Barquisimeto, estado Lara, presuntamente por un GNB.

En mi caso no está individualizada el arma ejecutora ni la persona que disparó en contra de mi hermano, no hay ni un solo funcionario detenido ni siquiera en la cadena de mando. Hoy el fiscal Saab habla de que está haciendo justicia en el caso de los Pernalete, pero es mentira, dijo en un video publicado en las redes de Alfavic.

Los padres de Fabián Urbina también se pronunciaron y exigieron justicia al fiscal Saab. El adolescente, de 17 años de edad, fue asesinado por un GNB en una manifestación en el distribuidor Altamira, el 19 de junio de 2017.

Luego de tres años y medio, el guardia que asesinó a nuestro hijo aceptó los cargos. Cinco delitos se le imputaron, aceptó que asesinó a Fabián Urbina. Su condena debió estar entre 22 y 25 años de cárcel, pero le dieron un regalo de tan solo 12 años. ¿De qué justicia está hablando usted? Como padres de Fabián le exigimos una verdadera justicia para nuestro hijo y para todas las demás, contaron los padres.

La esposa de Leonardo González Barreto, asesinado el 27 de julio de 2017, también se sumó a las exigencias de justicia de Alfavic, al igual que los parientes de las víctimas: Diego Arellano (Miranda), Rubén Darío González (Carabobo), Nelson Daniel Arévalo (Lara), Yorman Bervecia (Barinas), Yoiner Peña (Lara), Luis Guillermo Espinoza (Carabobo) y Manuel Alejandro Sosa (Lara).

Foto: Luis Miguel Cáceres/Archivo
Familiares del concejal Fernando Albán

Mediante un comunicado, los parientes del concejal de Primero Justicia Fernando Albán  aseguraron que el fiscal Saab “montó un nuevo show mediático, agregando la supuesta investigación por el delito de homicidio culposo”. 

Albán fue asesinado el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba bajo custodia de funcionarios del Sebin en Plaza Venezuela. Ese día el fiscal Saab ofreció declaraciones y aseguró que habían tenido conocimiento “del suicidio de Fernando Albán, quien estaba siendo investigado por intento de magnicidio”.

Sin embargo, el 1º de mayo de 2021 Saab dijo que al momento del hecho se le imputó a los funcionarios el delito de quebrantamiento de normas de custodia, pero el Ministerio Público solicitó la nulidad “por observar violaciones a las garantías constitucionales”.

Posteriormente solicitamos orden de aprehensión contra los dos funcionarios por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido, dijo.

Para los parientes del concejal el fiscal no incluyó los delitos de desaparición forzosa, privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio calificado, “que son los denunciados por la familia desde diciembre de 2018”. 

“Tampoco se han verificado las investigaciones en contra de la cadena de mando, el director del Sebin Gustavo González López ni el ministro Reverol, o la juez Carol Padilla, que junto con el seudofiscal mintieron y encubrieron los delitos”, reza el comunicado. 

Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018 por funcionarios del Sebin, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y sus familiares desconocían el sitio de reclusión. 

Foto: Sebastián García/Archivo

“En este caso, no existe ningún delito «culposo”, lo que existió fue la consumación de la sistemática práctica del régimen de secuestrar, torturar y asesinar a disidentes políticos. Fernando Albán fue ejecutado extrajudicialmente encontrándose en custodia del Sebin, además de ser víctima de los otros crímenes mencionados. Esa es la realidad”, sentencia el comunicado de la familia Albán, firmado por su abogado Ramón Alfredo Aguilar.

El 1º de mayo, Tarek William Saab informó que desde que inició su gestión en 2017 han imputado a 716 funcionarios del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos, han aprehendido a 540 agentes de distintos organismos de seguridad y 31 particulares, y han acusado a 1064 efectivos y 136 civiles.

Partidos afirman que Saab “confesó”

Representantes de los partidos de la oposición democrática remitirán a la Corte Penal Internacional el video de la declaración completa de Tarek William Saab del fin de semana, para que sea incorporada al expediente (Venezuela-I) abierto por esa oficina en 2018 y que se encuentra en fase de revisión preliminar.

En una rueda de prensa este lunes rechazaron que los señalamientos de Saab puedan ser considerados como una rectificación basada en el deseo de enmendar la aplicación de la justicia, sino por el contrario, acusaron a Saab de intentar evadir la competencia de la CPI al pretender dar la imagen de que las violaciones de derechos humanos están siendo investigadas y los responsables están siendo sancionados.

Foto: Cortesía prensa comisión delegada AN 2016-2021

A juicio de Delsa Solórzano de Encuentro Ciudadano, Freddy Guevara de Voluntad Popular y Amelia Belisario de Primero Justicia, los señalamientos de Saab constituyen una “confesión del delito de encubrimiento”, pues insiste en omitir a la cadena de mando y minimiza hechos graves; por ese motivo pedirán su incorporación al expediente Venezuela-I.

Guevara advirtió además que Saab solo se circunscribió a tres casos de los cientos registrados desde 2014 en el contexto de la represión a las protestas o la persecución a la disidencia: “Reconocieron estos tres asesinatos, pero ¿qué pasa con Neomar, Cesita y todos los jóvenes asesinados en 2017? ¿Con todos los venezolanos que han perdido la vida y en contra de quienes aún hay campañas en los canales del Estado? Le queremos decir a las familias de Albán, Pernalete, Acosta y de todos los que ni siquiera les han reconocido que fueron asesinados que no vamos a descansar hasta que haya justicia”.

Solórzano hizo énfasis en la diferencia entre delitos contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, estos últimos competencia de la CPI. Dijo que de acuerdo con la legislación internacional vigente, el Estado es el único al que se le puede imputar la violación de los derechos humanos a través de uno de sus funcionarios, cuando este actúa motu proprio y el hecho sucede una sola vez. En ese caso no sería competencia de la CPI.

En cambio, los crímenes de lesa humanidad deben cumplir cuatro características: son violaciones sistemáticas de los derechos humanos, se cometen por órdenes de una cadena de mando, se cometen contra un grupo de la población determinado por su identidad política, religiosa, étnica o cualquier otra; y tienen que estar tipificados en el Estatuto de Roma, instrumento que rige las competencias de la CPI.

Además, indicó que la Corte se involucra cuando el país donde se han cometido los hechos no cuenta con un sistema de justicia que garantice el enjuiciamiento y condena de los responsables. Solórzano afirmó que el expediente Venezuela-I cumple con todas esas características.

¿Por qué Saab ha emitido las declaraciones? No es porque se arrepintieron, ni porque quieren que se haga justicia, sino que están tratando de eludir la competencia de la Corte Penal Internacional haciéndole creer falsamente que en Venezuela se está juzgando a los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad. No pretendamos que hay un vuelco en el discurso. Todo está registrado: la violación de derechos humanos es ordenada, sistemática y dirigida a un sector de la población. Saab no ha hecho más que una confesión, dijo.

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