Los activistas de derechos humanos Gabriel blanco, Emilio Negrín, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo tienen más de 45 días detenidos. Sus familiares y abogados exigieron reunirse con Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente.
Caracas. Familiares y abogados de los seis defensores de los derechos humanos detenidos los primeros días del mes de julio exigieron reunirse con el fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, pues consideran injustas y sin pruebas las imputaciones que les hizo el Ministerio Público.
La primera semana de julio, los cuerpos policiales del Estado, entre ellos la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE), perteneciente al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), iniciaron una serie de detenciones contra activista de derechos humanos. A los detenidos se les acusa de delitos como el terrorismo y asociación para delinquir.
Recuento
En la lista de detenidos destaca la Dgcim como sitio de reclusión:
- Emilio Negrín, dirigente sindical y presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial. Lo detuvieron el 5 de julio, en la parroquia El Junquito. Está recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara.
- Alcides Bracho, líder social, profesor universitario y dirigente de Bandera Roja. Lo sacaron de su casa el lunes 4 de julio. Está detenido en la sede de la Dgcim en Boleíta.
- Reynaldo Cortés, coordinador de Bandera Roja en Guárico, fue detenido la madrugada del 7 de julio en San Juan de los Morros, estado Guárico. Está preso en la sede de la Dgcim en Boleíta.
- Néstor Astudillo, dirigente de Bandera Roja, lo detuvieron el 6 de julio, en Charallave, estado Miranda. Está recluido en la sede de la Dgcim en Boleíta.
- Alonso Meléndez, militante de Bandera Roja, fue detenido el martes, 5 de julio en el estado Falcón. Está encarcelado en la sede de la Dgcim en Boleíta.
- Yeny Zorelis Pérez, esposa del militante de Bandera Roja José Castro. La detuvieron en Ocumare del Tuy, estado Miranda, el lunes 4 de julio. Está recluido en la sede de la Dgcim en Boleíta.
- Gabriel Blanco, sindicalista y activista de los derechos humanos. Su detención se ejecutó en la parroquia Coche, el 7 de julio. Está preso en la sede de la Dgcim en Boleíta.
Arremetida
La defensa y representantes de la sociedad civil, en compañía de las esposas de los detenidos, acudieron a la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, Caracas, para entregar un documento en el que solicitan la reunión con Saab.
A juicio del abogado de las víctimas, Eduardo Torres, el arresto de defensores de derechos humanos es una política sistemática y generalizada de ataque contra la población civil. Torres describió estas acciones como crímenes de lesa humanidad, pues resaltó que defender derechos laborales y humanos o participar en partidos y ejercer los derechos civiles no constituye delitos ni acciones terroristas.
“El gobierno de Nicolás Maduro arremetió contra los activistas por protestar, defender los derechos humanos y haber participado en las protestas nacionales de los años 2014, 2017 y 2019. No solo que estaban en la protestas de la Onapre, sino en la calle con los venezolanos que exigen cambios en Venezuela”.
Solicitud de reunión con el fiscal
La esposa del activista Gabriel Blanco, Diannet Blanco, expuso que tras 45 días de detención, no ha recibido respuesta por parte de la Fiscalía. Asimismo, denunció que el arresto de su esposo es parte de una modalidad de hostigamiento emprendida por cuerpos de seguridad del Estado que violan las normas penales internacionales. Para la también integrante del equipo de Provea el proceso que enfrenta su esposo es una encarcelación arbitraria.
“Queremos una reunión con la Fiscalía para pedirle de forma personal la libertad de mi esposo, porque no es culpable de lo que se le acusa. No tienen pruebas ni fundamentos para mantenerlos encarcelados. Gabriel está con buen ánimo, pero su salud se puede deteriorar aún más por la preocupación, porque sabe que no hay Estado de derecho”, dijo.
A Gabriel Blanco, defensor de los derechos humanos y dirigente de la Alianza Sindical Independiente, lo abordaron dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en su casa, ubicada en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud en la parroquia Coche, el miércoles 6 de julio, a las 7:00 p. m.
Actuación de Dgcim
La Dgcim actuó en cuatro de estas siete detenciones que se ejecutaron recientemente. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela señaló a este cuerpo de seguridad del Estado de utilizar métodos de tortura en algunos de sus procedimientos.
En el informe publicado el 16 de septiembre de 2021 se asegura que la Dgcim busca la manera de encarcelar a familiares. De esta manera ejercen presión para obligarlos a confesar o colaborar con sus acciones.
En el caso de las otras personas que han sido detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado, cuatro de ellos: Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés no son solo luchadores sociales y activistas por los derechos humanos, sino que son militantes activos del partido Bandera Roja (BR).
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