Los parientes de los militares, detenidos en la sede de Boleíta, están angustiados porque no tienen información oficial sobre quiénes son los contagiados y cómo se encuentran. En el Sebin de El Helicoide cuatro detenidos tienen síntomas asociados al COVID-19 y fueron aislados. AN trabajará con representantes de Bachelet para lograr medidas de casa por cárcel para los presos políticos.
Caracas. En casa esperan que el teléfono suene otra vez. Guardan la esperanza de levantar el auricular y que cuando oigan su voz sepan que está bien. La familia del teniente coronel de la Aviación, Ruperto Molina, está angustiada desde que en el último contacto les dijo que tenía mucha tos.
Keyla Flores, esposa del militar preso político, acudió a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, el jueves 5 de agosto, para llevarle algunos medicamentos y para tratar de confirmar si su esposo tenía COVID-19, ya que por otros familiares de detenidos se enteró de que Molina tenía fiebre y síntomas sospechosos del virus. No le dieron más información.
La zozobra por no tener noticias oficiales, ni poder comunicarse con el teniente coronel, aumenta cada día más. A la fiscal 32° nacional, Dusay Dueñas, no le permitieron la entrada a los calabozos porque había casos de COVID-19. Dueñas se dirigió a Boleíta la primera semana de agosto, tras la denuncia en el Ministerio Público de los familiares del capitán de Navío, Luis de la Sotta, por las condiciones de reclusión.
Pedimos que nos permitan verificar su estado de salud con médicos, ya sea de la Cruz Roja Internacional o de la Organización de las Naciones Unidas. No nos conformamos con los médicos de ellos, que acostumbran a falsificar su estado como cuando ocurren las torturas”, dijo Flores.
Ruperto Molina fue detenido el sábado 19 de mayo de 2018 en la Base Aérea El Libertador de Palo Negro, estado Aragua, un día antes de las elecciones presidenciales. Lo acusan de instigación a rebelión y contra el decoro militar, sin pruebas.
Las visitas en la Dgcim están suspendidas desde el 14 de marzo, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro confirmara los dos primeros casos de COVID-19 en Venezuela y decretara estado de alarma para evitar más contagios. Hasta el domingo 9 de agosto en el país había 25.805 casos confirmados oficialmente y 223 fallecidos.
Desde entonces los familiares solo pueden comunicarse con los detenidos de manera esporádica y son llamadas supervisadas por funcionarios, en altavoz. En cinco meses de pandemia las comunicaciones han sido una vez al mes, posteriormente, cada tres o dos semanas.
“Queremos que llamen más frecuente. Una llamada cada tres o cuatro semanas no es suficiente. Exigimos que les den privacidad y tiempo para hablar con su familia e hijos, todo se resume a solo tres minutos que deben ser compartidos con sus hijos y esposa”, agregó Keyla Flores, esposa del teniente coronel Molina.
También les dijeron que solo pueden llevar alimentos no perecederos. Las entregas se hacían en el Centro Comercial Boleíta Center hasta el jueves 5 de agosto, cuando los parientes acudieron a la Dgcim a pedir información oficial y a llevar medicinas.
El jueves 6 de agosto el capitán de Navío, Luis de la Sotta, se comunicó con su mamá, también con una llamada supervisada. Pidió antibióticos y dijo que tenía fiebre.
“No nos dijo que tenía COVID-19 pero nos pidió el antibiótico urgente, que es para las vías respiratorias. Pedimos a la Cruz Roja Internacional que ingrese, no han entrado. Por otro lado, los oficiales de Michelle Bachelet (alta comisionada de Naciones Unidas) tienen un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para ingresar y no han podido”, explicó Molly de la Sotta, hermana del capitán de Navío.
De la Sotta contó que otros familiares se han comunicado con los detenidos y aseguran que se hicieron pruebas de la COVID-19 y que, presuntamente, algunos dieron positivo. “No tienen atención médica. De hecho, han llamado a sus familiares para que les lleven los medicamentos”.
Familiares de los militares presos políticos han denunciado que un grupo está recluido en el sótano dos de la Dgcim, que supuestamente denominaron La Casa de los Sueños. Las celdas miden 2×2 y tienen el lavamanos e inodoro adentro. No tienen luz solar sino una luz blanca encendida de forma permanente, sin agua potable y el acceso a la ducha no es diario.
La alimentación no es la adecuada y muchos tienen problemas de salud, que no son atendidos adecuadamente. El informe especial de Una Ventana a la Libertad, publicado en abril de este año, detalló que el hacinamiento en la Dgcim es de aproximadamente 80 %. Se calcula que hay entre 90 y 110 detenidos. Sin embargo, aunque no hay listas externas que permitan conocer la identidad de los privados de libertad, los familiares presumen que hay alrededor de 200 detenidos.
El 18 de marzo el Foro Penal Venezolano hizo una solicitud formal a la Cruz Roja Internacional para el resguardo de la salud de los presos por el nuevo coronavirus. La comunicación nunca fue respondida, aseguraron en un comunicado.
Tres detenidos de El Helicoide con síntomas
El pasado viernes 7 de agosto el diputado José Manuel Olivares confirmó la muerte de Erick Echegaray, de 70 años, quien estaba detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de El Helicoide. Aseguró que fue por COVID-19, sin embargo, los voceros del gobierno de Maduro no han confirmado esta información.
Los familiares de los presos políticos en El Helicoide también están nerviosos, al no conocer qué medidas se estaban tomando a raíz del caso de Echegaray y cómo está de salud el resto de la población penal. Temen que la vida de los detenidos y los mismos funcionarios corra peligro durante la pandemia. Por ello protestaron el sábado 8 de agosto.
Los detenidos Otoniel y Rolando Guevara, Vassyly Kotosky Villarroel y Enrique Perdomo presuntamente dieron positivo con COVID-19, según le informaron los funcionarios a la esposa de Otoniel, Jackeline Guevara, el mismo sábado.
Añadió que a los hermanos Guevara los aislaron y les estaban aplicando tratamiento supervisado por médicos del Sebin. “Al parecer, han progresado satisfactoriamente, pero están aislados e incomunicados y esa es nuestra mayor preocupación, no conocer directamente del personal médico tratante”.
Sandoval desconoce si se encuentran en la sede de El Helicoide o si fueron trasladados a la sede de Plaza Venezuela, donde tienen el servicio médico.
Otoniel fue comandante de la policía de Aragua, y Rolando Guevara fue comisario de la antigua Policía Técnica Judicial (actualmente Cicpc). A ambos los condenaron el 20 de diciembre de 2005 a 27 años de prisión por el homicidio del fiscal Danilo Anderson. Desde el año 2011 no han podido acceder a las medidas alternativas del cumplimiento de la pena.
Exigimos que se respete su derecho a la salud y a la vida, es lamentable el fallecimiento de Echegaray y es lo que no queremos con nuestros familiares. Ya sabemos que hay otros con síntomas similares”, dijo Sandoval.
También los familiares del preso político Erasmo Bolívar denunciaron que tiene síntomas asociados a la COVID-19 desde hace una semana y este lunes 10 de agosto denunciaron que tiene dificultad para respirar. El funcionario perteneció a la extinta Policía Metropolitana y se encuentra en la cárcel de Ramo Verde por los hechos del 11 de abril de 2002.
“No quieren sacarlo de la cárcel de Ramo Verde a recibir atención médica, hacemos responsable a quien tiene el poder por la salud y la vida de Erasmo Bolívar”, dijo Osmary Tovar, prima del detenido.
El Foro Penal Venezolano difundió un comunicado el sábado 8 de agosto en el cual exigieron a la dirección de los centros de reclusión como la Dgcim, Sebin, Ramo Verde y la cárcel de El Rodeo que aclaren públicamente si se han presentado casos positivos de COVID-19. El mismo llamado lo hicieron al Ministerio Público y a los tribunales competentes.
Hasta el 10 de agosto se registran 384 presos políticos en el país. 128 son militares, 29 son mujeres y dos son adolescentes.
AN buscará apoyo para medidas humanitarias
Este martes 11 de agosto en sesión ordinaria virtual de la Asamblea Nacional, los diputados crearon una comisión especial que tendrá la tarea de trabajar de la mano con los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela, a fin de lograr la obtención de medidas humanitarias de casa por cárcel para los presos políticos expuestos al COVID-19.
La propuesta fue presentada por la diputada Adriana Pichardo (VP), quien precisó que los casi 400 presos políticos entre civiles y militares que hay en el país están en riesgo de contraer el virus, como lo comprobaría la lamentable muerte de Erick Echegaray, presuntamente por esta causa.
Pichardo precisó que en la Dgcim hay 27 presos políticos, 98 en Ramo Verde y 30 en el Helicoide, y que desde el pasado 5 de agosto el Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional ha recibido denuncias de sus familiares según las cuales “varios de ellos han presentado síntomas de COVID-19 como diarrea, fiebre, pérdida de gusto y olfato e incapacidad respiratoria”.
La comisión especial quedó presidida por la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), e integrada por Marialbert Barrios (PJ), Rafael Veloz (VP), Luis Barragán (VV), Arnoldo Benítez (LCR), Williams Barrientos (UNT) y Freddy Valera (AD).
La instancia deberá trabajar también con la Cruz Roja y con otras organizaciones internacionales de derechos humanos “para que se materialice la visita e inspección de la salud de todos los presos políticos y se trabaje en pro de la obtención de medidas humanitarias”, dijo Pichardo.
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