FAO reconoce que en sectores pobres el acceso a alimentos es limitado pese a aumento de disponibilidad

En los anaqueles siguen viéndose más alimentos que años atrás, pero la pobreza de ingresos aún es piedra de tranca para que el grueso de la población pueda acceder completamente a ellos, mientras que programas como el Clap solo cubren entre 10 % y 20 % de lo que requiere comer mensualmente una familia.

Caracas. La ruptura con el esquema de controles de precios y cambio marcó un antes y un después en la disponibilidad de alimentos en los últimos 20 años. A pesar de que desde 2015 las importaciones se redujeron hasta 90 % y la producción nacional se encuentra en sus niveles más bajos, la escasez -que alcanzó su clímax entre 2016 y 2018- ya no es tan notoria, aunque tal giro sigue teniendo consecuencias en los hogares más pobres.

Hasta el primer semestre de 2021, según cálculos hechos por la ONG Ciudadanía en Acción, en el país se distribuían al menos 700.000 toneladas mensuales de alimentos, el doble que en 2019, cuando el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a relajar los controles a la economía, principalmente la imposición de “precios justos” que, según denunciaba el sector privado, no permitían cubrir los costos de producción de los alimentos. 

En paralelo, y debido también a la debacle de la industria petrolera, principal fuente de divisas del Estado, las autoridades dieron luz verde al sector privado para importar alimentos y medicinas con recursos propios, tras la aprobación de la libre convertibilidad de divisas. Desde entonces, el fenómeno de los bodegones se hizo más notorio y en los supermercados se ven menos anaqueles vacíos, al menos en las principales ciudades.

En declaraciones para Venezolana de Televisión (VTV), el representante para Venezuela de la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Alexis Bonte, reconoció que “desde hace dos o tres años ha mejorado la disponibilidad”, pero que el gran desafío que enfrenta actualmente la nación es “la accesibilidad financiera” en los hogares para costear lo que encuentran en los anaqueles. 

La canasta alimentaria de los trabajadores (CAT), determinada por el Cenda y que incluye 60 productos de consumo básico mensual, cerró agosto con un costo 953,91 bolívares o $232,8 al tipo de cambio oficial, ello en un país con cinco millones de pensionados que devengan apenas siete bolívares mensuales, 2,5 millones de empleados públicos que ganan poco más de $10 mensuales y cuatro años consecutivos con una hiperinflación que pulveriza los ingresos.

Años de limitaciones

Bonte destacó las proyecciones de organismos internacionales que tratan sobre un posible crecimiento de la economía en 2021 y 2022 tras siete años de caída, pero que “hay que ver cómo los pobres pueden aprovechar ese crecimiento”, tomando en cuenta que indicadores como el 3 % de inseguridad alimentaria que, asegura, llegó a tener Venezuela a inicios de los años 2010 estuvieron apalancados por subsidios financiados por una renta petrolera que ya no existe. 

Ya en 2015, cuando los precios del petróleo estaban en picada, 87 % de la población declaraba que sus ingresos eran insuficientes para comprar alimentos, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) de ese año. Dos años más tarde, 80 % de los hogares se encontraban en inseguridad alimentaria y en 2021 la Encovi ubicó ese indicador en 94,2 % de los encuestados.

Este año la Encovi determinó que en 34,5 % de los hogares hay incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos (inseguridad alimentaria leve), 35,2 % redujo la calidad y variedad de alimentos y/o la cantidad de alimentos que consume (IA moderada) y 24,5 % de los encuestados aseguró reducir cantidades, saltarse comidas o experimentar hambre.

Todo ello a pesar de que, tal y como reconoció el portavoz de la FAO en Venezuela, la cantidad de alimentos disponibles en el país es mayor. Los programas sociales, banderas de Hugo Chávez durante su gobierno gracias a la renta petrolera, se encuentran en niveles mínimos de cobertura, no solo en cantidad de hogares que los reciben, sino en los requerimientos que cubren.

Alexis Bonte dijo a VTV “hay que ver cómo mejorar” iniciativas como el Clap o el Programa de Alimentación Escolar (PAE), tomando en cuenta que, en el caso del primero, actualmente solo sirve “para complementar de base” en los hogares, pues cubre entre 10 % y 20 % del requerimiento mensual. Ciudadanía en Acción ubica en 8 % la cobertura del Clap respecto a la dieta histórica nacional, que hasta 2014 llegó a ser de 36,74 kg de alimentos per cápita al mes.

Según cálculos de Encovi, hasta el primer trimestre de 2021 solo 20,7 % de los beneficiarios de cajas o bolsas Clap la recibían mensualmente, porcentaje similar al de hogares que declararon que no la reciben (19,6 %) o que la reciben una o dos veces al año (17 %).

La necesidad de retomar la producción

A propósito del Día Mundial de la Alimentación, el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y afines (Sviaa), Saúl López, destacó que en el país todavía hay una cantidad importante de personas que no satisface sus requerimientos nutricionales de ingesta de alimentos y recordó la propuesta hecha en 2019 de idear un banco de alimentos para atender a poblaciones vulnerables apalancado por la producción nacional.

López señaló que en los últimos años la producción ha aumentado en algunos rubros, como maíz y arroz, pero que es necesario actualizar las formas para llegar a niveles óptimos y eficientes que permitan no solo satisfacer el mercado nacional, sino exportar. Alexis Bonte, de la FAO, indicó que se debe analizar el balance que hay entre importaciones y producción y priorizar las compras nacionales para beneficiar económicamente a las zonas rurales, de las más afectadas por la inseguridad alimentaria.

La firma Ecoanalítica calcula que en lo que va de año las importaciones promedian entre 500 y 800 millones de dólares mensuales, lejos de cifras de más de 5000 millones de dólares al inicio del primer gobierno de Maduro.

La FAO, por su parte, estima que entre 70 % y 80 % de los alimentos son importados, al tiempo que la producción sigue siendo afectada por la falta de combustible para transportar mercancía y trabajadores, factores climáticos y la pandemia de COVID-19. Ciudadanía en Acción estima que, si bien 66 % de los productos disponibles son hechos por la agroindustria, solo 18 % de lo que se consume es producido en el campo venezolano.