Fiscal de la CPI viajará a Venezuela para decidir si abre investigación por crímenes de lesa humanidad

CPI

La oficina de Karim Khan no ha informado qué día arribará al país el funcionario, pero fuentes diplomáticas aseguran que será la última escala de la gira, la cual también incluirá a Colombia y podría terminar haciendo una parada en Panamá. La gira del representante de la CPI durará 10 días y comenzó este 25 de octubre.

Caracas. En el proceso para decidir si abre una investigación oficial contra funcionarios, exfuncionarios y civiles venezolanos por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, el fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan, visitará el país en los próximos días para continuar recabando información, ahora in situ.

A través de un comunicado de prensa, el despacho del jurista británico informó que Khan inició este lunes 25 de octubre una gira de diez días, la cual incluirá Venezuela y Colombia, dos de los tres países de la región a los que la Fiscalía del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) ha abierto “exámenes preliminares” por denuncias sobre la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos contra sus habitantes.

Fuentes diplomáticas aseguran que Khan empezará su gira en Colombia, donde estará hasta finales de la semana, luego partirá a Venezuela el fin de semana, haciendo previsiblemente una escala en Panamá.

Buscando más elementos

Durante sus viajes Khan, y el equipo que lo acompaña, celebrarán reuniones con “las autoridades, el Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales”, se lee en el boletín, en el cual sin embargo no se menciona a las víctimas o los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Esta omisión genera preocupación en el movimiento venezolano de derechos humanos, en el que creen que podría enviar una mala señal sobre la suerte del llamado caso Venezuela I. Esta es la causa que agrupa las denuncias que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, y el Grupo de Lima, presentaron entre finales de 2017 y 2018 contra Nicolás Maduro y altos jerarcas civiles y militares por la presunta comisión de delitos como detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y ejecuciones extrajudiciales de manera “sistemática” contra los sectores que disienten del chavismo.

Desde La Haya, sin embargo, aseguran que este viaje se enmarca en el principio de complementariedad que rige a la CPI, de acuerdo con el cual este organismo solo puede actuar cuando las autoridades judiciales nacionales no han investigado ni sancionado a los responsables de delitos como genocidio y crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión.

“Estoy convencido de que el estrechamiento de las relaciones y la cooperación con los Estados parte mejorará el funcionamiento del régimen del Estatuto de Roma en consonancia con el principio de complementariedad. La comunicación es esencial para explicar el mandato de la Fiscalía y de la CPI y fomentar la confianza de las partes interesadas. Aguardo con interés la oportunidad de escuchar y de aprender de este mi primer viaje a la región como Fiscal de la CPI”, afirmó el jurista.

Proceso innecesario

Las autoridades venezolanas obviamente buscarán convencer a Khan de que no tiene motivos para iniciar ninguna investigación, ya están actuando. Así lo dejó en claro la semana pasada el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, que consideró que las condenas contra los autores de los asesinatos de los jóvenes Daniel Alejandro Queliz y David Vallenilla revelan que “sin tener que recurrir a instancias transnacionales o internacionales” se puede conseguir castigo a las violaciones a los derechos humanos.

Queliz y Vallenilla fueron dos de los más de 100 venezolanos que perdieron la vida durante la represión a la ola de protestas que sacudió el país en 2017. Precisamente el comportamiento de las autoridades durante esa época es lo que está examinando la Fiscalía de la CPI.

La anterior fiscal del juzgado internacional, Fatou Bensouda, prometió que antes de dejar su despacho a principios en junio pasado anunciaría si abría o no una investigación. Sin embargo, una denuncia que Saab presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte se lo impidió. No obstante, Bensouda en no pocas ocasiones dejó en claro que sí consideraba que había motivos para abrir una averiguación.


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