La Fiscalía considera que desde 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno “han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.
Caracas. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional “concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”, se lee en el informe sobre actividades de examen preliminar 2020 de la organización. El documento fue publicado este lunes 14 de diciembre.
La Fiscalía considera que, desde 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno “han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”. Citan artículos del Estatuto de Roma relacionados con la tortura, violencia sexual, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.
La situación de Venezuela ha estado en examen preliminar desde febrero de 2018. En mayo de este año, la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dijo que puede haber jurisdicción: “Y si hay una decisión positiva de admisibilidad, se iniciarán los procedimientos domésticos de rigor. Esperamos tomar la decisión este año”.
Sin embargo, la Fiscalía señaló en este informe que esperan concluir el examen preliminar “a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021”.
Las fuerzas de seguridad que se señalan como presuntamente responsables de los crímenes son: Policía Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Dirección General de Contrainteligencia Militar, Fuerza de Acciones Especiales, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Guardia Nacional Bolivariana, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, y unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En el informe se lee que personas a favor del Gobierno, en conjunto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento, actuaron para reprimir a opositores.
La entidad internacional ha recibido información del Gobierno de Nicolás Maduro. El 4 de noviembre el fiscal general, Tarek William Saab, en la sede de la Corte en La Haya, se reunió con la fiscal Bensouda. Luego, el 30 de noviembre, las autoridades de Venezuela presentaron un informe donde “dan respuesta al conjunto detallado de preguntas formuladas por la Fiscalía en su solicitud de información”, se menciona en el documento.
La Fiscalía ha tomado nota del informe del 15 de septiembre de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, del informe del gobierno de Venezuela titulado La Verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y Testimonios de un País Bajo Asedio y del informe de la Organización de los Estados Americanos titulado Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En una segunda parte del informe, la Fiscalía se refirió a la remisión que recibió el 13 de febrero de 2020 por parte del gobierno de Nicolás Maduro sobre las sanciones que desde 2014 ha aplicado Estados Unidos a Venezuela. “El análisis material de la Fiscalía se ha centrado en determinar si las alegaciones formuladas por el Gobierno de Venezuela en su remisión constituyen crímenes de competencia de la Corte”, se lee.
Esta instancia espera concluir su análisis de la competencia material durante la primera mitad de 2021, “a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a un análisis sobre admisibilidad”.
Foto: Marina Riera/Human Rights Watch
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