Al menos 18 personas fueron retenidas, hasta por 48 horas, en menos de una semana, sin que los organismos de seguridad informaran sobre su situación o sitio de reclusión. Todos fueron liberados a excepción del periodista Roland Carreño.
Caracas. Al menos 18 personas fueron detenidas o vieron allanadas sus residencias luego de la salida de Leopoldo López del país el pasado 24 de octubre. Ese mismo día agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron y registraron los hogares de unas 10 personas, casi todos trabajadores de la Embajada de España en Caracas, pues López permaneció un año y medio, como “huésped”, en la residencia de la legación diplomática. El Gobierno de España denunció al día siguiente que esos actos violaron la Convención de Viena.
Luego de permanecer más de 24 horas retenidos para ser “interrogados”, unos seis vigilantes de la legación diplomática fueron puestos en libertad el lunes en la mañana. Otro grupo de tres personas también salió ese día en la noche, cuando cumplían cerca de 48 horas retenidos. Entre ellos Nubia Campos, cocinera que le llevaba alimentos a López hasta la embajada. El martes fue liberada la última persona, también relacionada con labores de seguridad en la sede diplomática.
El lunes en tarde fue detenido el periodista Roland Carreño, integrante de Voluntad Popular, junto con Elías Rodríguez y Yeferson Sarcos, que también militan en ese partido. Rodríguez y Sarcos fueron liberados, pero el comunicador no. El Ministerio Público lo acusa de los delitos de “conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo”.
De acuerdo con testimonios de allegados a Carreño, este fue interceptado por “vehículos negros sin identificación”. Sus familiares y amigos no pudieron verlo en más de 30 horas, ni conocer su sitio de reclusión. Ese mismo día en la noche fue detenida Nathaly Sifontes, quien es cuñada de Diana López, hermana mayor de Leopoldo López. Después de casi 20 horas de “interrogatorio”, fue liberada el martes en la tarde.
Pero los cuerpos de inteligencia, acusados de torturas y ejecuciones extrajudiciales en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no solo emprendieron acciones contra personas dentro del país. El 28 de octubre, Carlos Millán, embajador de Guaidó en Chile, denunció el allanamiento de su residencia en Carabobo, así como el traslado de su abuela, de 71 años de edad, al Sebin para ser interrogada, junto con un vecino de la zona y una tía de Millán. Luego de ser retenidos por horas los tres fueron liberados.
El jueves 29 de octubre el exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández, denunció que su vivienda en Venezuela fue nuevamente tomada por efectivos policiales. “Lo arbitrario de este nuevo allanamiento es que, desde junio, el régimen de Maduro cambió las cerraduras y la casa quedó bajo su control. Con lo cual, están allanando una casa que está bajo control del régimen de Maduro”, escribió en su cuenta de Twitter.
El caso Roland Carreño
En un comunicado el partido Voluntad Popular denunció que la detención de Carreño constituye una nueva violación de los derechos humanos por parte del Gobierno. Calificaron las acusaciones como una “olla” ideada para desprestigiarlos: “Sabemos que el secuestro de Roland Carreño no es más que una brutal y torpe respuesta del régimen de Maduro ante la salida de nuestro líder, Leopoldo López, del país y la sólida postura que como partido político hemos mantenido ante la dictadura y la farsa que pretende llevar a cabo el próximo 6 de diciembre”.
Las versiones del Gobierno atribuyen a Carreño hechos tan variados como “terrorismo”, “corrupción”, porte de un arma de guerra y hasta lo relacionan con una supuesta “red de prostitución masculina”. El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Sabb, aseguró que el presentador de televisión era el encargado de “distribuir” dinero entre cuatro partidos de la oposición para evitar que se realicen las cuestionadas elecciones del 6-D. Precisó que se trata de 8,5 millones de dólares, otorgados a la Fundación Simón Bolívar de Citgo, la filial estadounidense de Pdvsa que ahora controla el gobierno interino de Juan Guaidó.
Pero el candidato a la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez dio más detalles. Sin explicar cómo tuvo acceso a la evidencia del caso, pues ya no desempeña un cargo en el Ejecutivo, mostró mensajes del teléfono personal de Carreño –incautado por los cuerpos de seguridad– a los medios de comunicación y hasta reprodujo algunos de los audios de supuestas conversaciones del periodista con otros dirigentes de la oposición.
De acuerdo con Rodríguez, los 8,5 millones eran distribuidos de tres maneras: a través de la red de pagos digitales Zelle, con transferencias a falsas ONG que financiaban actividades y “campamentos terroristas” en Colombia, y una tercera parte se la “quedaban” dirigentes del gobierno interino, aseveró mostrando como pruebas los audios del teléfono.
Señaló que Carreño era el encargado de distribuir altas sumas de dinero entre partidos opositores y líderes locales y parroquiales para “generar situaciones de protesta” y “focos de violencia” en el país. Indicó que, bajo el gobierno de Chávez, la Fundación Simón Bolívar se dedicaba a dar ayudas para procedimientos médicos costosos: “Cada niño que no se pudo operar es responsabilidad de ellos. Cada señor que no se pudo hacer un trasplante es responsabilidad de ellos, y tienen que pagar por ello”.
Aunque Saab y el Gobierno niegan que se hayan producido desapariciones temporales o violaciones de los derechos en estos casos, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU indica que esta ocurre cuando se arresta, se detiene o se traslada contra su voluntad a las personas, o estas resultan privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales o por grupos organizados que actúan en nombre del gobierno, y luego se niegan a indicar su paradero o a confirmar que está detenida.
Foto: Luis Morillo
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