El Centro de Justicia y Paz documentó 92 casos de violaciones a la libertad de expresión, en tres meses de cuarentena por los casos del nuevo coronavirus, entre el 16 de marzo y el 9 de junio de 2020. También registró 25 casos de vulneraciones al gremio de la salud.
Caracas. No se había cumplido el primer mes de cuarentena nacional y una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ya se llevaba detenido al periodista independiente Darvinson Rojas. A las 8:00 p. m. del 2 de abril una comisión se presentó en su casa porque el reportero había tuiteado algunas cifras de casos de la COVID-19 en Venezuela.
Rojas estuvo 12 días detenido en el comando de las FAES en Caricuao. Un día antes del arresto arbitrario publicó un total de casos de COVID-19, según información recopilada por los voceros del gobierno de Nicolás Maduro, gobernadores, alcaldes y periodistas. Fue excarcelado bajo una caución juratoria, que compromete al imputado a asistir cada vez que el tribunal considere que es necesario.
47 casos de #COVIDー19 confirmados por autoridades en Venezuela.
Comisión del régimen de Nicolás Maduro: 42 casos confirmados.
Casos adicionales confirmados por alcaldes y gobernadores: Cinco.Casos adicionales confirmados por periodistas: Tres. pic.twitter.com/YIR7cMDZAE
— Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) March 21, 2020
Según el informe Persecución política en tiempos de pandemia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), durante el primer trimestre de cuarentena se profundizaron los patrones de persecución y censura ya existentes. Entre el 16 de marzo y el 9 de junio documentaron 92 casos de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión, que además tiene como consecuencia que la población no tenga acceso a la información.
En estos casos destacaron 26 detenciones arbitrarias a reporteros o trabajadores de medios de comunicación. También registraron 17 casos de hostigamientos y amenazas, 13 casos de bloqueos y cierre de medios de comunicación y 10 casos de amenazas a reporteros mediante programas de televisión.
El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó pandemia por los casos de COVID-19, que fueron detectados inicialmente en Wuhan, China. En Venezuela se totalizaron 9465 contagios y 89 fallecidos, hasta el domingo 12 de julio.
Juan Carlos Mogollón, investigador de Cepaz, explicó que los patrones documentados en el informe no son nuevos, pero durante la pandemia se profundizaron con la intención de mantener el control social. El gobierno de Nicolás Maduro trata de regular la información, no solo de la COVID-19, también de la escasez de gasolina, agua, gas, insumos en los hospitales o protestas por deficiencia de los servicios en las zonas populares.
“Es una regulación extendida a cualquier tema que el Gobierno crea que afecte su imagen. Cuando quieren controlar todo eso el periodista es el objetivo directo del Gobierno, lo deben silenciar para mantener su imagen internacional de que Venezuela sí está preparada para asumir la pandemia”, dijo.
La periodista Mimi Arriaga fue detenida dos veces por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); la primera detención ocurrió el 19 de junio y la segunda el 7 de julio, los funcionarios alegaron que aún aparecía con orden de captura.
A la exempleada de Venevisión la acusaron de manejar cuentas anónimas de Twitter junto con su colega Marco Antoima. A ambos les otorgaron medidas sustitutivas de arresto domiciliario, prohibición de salida del país y prohibición de divulgar discursos que inciten al odio en medios de comunicación.
Muchos periodistas terminan con régimen de presentación y otras limitaciones, no les dan libertad plena. Hay detenciones que duran horas. Registramos también el cierre de emisoras que terminan con el decomiso de los equipos por los que nadie responde, pues Conatel regala esos equipos a otra emisora más afín al Estado y ya”, agregó Mogollón.
Cepaz registró 10 casos de amenazas por televisión —Zurda Konducta y Con el Mazo Dando— o redes sociales, nueve de decomiso de material o ruptura de los carnet. También siete casos de imposibilidad de seguir operando, seis de impedimento de circulación y cuatro de violación al derecho de la propiedad privada.
Solo en el mes de junio la organización Espacio Público documentó 28 casos, que suman 64 violaciones a la libertad de expresión. Las más frecuentes fueron la intimidación, amenazas y la censura. 15 detenciones fueron a periodistas que hacían coberturas de calle.
Amenazas al gremio de la salud con culminación de la carrera
La médico residente Sandra Sarta recibió amenazas de despido, luego de denunciar que no tenían insumos para enfrentar la pandemia de COVID-19 en Valle de la Pascua, estado Guárico. Médicos Unidos Venezuela denunció que le están violando su derecho al trabajo, en adecuadas condiciones laborales y al estudio. Presuntamente fue intimidada con expulsión, lo que implicaría que no podría culminar su especialización.
En tres meses de cuarentena, Cepaz registró 25 casos de violaciones a los derechos humanos al gremio de la salud. 14 personas fueron detenidas, seis recibieron amenazas y cinco páginas web fueron censuradas.
Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos por Venezuela, dijo que en los últimos dos meses el gobierno de Nicolás Maduro ha empleado un nuevo mecanismo que no habían visto anteriormente: obligar a trabajar a los médicos rurales sin protección, bajo la amenaza de expulsión o no firmar el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, requisito para ejercer la profesión en el país.
“…Cumplido lo establecido en este artículo el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social deberá otorgar al médico la constancia correspondiente”, culmina el artículo.
“En Valencia amenazaron a un grupo de médicos rurales en uno de los municipios de que si no trabajan sin insumos o protestan no les van a firmar el artículo y los van a botar”, dijo Lorenzo, durante la presentación del informe de Cepaz.
Juan Carlos Mogollón, investigador de Cepaz, explicó que el gobierno de Maduro ha radicalizado sus violaciones y presiones para evitar que se divulgue la situación real de los hospitales ante la pandemia del nuevo coronavirus y las cifras de contagios.
Hay unos efectos visibles que son las detenciones. Y se mantiene la criminalización con la atribución de delitos como incitación al odio y aunado a esto hay hostigamiento de los cuerpos de seguridad contra los familiares de los trabajadores de la salud”, explicó.
En el estado Monagas detuvieron a una adolescente, nieta de la enfermera Magaly Mendoza, quien posteriormente fue detenida por exigir insumos. Mogollón añadió que además el personal de salud tiene limitaciones para llegar a los centros asistenciales por el cierre de las vías o por las limitaciones para echar gasolina.
“A la crisis humanitaria, especialmente de salud, ya se le suma la crisis por los casos de COVID-19, no hay insumos, materiales y los efectos en la falla de servicios públicos como el agua y la electricidad tenemos un panorama sumamente complicado en los centros de salud”.
La escasez de insumos e implementos de bioseguridad para el gremio se refleja en las cifras de fallecidos, que ya suman 14. El viernes Médicos Unidos Venezuela confirmó cuatro muertes en las últimas 24 horas a causa de la COVID-19. Un médico y una enfermera en el estado Zulia, un doctor en Lara y otro en Bolívar.
La ONG registra, extraoficialmente, al menos 200 contagios en el personal de salud. El gobierno de Nicolás Maduro no ha dado una cifra oficial con respecto al gremio. También de manera extraoficial médicos y políticos han hablado de brotes en distintos hospitales del país.
Cepaz aseguró en el informe trimestral que el Estado ha usado el estado de alarma, decretado el 12 de marzo de 2020, como excusa para la vulneración sistemática de los derechos humanos de los venezolanos. Adicionalmente, documentaron 11 casos de violaciones a defensores y 56 a personas ligadas a la política.
El viernes 10 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que el estado de alarma se extendería por 30 días más por el incremento de contagios en el país.
Los patrones más recurrentes fueron los ataques a las viviendas con la “furia bolivariana” (45 casos), detenciones arbitrarias (55) y la censura (40).
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