Gobierno encargado depositó bono a 16.290 activistas de oposición en 2020 para defensa de la democracia

defensa de la democracia

Personal de salud y activistas políticos fueron priorizados por el gobierno encargado de Juan Guaidó para recibir bonificaciones en 2020. Los planes Héroes de la Salud y Defensa de la Democracia ejecutaron en conjunto $23,9 millones de los $61,6 autorizados por la OFAC. Para este año, Defensa de la Democracia solicitó $23,5 millones. Consejo de Administración del Gasto rindió cuentas ante la Delegada.

Caracas. Además del ya conocido plan Héroes de la Salud, que consistió en la transferencia de 100 dólares durante tres meses al personal hospitalario del país durante tres meses en 2020, el gobierno encargado de Juan Guaidó creó un plan similar de incentivo temporal destinado a los activistas de los partidos de oposición.

El proyecto denominado Defensa de la Democracia, incluido en el Fondo para la Liberación de Venezuela (que funge como presupuesto del gobierno encargado), sirvió para transferir una bonificación de entre 50 y 300 dólares mensuales por tres meses, a 16.290 militantes de los partidos representados en el Parlamento.

Las tareas de estos dirigentes de base eran fundamentalmente “actividades de formación, organización y apoyo al activismo ciudadano para restituir el orden constitucional, la defensa de los derechos humanos y la exigencia de elecciones libres, justas y transparentes”, de acuerdo con el proyecto del Fondo 2021, aprobado en abril de este año.

Un año antes, en abril de 2020, cuando el gobierno encargado anunció el pago de una bonificación especial al personal de salud que ocupaba la primera línea de atención de la pandemia, maestros y jubilados acudieron a la Asamblea Nacional para pedir ser incluidos en ese o en un plan similar. Aún están esperando respuesta.

Rendición de cuentas fuera de lapso

Los detalles sobre el plan para la Defensa de la Democracia no eran de conocimiento público, en cuanto a sus beneficiarios, funcionamiento y alcance, hasta este miércoles 21 de julio cuando el ingeniero Alejandro Plaz, comisionado presidencial para el Desarrollo Económico y coordinador del Consejo de Administración del Gasto del Gobierno Encargado de Juan Guaidó, presentó a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2016-2021 un balance de la gestión del presupuesto del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital correspondiente al año 2020.

Vale destacar que dicha rendición de cuentas se realizó fuera del lapso establecido en el artículo 244 de la Constitución, que indica que los ministros (en este caso los comisionados presidenciales) deben presentar una memoria razonada de su gestión en los primeros 60 días del año, es decir, a más tardar a comienzos de marzo.

El acto realizado de manera virtual vía Zoom, incluyó una presentación del secretario de la Comisión Delegada, una intervención de su presidente, Juan Guaidó, la exposición de Plaz y el derecho de palabra de tres diputados; pero no se abrió un espacio para preguntas de la prensa. Esto llevó a Crónica.Uno a consultar de forma independiente al comisionado Plaz este jueves 22 de julio. El intercambio vía mensajería de Whatsapp sirvió para aclarar dudas y profundizar en detalle sobre el plan para la Defensa de la Democracia.

Activismo para la defensa de la democracia
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Foto: Captura de pantalla

El plan para la Defensa de la Democracia apareció en las primeras versiones del presupuesto del Fondo para la Liberación de Venezuela entre febrero y abril de 2020, con una asignación de 4,5 millones de dólares; en una modificación realizada en julio de ese año desapareció; posteriormente, fue incluido de nuevo en septiembre, con un monto de 8,5 millones de dólares y, finalmente, la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos autorizó una licencia para su desembolso por 5.138.200 dólares, según precisó Alejandro Plaz a Crónica.Uno.

Según el proyecto de gastos 2021 presentado ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional el pasado 22 de abril, el plan de Defensa de la Democracia comprende “actividades de formación, organización y apoyo al activismo ciudadano para restituir el orden constitucional, la defensa de los derechos humanos y la exigencia de elecciones libres, justas y transparentes”. Hasta ayer eso era todo lo que se sabía del mismo.

Sin embargo, en su intervención ante la Delegada, Plaz aportó más detalles: “A través del proyecto Defensa de la Democracia logramos pagarles tres mensualidades durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 a 16.209 activistas sociales dispersados en todo el país. Líderes sociales que están apoyando en la educación, formación y activación de los venezolanos para la recuperación de la democracia”.

Agregó que el gobierno encargado realizó un total de 48.627 pagos por este concepto.

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Foto: Captura de pantalla

Cronica.Uno consultó con algunos activistas de oposición suscritos a partidos representados en la AN-2016-2021 y estos confirmaron haber recibido la bonificación. Sin embargo, a diferencia del bono Héroes de la Salud que se fijó en 100 dólares mensuales por tres meses para todos los registrados, el bono Defensa de la Democracia varió de una persona a otra. “En promedio ese bono era de 50 dólares al mes, pero algunas personas recibían un poco más, dependiendo de sus responsabilidades”, dijo una activista que pidió no revelar su nombre.

Preguntado sobre este punto, Plaz indicó que 16.000 activistas recibieron una bonificación de 50 dólares al mes por tres meses, y el resto, “integrantes de estructuras municipales y estadales, recibieron tres pagos de $150 y $300” cada uno.

Acotó que las estructuras municipales y regionales recibieron montos superiores a los activistas de base “para facilitar transporte y estadías fuera de sus casas (hotel y comidas) para que puedan hacer su labor organizativa en sus regiones y/o áreas de influencia”. La meta de este programa, indicó, sería alcanzar a 17.000 activistas para este año 2021.

Licencia Covax es la única aprobada en 2021

En el presupuesto del Fondo para la Liberación correspondiente a 2021, el plan para la Defensa de la Democracia no solo se mantiene, sino que aumentó a 23.496.400 dólares. No obstante, la licencia para esta y otras seis partidas del presupuesto aún no han sido aprobadas. Hasta la fecha de hoy, la OFAC solo ha aprobado una de las licencias solicitadas entre el 5 y el 7 de junio.

Se trata de la licencia para distribuir las vacunas contra la COVID-19: “El 28 de junio la OFAC aprobó una licencia por 27.615.000 dólares para apoyar a la OPS para distribuir y canalizar las vacunas contra el COVID-19 (sic) en Venezuela. Pero aún están pendientes las licencias del año 2020-2021”, dijo Plaz ayer ante la Delegada.

De hecho, el diputado Omar Barboza (UNT) preguntó sobre la ejecución del presupuesto del año 2021. El funcionario respondió que, si bien el presupuesto 2021 fue aprobado el 21 de abril pasado, el Consejo de Administración del Gasto presentó las solicitudes de licencia en junio por problemas operativos con el banco y firma de abogados contratados originalmente.

“Los días 5, 6 y 7 de junio introdujimos las nueve licencias para apoyar los nueve programas que tenemos en la comisión. Solo ha sido aprobada parcialmente la licencia de Covax, el 28 de junio, por 27.615.000 dólares para la distribución de vacunas. Las demás están en consideración”, indicó.

Alejandro Plaz agregó que a comienzos de julio el Consejo de Administración del Gasto viajó hasta Washington, donde se reunieron con la OFAC, el Departamento del Tesoro y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, a quienes además de presentar resultados de su gestión, transmitieron “la urgencia para que estas licencias, que se presentaron en junio, fueran aprobadas”.

En todo caso se mostró optimista de que el procedimiento avance en los próximos días y el Gobierno estadounidense posiblemente emita una licencia amplia que incluya todas las solicitadas, lo que permitiría iniciar la ejecución del presupuesto 2021.

Ejecución parcial del presupuesto 2020
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Foto: Captura de pantalla

Alejandro Plaz resaltó que del presupuesto de 80 millones de dólares aprobado por la Asamblea Nacional en febrero de 2020, la OFAC autorizó el 77 % de ese monto, es decir, 61,6 millones.

“Trabajamos con 61,6 millones de dólares autorizados, de ese monto se han ejecutado 59,3 millones que representan el 96 % de lo aprobado. Desde que se pidió la primera licencia, en julio de 2020, tomó casi seis meses hasta la aprobación de la última licencia en diciembre pasado”, dijo Plaz.

El presupuesto 2020 atendió nueve programas y hasta fecha se han ejecutado: Héroes de la Salud, por 18,8 millones de dólares; Donaciones a la Cruz Roja y la OPS, por 14 millones de dólares; Casos de Riesgo Vital (Madre María de San José), que ha ejecutado 3,7 millones de dólares; Defensa de la Democracia, por 4,7 millones; Asamblea Nacional, con 8,5 millones; Presidencia, 700.000 dólares; Asuntos Exteriores, con 4,6 millones; la Contraloría Especial con 400.000 dólares, y el Consejo de Administración del Gasto, con 3 millones de dólares, dijo Plaz.

En otras palabras, ni el presupuesto de 80 millones fue autorizado por la OFAC en su totalidad, ni el monto autorizado ha sido ejecutado al 100 % hasta la fecha.

En total, 63 % del presupuesto, es decir, 36,6 millones de dólares se destinaron a programas de asistencia humanitaria: Héroes de la Salud, OPS-CR y Casos de Riesgo Vital.

Héroes de la Salud y Madre María

Plaz ofreció detalles de la ejecución del Plan Héroes de la Salud. Dijo que de las 62.790 personas que se anotaron en la primera fase de registro, en la página creada por el gobierno encargado, un total de 61.613 se registró en plataforma Airtm y recibió el pago.

Los diputados Macario González y Karim Vera preguntaron específicamente sobre las personas que no llegaron a recibir el pago.

Plaz explicó que los requisitos que debían llenar los aspirantes a recibir el bono Héroes de la Salud fueron mucho más específicos que los que habitualmente pide la plataforma Airtm a sus usuarios regulares, lo cual, añadido a los problemas de Internet y otros problemas de uso de la tecnología, podría haber impedido a algunas personas completar el registro.

“Faltaron unos 800 individuos, de los cuales 500 no intentaron registrarse en Airtm. Puede ser que fueron hostigados, que no hayan querido hacerlo o hayan fallecido. Se montó un call center para ubicarlos, se hizo el mayor esfuerzo. Creo que ya a esta fecha es posible que ese dinero no se va a utilizar y sea devuelto a las cuentas del BCV”, señaló.

En total, los planes Héroes de la Salud y Defensa de la Democracia ejecutaron en conjunto $23,9 millones de los $61,6 autorizados por la OFAC para el año pasado.

La diputada Vera también preguntó sobre el desempeño del plan Madre María de San José. La esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, y la coordinadora del programa, Claudia Tirado, ofrecieron los principales datos (ya el pasado 2 de julio este programa presentó su informe anual públicamente).

Rosales indicó que se entregaron 264 ayudas: 30,1 % de los casos atendidos fueron enfermedades neoplásicas; 21,3 % cardiopatías; 13 % correcciones ortopédicas; 8,7 % quimioterapias y radioterapias contra el cáncer; 8,74 % trasplantes de órganos; 4.17 % enfermedades cerebrales y neurológicas; y el 14 % se destinó a donaciones de equipos ortopédicos.

“El plan comenzó el 1º de junio de 2020 y la licencia la recibimos en agosto de 2020 por 2.663.142,66 dólares. Fueron 264 ayudas y el promedio de cada ayuda fue de 10.087,66 dólares por solicitud”, dijo Tirado.

Mecanismo de pago eficiente

El Consejo de Administración del Gasto fue creado en marzo de 2020 por la Asamblea Nacional. El mismo está integrado por Alejandro Plaz, Yon Goicochea, Gustavo Marcano, Eva Hurtado y Fernando Javier Blasi. Sus funciones son:

Cooperar en el desarrollo del presupuesto del Fondo para la Liberación; gestionar y tramitar la aprobación del presupuesto del Fondo para la Liberación por parte de la Asamblea Nacional y, una vez aprobado, solicitar las licencias a la OFAC; desarrollar los mecanismos de pago, y ejecutar los pagos ordenados por los cuentadantes, explicó Alejandro Plaz.

El Consejo de Administración del Gasto se rige por las leyes venezolanas y las leyes estadounidenses, y sus procesos son vigilados por la Contraloría Especial del gobierno encargado y la OFAC.

El pasado 13 de abril, la Comisión Delegada autorizó la ampliación de funciones del Consejo “para abarcar una supervisión de la cooperación internacional, así como la ejecución del fondo de litigios”, destacó el funcionario.

Plaz resaltó que los mecanismos de pago desarrollados por el Consejo han sido altamente eficientes, como se demostró con los programas Héroes de la Salud y Defensa de la Democracia y, a raíz de ello, el Gobierno de Estados Unidos “está hablando de la posibilidad de canalizar recursos para la oposición dentro de Cuba utilizando un modelo quizá parecido al que hemos utilizado en Venezuela”.


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