Juan Guaidó presentó una propuesta a la Comisión Delegada de la AN (2016-2021) en la que plantea la designación de un nuevo gerente general provisional y crear una comisión que tendrá entre sus atribuciones contratar una empresa de talento humano para la selección de los aspirantes a los cargos directivos.
Caracas. Las peticiones de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN 2016-2021) de reestructurar la junta directiva de Monómeros Colombo Venezolanos S. A. fueron escuchadas este martes 5 de octubre por Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por una decena de países. El también presidente de la instancia parlamentaria ordenó contratar un nuevo gerente general y conformar una nueva directiva a través de una empresa de talento humano.
El 22 de septiembre los integrantes de la Comisión de Contraloría de la AN solicitaron a Guaidó el cambio inmediato de la junta directiva, luego de las irregularidades que expuso la Superintendencia de Sociedades colombiana sobre la empresa, entre las que destacan los problemas de liquidez que atraviesa desde agosto, el incumplimiento en los protocolos de transparencia y una larga lista de denuncias laborales.
Guaidó presentó un decreto y una propuesta este martes ante la Comisión Delegada de la AN en la que plantea la designación de un nuevo gerente general provisional y crear una comisión que tendrá estas atribuciones: definir el perfil profesional del gerente general y los cinco miembros de la junta directiva a ser aprobados por la AN, contratar una empresa de talento humano para la selección de los aspirantes a los cargos y por último presentar a la AN el conjunto de candidatos para decidir su contratación.
La gerencia general estaba a cargo de Guillermo Rodríguez Laprea, quien estuvo ocho meses en el cargo. La gerencia ha tenido una alta rotación desde que la oposición asumió el control de Monómeros en abril de 2019. En dos años y medio cuatro gerentes generales fueron contratados. La presidenta de la junta directiva, Carmen Elisa Hernández, renunció el 12 de septiembre al estar en desacuerdo con el manejo de la crisis con SuperSociedades. Otro miembro de la junta directiva, Luis Hurtado, renunció al cargo el 20 de septiembre.
En la sesión de este martes Juan Pablo Guanipa pidió el diferimiento de la discusión del punto asegurando que la fracción de Primero Justicia no tenía conocimiento de que se iba a presentar el tema y pidió que la votación fuese nominal.
El secretario de la Comisión Delegada, Wilfredo Febres anunció que el mecanismo de votación sería a través de mensajes y que luego la Secretaría daría los resultados. En primer lugar dijo que se había obtenido un resultado de 6 a 5 a favor de no diferir, luego dijo que el resultado había sido 6 a 4 a favor de no diferir.
Lo único que dijo Febres es que la fracción de Un Nuevo Tiempo se había abstenido. Como se había pedido una votación nominal, Juan Pablo Guanipa pidió que se dieran a conocer los nombres de los votantes. Esto no pasó.
Juan Guaidó dio por aprobado el decreto para designar a la comisión de restructuración de Monómeros. Juan Pablo Guanipa dijo que había que votar el decreto porque lo que se había votado era el diferimiento de la discusión del decreto. Guaidó dijo que no era necesario y la sesión continuó con el orden del día.
El 27 de septiembre el partido Primero Justicia (PJ) anunció en un comunicado que no participará en los mecanismos ideados por el gobierno interino de Juan Guaidó para manejar los bienes de la República en el exterior. El partido expuso que entre las razones de la decisión era que varias de las propuestas planteadas no eran escuchadas. PJ propone que los activos en el extranjero, que controla la oposición, sean administrados bajo la figura de un fideicomiso con actores independientes, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.
La ONG Transparencia Venezuela expuso en un comunicado que urge un cambio en la forma cómo se gestionan los recursos públicos, tanto en la administración de Nicolás Maduro como la de Guaidó, y pidió una investigación integral sobre las denuncias de manejos irregulares en los activos venezolanos.
La falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios– actuales y retirados– del Gobierno interino, y diversos reportajes, presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas, por parte del interinato que lidera Juan Guaidó, así como la ausencia de investigaciones parlamentarias conclusivas, de sanciones políticas o votos de censura para los señalados”, se lee en el texto de Transparencia.
La ONG cuestiona que ni el portal de la Asamblea Nacional ni el del gobierno interino reflejen información pública y datos de gestión. “No hay registro público de contratos autorizados por el Gobierno interino, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las presidenciales. Son deficientes respecto a oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos”.
Transparencia hizo un llamado de atención al gobierno interino advirtiendo que “la opacidad constituye un riesgo de posibles conflictos de interés, de discrecionalidad, de abuso y de corrupción. La opacidad es la negación de la rendición de cuentas y del respeto al sistema democrático, donde activos e intereses públicos no son propiedad de los gobernantes, quienes no pueden decidir libremente sobre ellos y deben responder a instituciones y a ciudadanos”.
“Los organismos públicos deben tener la capacidad y autoridad para controlar y proteger bienes públicos con transparencia y efectividad. El Gobierno interino debe entender la urgencia y necesidad que tiene el país de contar con un organismo de control, con capacidad para prevenir irregularidades. La falta de capacidad conlleva riesgos de corrupción y pérdidas por ineficiencias”, Transparencia Venezuela.
La organización señala que luego de más de dos años de gestionar recursos públicos, se debe encontrar mecanismos para rendir cuentas de calidad y divulgar la información pública superando el argumento de ´cuidar a los beneficiarios de represalias de Maduro o exponer los recursos a los acreedores´, para no revelar datos y detalles relevantes. “La opacidad por seguridad no se puede seguir usando, mientras no se ha fortalecido un sistema de contraloría independiente”.
Con información de Héctor Antolínez.
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