Las organizaciones Codhez, Mulier y Proyecto Mujeres revelaron un informe llamado: Cuerpos Vilipendiados en el que exponen la violencia basada en género y las condiciones de salud sexual y reproductiva de las mujeres en Maracaibo. La crisis económica y social del país, aunada a la pandemia ha dibujado un escenario crítico para las mujeres y niñas en salud mental.
Maracaibo. El alcance de la violencia basada en género en Venezuela atraviesa la cotidianidad de las mujeres y niñas, que batallan con un entramado de formas de sometimiento, marcado por la carga del cuidado familiar, la negación del placer y la autorrealización, las heridas de las crianzas violentas y, en general, con el sexismo que permea todas las relaciones sociales.
Así lo concluye el informe: Cuerpos Vilipendiados, publicado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Mulier y Proyecto Mujeres.
La investigación resalta cómo las condiciones de violencia estructural convergen con la Emergencia Humanitaria Compleja y los efectos de la pandemia de la COVID-19, dibujan un panorama especialmente crítico para las mujeres y niñas. Este estudio se fundamentó en entrevistas a mujeres que habitan en comunidades vulnerables de Maracaibo.
Las ONG hacen hincapié en la falta de políticas públicas del Estado para atender las necesidades de las mujeres y niñas ante la crisis y la violencia de género.
“Es importante que las agencias de la ONU, encargadas de la respuesta humanitaria, consideren la particular vulnerabilidad de las regiones, donde la crisis de servicios públicos y la falta de gestión gubernamental se ensaña de forma particular contra las mujeres”, reza el comunicado.
Adolescentes sin apoyo
Durante la investigación, las organizaciones zulianas encontraron un patrón que apunta a: “Las crianzas violentas y autoritarias como un factor de riesgo frente a las violencias de género; debido a que, en un intento por escapar de los abusos y malos tratos de madres, padres y/o cuidadores, las niñas y adolescentes se involucran en relaciones de noviazgo y conyugales que terminan reproduciendo nuevos ciclos de violencia”.
También se expone en el estudio que: “Lo más difícil para las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes cuya relación con madres, padres y/o cuidadoras está fracturada o incluso rota, es que, una vez inmersas en el ciclo de violencia conyugal, no cuentan con una red de apoyo ni con la independencia económica para escapar y lograr autonomía por sus propios medios”.
Necesidades de mujeres y niñas son las últimas en la lista
La Emergencia Humanitaria Compleja y la pandemia han ensanchado las brechas de desigualdad en salud, en tanto las mujeres de bajos recursos e integrantes de colectivos y territorios vulnerables enfrentan más obstáculos para acceder a servicios relacionados con la salud.
“Esas condiciones se interceptan además con situaciones de violencia de género y con cargas estereotipadas (como la doble jornada laboral o la ética del autodescuido), que se convierten en otro factor de riesgo importante para la salud física y mental de las mujeres”, detallan las organizaciones.
En el informe se indica que: “Los eventos inesperados, como diagnósticos o síntomas que amenazan su calidad de vida, representan otro elemento de estrés acumulado en la vida de estas mujeres que, en un número significativo de casos, afirmaron que tienden a descuidar los tratamientos, o sencillamente a no tratarse debido a factores diversos, desde darle prioridad a la alimentación del hogar, hasta la desesperanza.
En el ámbito doméstico, la mayoría de las participantes de este estudio sigue arraigada a papeles de género orientados a modelos de cuidado y protección de la familia. “Pierden autonomía porque se sienten llamadas a cuidar de otros para darle sentido e importancia a sus vidas”, apunta el informe.
“Él me dijo: ‘Si no me dais un hijo, te dejo”
Las experiencias recopiladas en la investigación revelan que las mujeres empiezan a ejercer su sexualidad desde muy temprano en la adolescencia, bajo un desconocimiento pleno de sus cuerpos, en relaciones en las que se manifiestan drásticas desigualdades de poder, especialmente, al involucrarse con adultos y debido a sus propias condiciones de vulnerabilidad individuales y estructurales.
Tuve a mi hija de 18 años de edad y allí me cuidé pues. Me cuidé para no tener hijos hasta que él se dio cuenta que yo tomaba anticonceptivos escondida y él dijo: ‘Si no me dais un hijo, te dejo’. Pero como uno es así cuando está enamorado, le da el hijo para que no se vaya del lado de uno”, reveló una de las mujeres encuetadas.
Con respecto al acceso a atención, servicios e insumos para la salud sexual y reproductiva, para la mayoría de las entrevistadas, la atención ginecológica está fuera de su alcance ya que los hospitales y centros de salud públicos a los que tienen acceso no cuentan con el personal y ni los recursos necesarios para prestar este servicio.
A los centros de salud privados, tampoco pueden acceder debido a los altos costos de los servicios.
Las únicas participantes que afirmaron haber recibido algún tipo de servicio ginecológico o de planificación familiar en el último año fueron atendidas por organizaciones de la sociedad civil como Azul Positivo. Lo expuesto por las entrevistadas también reflejó las limitaciones para el acceso a métodos anticonceptivos, especialmente los de tipo hormonal y de larga duración, los cuales han experimentado un aumento de precios exponencial en los últimos años.
Obstáculos en el acceso a la justicia
Del trabajo directo con las sobrevivientes de violencia en el Zulia realizado por la organización Mulier durante 2020, se documentaron datos que revelan que 50% de las mujeres atendidas son violadas por sus parejas, mientras que en11% de los casos, los agresores poseen o tienen acceso a armas de fuego, lo que puede estar relacionado con su pertenencia a cuerpos de seguridad del Estado o similares.
69% de las mujeres atendidas no ha denunciado la violencia de la que han sido objeto, y solo 31% de los casos ha sido presentado ante la justicia a través de la denuncia correspondiente.
“De los casos denunciados, resulta alarmante que solo 16% de ellos ha sido tramitado hasta la finalización del procedimiento. 84% de los casos aún están proceso, con dilaciones indebidas. Agotando y desgastando a las víctimas que intentan dar seguimiento a sus denuncias, y que acuden a los órganos de justicia buscando ayuda y protección. Es imposible determinar cuántos de ellos obtendrán un acto conclusivo y la justicia esperada”, destacan las organizaciones.
El estado actual de la economía en el país implica para las denunciantes una exigencia de 30 dólares para copias del expediente, y 30 dólares para notificar. Además, de asumir el costo de hojas, impresiones y demás gastos relacionados con el proceso legal que, en muchos casos, son insostenibles en un país donde el ingreso mínimo es equivalente a 3 dólares.
Derechos impostergables
Codhez, Mulier y Proyecto Mujeres exhortan al Estado a respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos que implican reconocerlas como ciudadanas plenas y no como seres que existen solo con fines reproductivos.
Además, instan a garantizarles la justicia gratuita, accesible, imparcial e idónea que promete la Constitución para incentivar la denuncia sin que teman que el trámite judicial signifique un proceso de revictimización.
Ambas exigencias deben ir encaminadas en desarrollar políticas públicas para la atención de la violencia basada en género que involucren y comprometan a todos los actores que intervienen en los procesos de prevención, atención, persecución penal y reparación de la violencia machista.
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