El director de la organización, José Miguel Vivanco, indicó que el Ejecutivo “se ha esmerado más en negar que existe una crisis humanitaria, que en resolverla”.
Caracas. La ONG Human Rights Watch publicó un informe en el que asevera que el Gobierno de Venezuela “ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país”.
El texto, de 82 páginas, se titula: Crisis humanitaria en Venezuela: La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos. Y en él se señala que los “gobiernos regionales deberían ejercer presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro para que adopte medidas inmediatas que aborden adecuadamente la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país, incluyendo la búsqueda de alternativas para obtener mayor asistencia internacional”.
El informe documenta los problemas de abastecimiento de insumos básicos en el territorio venezolano y critica las acciones del Ejecutivo para abordar la problemática, por considerar que las gestiones para conseguir ayuda humanitaria internacional son “limitadas” y que se ha “intimidado y castigado” a críticos de las políticas como profesionales de la salud, defensores de Derechos Humanos y ciudadanos de a pie.
“El gobierno venezolano se ha esmerado más en negar que existe una crisis humanitaria, que en trabajar para resolverla”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Su inacción ha contribuido al sufrimiento de muchísimos venezolanos, para quienes es muy difícil obtener acceso a atención de salud básica y a una nutrición adecuada”, agregó.
Acusaciones sin pruebas
En el documento también se hace hincapié en que en las veces que algún funcionario del Ejecutivo ha admitido que existe algún tipo de crisis, esta es atribuida a una “guerra económica” que estaría liderada por la oposición, el empresariado y Gobiernos extranjeros. “El gobierno no ha aportado evidencias para sustentar estos señalamientos”, enfatizaron.
HRW explicó que entrevistó a más de 100 personas sobre la situación humanitaria en junio de 2016 en Caracas y en seis estados —Aragua, Carabobo, Lara, Táchira, Trujillo y Zulia— y realizó encuestas de seguimiento por teléfono y otros medios. Representantes de la ONG visitaron ocho hospitales públicos, un centro de salud en la frontera con Colombia y una fundación que brinda atención de salud: “Human Rights Watch entrevistó a personas que hacían colas en varios lugares para intentar comprar productos sujetos a control de precios, así como a proveedores de la salud, personas que procuraban recibir atención médica, personas que habían sido detenidas en relación con protestas por el desabastecimiento, defensores de derechos humanos y expertos en salud pública”.
La organización se refirió a la situación provocada en el país por el desabastecimiento de insumos médicos: “Diversos médicos y pacientes sostuvieron que existe una grave escasez en el país —y, en algunos casos, un desabastecimiento total— de medicamentos básicos como antibióticos y analgésicos. Entre los insumos que faltaban o escaseaban en hospitales públicos se incluían guantes estériles, gaza y alcohol de uso médico”.
[irp posts=”37619″ name=”Provea: A partir del 20-O, Gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura”]La ONG desarrolló aún más el drama que viven los venezolanos con los medicamentos: “Usualmente, las personas con urgencias o que presentaban condiciones de salud crónicas, como cáncer, hipertensión, diabetes y epilepsia, así como pacientes con trasplantes de órganos, describieron las dificultades que enfrentaron para encontrar medicamentos básicos. Los medicamentos a menudo no están disponibles en farmacias públicas ni privadas, si se compran en el extranjero tienen un costo prohibitivo, y en el mercado negro no se consiguen o tienen un precio tan elevado que resultan prácticamente inaccesibles. Además, no existe ninguna garantía de la calidad de aquellas medicinas que se consiguen en el mercado negro”.
La organización internacional también se refirió a algunas cifras oficiales: “La tasa de mortalidad materna informada por el Ministerio de Salud venezolano para los primeros cinco meses de 2016 fue un 79 por ciento más elevada que la indicada en las estadísticas oficiales disponibles más recientes, correspondientes a 2009. La tasa de mortalidad infantil de 2016 fue un 45 por ciento más alta que la de 2013. Varios profesionales de la salud dijeron a Human Rights Watch que la escasez de productos médicos y las condiciones insalubres en las salas de parto de los hospitales son factores que contribuyen considerablemente a esas estadísticas”.
Asimismo, en el informe se refleja la realidad de las largas colas para comprar alimentos y otros productos básicos. “[HRW] comprobó que muchos venezolanos tienen cada vez mayores dificultades para tener una alimentación adecuada, sobre todo aquellas familias con ingresos bajos o medios que dependen de productos sujetos a controles de precios establecidos por el Gobierno. En algunos mercados hay alimentos e incluso artículos de lujo, pero se venden a precios que muchas personas no pueden pagar”.
La ONG alertó que existen diversos académicos de salud pública que han asociado la inseguridad alimentaria en distintos países latinoamericanos con graves problemas de salud física y mental entre adultos, y escaso crecimiento y desarrollo socioemocional y cognitivo en niños. “En Venezuela, varios médicos, representantes de distintas comunidades y padres manifestaron a Human Rights Watch que estaban comenzando a advertir síntomas de malnutrición, especialmente en niños”.
Agregaron que el discurso oficial acerca de la existencia de una “guerra económica” le ha servido al Ejecutivo para intentar justificar el empleo de “tácticas autoritarias” para intimidar y castigar a críticos.
“El gobierno ha arremetido contra profesionales médicos que expresaron su preocupación por la situación de escasez, amenazándolos con apartarlos de sus cargos en hospitales públicos. También ha amenazado con interrumpir el financiamiento internacional de organizaciones de derechos humanos. Y ha respondido tanto a marchas organizadas como a manifestaciones espontáneas por la escasez con violentas golpizas, detenciones y prohibiciones injustificables a participar en protestas. Algunas personas han sido juzgadas en tribunales militares, lo cual constituye una violación de su derecho a un juicio justo”.
Llamaron a la comunidad internacional a ejercer un papel más activo en la situación venezolana. “Sin una firme presión internacional, sobre todo de la región, es altamente improbable que el gobierno de Maduro tome medidas para enfrentar la crisis humanitaria que sufre Venezuela, y, tal caso, sus gravísimas consecuencias sólo se agravarán”, manifestó Vivanco.
Foto cortesía: HRW
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