Beatriz Salas, madre del buzo profesional, tiene casi 1000 días sin conocer noticias de su hijo que participó en importantes búsquedas de siniestros aéreos y quien se presume tenía información del accidente donde murió el hijo del diputado Miguel Pérez Abad.
Caracas. ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con mi hijo? Son las preguntas recurrentes de Beatriz Salas, madre de Hugo Enrique Marino Salas. Este viernes 14 de enero el buzo profesional cumple 1000 días desaparecido, sin que las autoridades venezolanas le den respuesta de una investigación a su familia.
Al mediodía del 20 de abril de 2019 fue cuando Beatriz Salas escuchó la voz de su hijo, de 56 años, por última vez: “Ya en Caracas mamá, todo bien”. Hugo viajó de Miami a Caracas para ir a su oficina y a su casa “a darle una vuelta”, en vista de que tenía al menos seis meses fuera.
Beatriz presume que su hijo fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Aunque no pudo confirmarlo, un funcionario allegado a la familia les informó que Hugo estaba en la sede de Boleíta y que, presuntamente, la orden era mantenerlo bien escondido. Sin embargo, los efectivos siempre negaron su presencia ahí a la familia.
Entre el 2000 y el 2019, año en que desapareció Hugo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) registró 201 casos de desapariciones forzadas, casi en su totalidad impunes.
En los últimos tres años destacaron el incremento de personas que fueron detenidas y posteriormente sometidas a largos períodos de incomunicación, en los que familiares, abogados o activistas de los derechos humanos desconocían el paradero de los afectados.
En más de dos años y nueve meses no hay noticias ni rastro del buzo, especializado en rastreos acuáticos. Beatriz asegura que formalizaron las denuncias en el Ministerio Público, en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y en la Defensoría del Pueblo y aún así no se ha iniciado averiguaciones para conocer qué pasó con Hugo.
Pocos familiares en Caracas han podido ayudar a Beatriz, quien vive fuera de Venezuela, porque tiene una familia pequeña. Allegados a Hugo intentaron buscar información de su paradero pero tuvieron miedo por su integridad física y se alejaron del caso.
En Venezuela hacer justicia es muy difícil, pero no pierdo la fe, yo tengo que saber qué pasó con mi hijo, estamos hablando de criminales delincuentes, no me voy a quedar tranquila, no me voy a cansar. Yo no solo perdí a mi hijo, perdí a mi compañero”.
Hugo vive en Miami desde hace seis años. Emigró para darle una mejor calidad de vida a sus dos hijos, quienes actualmente tienen 21 y 10 años. Con él se fueron su madre Beatriz y su padre, quien ya falleció.
En el 2021 se registró la desaparición de 1634 personas en Venezuela, de acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Cada día del año los familiares denunciaron la desaparición de 4,4 personas, según las estimaciones de la organización no gubernamental.
El OVV considera que aumentó la cifra de personas desaparecidas en el país y que es un fenómeno creciente. Además detallaron que en América Latina las desapariciones sí significan muerte, o la voluntad del crimen organizado en ocultar las violencia y no llamar la atención. Pero también podría tratarse de una forma que encuentra la policía o los gobiernos para censurar.
Hugo Marino no era político
Hugo Marino Salas es director de la empresa Servicios Electrónicos Acuáticos (SEA), que participó en destacadas búsquedas de aeronaves siniestradas. Entre las operaciones más relevantes está la del empresario de la moda italiana Vittorio Missoni, su esposa y dos amigos de la pareja, en Los Roques en el año 2013.
El 19 de agosto de 2017, cuando se conoció que Miguel Pérez, hijo del exministro de Comercio Exterior y diputado, Miguel Pérez Abad, había fallecido en un accidente aéreo, Hugo Marino se interesó en la investigación. En el avión YV-3191 también viajaban el empresario Luis Picardi, Juvencio Carvajal, Nelson Bejarano y Joan Marreno.
Beatriz Salas recuerda que un domingo, en su casa, escuchó a su hijo conversar por teléfono con Miguel Pérez Abad, actualmente diputado de la Asamblea Nacional (2021-2025), reciente al siniestro.
“Hace como 15 o 20 días Pérez Abad me respondió todos los mensajes que le envié en Twitter. Me dijo que sí habló con mi hijo dos veces por cuestiones por el siniestro donde falleció su hijo, pero no me dijo más nada”, contó.
Hugo también había escrito a Pérez Abad a través de su cuenta personal de Twitter, para indicarle que tenía información “de su más profundo interés”.
La madre lleva una campaña por su cuenta de Twitter, en la que diariamente menciona a los usuarios de altos funcionarios del Estado pidiéndoles una investigación y preguntándoles dónde está su hijo. Beatriz denunció que Tarek William Saab la bloqueó en la red social sin responder a sus peticiones.
“Yo a lo mejor no voy a encontrar a mi hijo, pero no los voy a dejar en paz porque tengo que saber qué hicieron, es muy difícil, no he dejado un solo día de buscarlo. A lo mejor ya mi hijo no está pero yo tengo que saberlo”.
Douglas Rico- @DouglasRicoVzla Quisiera preguntarle si después de 998 días podrá investigar la desaparición de Hugo Marino q el DGCIM desapareció o todavía tengo q esperar para q atienda mi denuncia y me informe dónde está mi hijo o q le hicieron cumpla con su deber respóndame pic.twitter.com/BZIqnue8uq
— Beatriz (@bsmarinos) January 12, 2022
Beatriz asegura que su hijo no era político ni tampoco tenía algún nexo importante con algún funcionario del Estado venezolano, más que su trabajo en las labores de búsqueda. Lo único que menciona, y que le parece lo más cercano a la desaparición de Hugo, fue la investigación del siniestro aéreo del hijo de Pérez Abad. “Mucha gente dice que él tenía el informe”.
En los informes acerca de Venezuela presentados por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2020 y 2021, se mencionó el caso de Hugo.
“Sus familiares no han recibido respuesta a las solicitudes de habeas corpus presentadas en julio y mayo de 2019, respectivamente, y su paradero sigue siendo desconocido”, dice el informe, que también hace referencia a la desaparición del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, en septiembre de 2018.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al buzo y exigió al Estado venezolano que informara si él se encuentra bajo custodia del Estado.
#Venezuela Atención: A solicitud de @caslainstitute, @CIDH otorga Medidas Cautelares para HUGO ENRIQUE MARINO SALAS, quien fue retenido x el #DGCIM el 20 de Abril y a día de hoy, no se sabe donde está ni como se encuentra. La CIDH exige al Estado adoptar medidas para proteger pic.twitter.com/XQ8LYv3KBz
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) October 25, 2019
También el canciller de Italia Benedetto Della Vedova reconoció la desaparición de Hugo, quien es italovenezolano. Según una publicación de la abogada Tamara Suju, la respuesta que obtuvo del Estado es que Hugo no estaba en cárceles comunes.
Desapariciones forzadas en Venezuela
Marino Alvarado, coordinador de investigaciones de Provea, explicó que las desapariciones forzadas tienen como presuntos responsables a funcionarios del Estado o a particulares que puedan actuar con complacencia del Estado y no dan ningún tipo de información a los familiares. Esta es la diferencia de otros tipos de desapariciones
El informe 25 años de Ejecuciones Extrajudiciales, de Provea, indica que en 2020 la cifra de desapariciones aumentó a 203. En la investigación aseguran que la población fue sometida a graves violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, suficientes para que la Fiscalía de la Corte Penal y la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela considere que en el país se podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2017.
Entre los casos más relevantes de desapariciones forzadas en Venezuela está el caso de Alcedo Mora, activista popular de izquierda y vocero del Secretariado de Colectivos de Mérida. Fue visto por última vez el 27 de febrero de 2015 cuando salió a su trabajo, como asistente del secretario de la gobernación del estado, Luis Martínez.
Según datos de Provea, que ha documentado lo sucedido, presuntamente Mora tenía una orden de captura que ejecutaría el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Dos días después desaparecieron dos compañeros de él, los hermanos Jesús y Eliécer Vergel.
El diputado Gilber Caro (2016-2021) fue víctima de desaparición forzada en tres oportunidades. La primera vez fue el 11 de enero de 2017, nueve días después se supo de su ubicación. Posteriormente, el 26 de abril de 2019 fue arrestado por el Sebin en La Mercedes y durante 34 días sus familiares y abogados no tuvieron noticias oficiales de él.
La tercera vez fue el 20 de diciembre de 2019, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) lo detuvieron en El Paraíso. A Caro lo habían excarcelado en junio de ese año.
Más reciente se ha documentado la desaparición de Carlos Lanz Rodríguez. El sociólogo y escritor de izquierda, de 76 años de edad, fue visto por última vez el 8 de agosto de 2020. Y 20 días después el Ministerio Público anunció que le solicitó a la Organización de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) que se emitiera una alerta amarilla para localizar al exguerrillero.
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