Un comunicado de Conindustria difundido este 19 de octubre señala que durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal, se ha ido incrementando la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en la Constitución.
Caracas. Distintos sectores del país rechazan la “ley antibloqueo” que aprobó Nicolás Maduro el 8 de octubre a través de la Asamblea Constituyente (ANC). En siete años en el poder, el mandatario ha prorrogado estados de excepción para sacar a Venezuela de la pobreza. Sin embargo, la aprobación de recursos y decretos no han servido para dejar atrás la recesión, de hecho, el Fondo Monetario Internacional calcula que el producto interno bruto se contraiga 25 % este año.
Industriales y comerciantes no ven en esta nueva ley una vía para recuperar la actividad económica, reducida en 80 % entre 2013 y 2020. La inestabilidad política, económica y social alejó a los inversionistas. Hoy Venezuela es uno de los países más pobres de la región con una producción petrolera llevada a mínimos (360.000 barriles diarios).
El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Adán Celis, dice en entrevista a Crónica.Uno que esta ley promueve la opacidad en las transacciones. A su juicio estas deben darse con la mayor transparencia posible. Además, advierte que otorga superpoderes al Ejecutivo para tomar decisiones que quedarían al margen de la Constitución.
El artículo 28. refiere “la sustitución selectiva de importaciones”. Desde el año pasado los industriales alertan que la política de las autoridades privilegia la importación de productos terminados y arroja la producción nacional a un entorno de desventaja, en ese sentido, Celis explica que para lograr esa sustitución no se tiene que crear una ley nueva. La propia Conindustria hizo un estudio sobre los aranceles que debían estimarse y que asegura entregaron a MinComercio.
El problema es su procedencia. La ANC no está hecha para hacer leyes, está hecha para hacer una Constitución”, manifiesta Adán Celis, presidente de Conindustria.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) expresó la semana pasada que esta ley resuelve algunos problemas del Ejecutivo por las sanciones que enfrenta de otros países, pero no los que sufre la población.
La máxima asociación de comerciantes recordó que en el país la gente está afectada por la falta de gasolina, la pérdida de poder adquisitivo o las constantes fallas en los servicios de agua y electricidad.
Un comunicado de Conindustria difundido este lunes 19 de octubre señala que durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal, se ha ido incrementando la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en la carta magna.
Los industriales aseguran que la discrecionalidad se impone en esta ley, que “confiere a las autoridades facultades muy superiores a las ya adjudicadas por vía de estado de excepción por emergencia económica”.
El gobierno Chávez-Maduro ha mantenido un discurso de enfrentamiento con el sector empresarial. De acuerdo con el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, hasta el año pasado el número de empresas expropiadas en los últimos 20 años se acercaba a las 5500, entre nacionales y extranjeras.
La pandemia agudizó los problemas que ya enfrentaban las industrias, comercios y pequeñas y grandes empresas en el país. Una vez más el Estado demostró que las decisiones se toman de manera unilateral y las recomendaciones del sector para reactivar la economía no fueron tomadas en cuenta. Conindustria calculaba antes de la cuarentena la pérdida de 800 empresas industriales al cierre de este año, pese a que no tienen una cifra actualizada consideran que esta podría ser mayor.
La ley antibloqueo también permite la privatización de empresas mixtas o estatales en manos del Estado. Celis recuerda que ya hay instrumentos para hacer esto de forma transparente, como la Ley de Licitaciones. “Hay cerca de 800 empresas en manos del Estado de las cuales muchas han sido expropiadas, otras expoliadas, y están las que ya pertenecían al Estado, estas empresas se consumen 8 % del presupuesto nacional”.
El escenario para este año atravesado por la crisis de salud causada por la COVID-19 no es favorable para el sector. Conindustria sostiene que las medidas de confinamiento no propiciaron la recuperación. “Es una mezcla de pandemia con malas políticas”.
Más inequidad para las empresas
Juan Pablo Olalquiaga, vicepresidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), explica que las empresas privadas que quedan en el país pueden enfrentarse a regulaciones necesarias para la operatividad que sean distintas o desconocidas y terminen por quebrarlas al operar en condiciones desleales. “Los que existimos en el sector privado estaríamos expuestos a condiciones inequitativas”, dice.
Por otro lado, Olalquiaga pone como ejemplo que Cantv sea vendida y que nadie conozca bajo qué acuerdos. La ley consiente llevar una contabilidad paralela, donde estos fondos entrarían en ese sistema opaco. “Cuando estos fondos entran esto debe hacerse a través de la Ley de Presupuesto, pero esta ley busca que sean utilizados discrecionalmente por el Ejecutivo, en una tesorería paralela que no rinda cuentas al Estado sobre la venta de bienes públicos, entonces no se sabrá a dónde van los ingresos”, advierte.