Estados Unidos confirmó que protección de las acciones de Citgo está atada a la vigencia del gobierno encargado, y que será revisada en el primer semestre de 2022. El presidente de Colombia abogó por mantener sanciones y presión a Miraflores, mientras SuperSociedades prosigue control de Monómeros. La delegación oficialista en México acusó a la oposición de incumplir compromiso para acordar mecanismos de recuperación de activos.
Caracas. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han comenzado la cuenta regresiva para la revisión de sus políticas de acompañamiento a la oposición liderada por Juan Guaidó en sus intentos por salvaguardar los activos venezolanos en el exterior del alcance de Nicolás Maduro. Entre ellos, Citgo y Monómeros, aunque el oro en Londres también podría entrar en ese countdown.
Luego de que el pasado 6 de septiembre la Superintendencia de Sociedades de Colombia decretara una medida de control sobre Monómeros que permite al gobierno supervisar in situ el desempeño administrativo de la empresa, esta semana la Oficina Nacional de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) admitió que el gobierno de Joe Biden iniciará una revisión de sus políticas de protección de Citgo en el primer semestre de 2022, después de la extinción de la prórroga del mandato de la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó.
La representación de Nicolás Maduro en la mesa de negociaciones en México literalmente “puso el grito en el cielo” y este viernes emitió un comunicado en el que acusa a la oposición sentada en la mesa de intentar “desconocer los acuerdos alcanzados” e intentar “desentenderse de los temas que competen al rescate de activos de la república”. Citgo y Monómeros en primer lugar.
EE. UU. tiene claro el día D
El caso de Citgo, envuelta en varios procesos legales como consecuencia de decisiones inconstitucionales tomadas por los gobiernos de Hugo Chávez (expropiación sin indemnización de Crystallex) y Nicolás Maduro (puesta de acciones de Citgo en garantía para tenedores del Bono 2020 y Rosnetf), el Gobierno de los Estados Unidos emitió en 2019 una medida que ha impedido desde entonces a los acreedores tomar posesión de sus acciones.
Pero eso podría cambiar en el primer semestre de 2022, según se desprende de una comunicación (revelada por la agencia Reuters) enviada por la directora de la OFAC, Andrea Gacki, al asistente del fiscal general de Estados Unidos, Ethan Davis, en la que informa que la solicitud de la minera canadiense Crystallex para que la OFAC autorice la venta de las acciones de Citgo es improcedente porque “de momento sería inconsistente con los intereses de la política exterior estadounidense”. Pero aclara que la decisión podría ser “reconsiderada en el futuro” si cambian las consideraciones de política exterior.
Y aunque la oposición ligada a Guaidó se resiste a discutir abiertamente sobre el inminente fin del gobierno encargado y qué hacer a partir de allí, la realidad es que el cambio en las consideraciones de la política exterior estadounidense estaría atado a la vigencia del gobierno encargado y de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2016-2021, que, de acuerdo con la reforma del Estatuto para la Transición, vencen el próximo 5 de enero de 2022; y también al proceso de negociaciones en México, donde se discutirían, entre otros temas, el destino de Citgo y Monómeros.
“Si bien Departamento de Estado advierte que la situación en Venezuela es particularmente sensible en este momento, también entiende que el mandato de la Asamblea Nacional culmina en enero de 2022, cuando el período de la Asamblea Nacional, última institución electa democráticamente en Venezuela, expira luego de una extensión de 12 meses a su mandato”, dice Gacki.
Señala que adicionalmente hay un proceso de “negociaciones entre la oposición democrática unificada, liderada por el presidente interino Guaidó, y el régimen de Maduro con respecto al futuro de Venezuela” y que “Estados Unidos reevaluará si la venta de acciones de Citgo es consistente con su política exterior, según evolucione la situación en Venezuela”, cosa que ese gobierno prevé hacer “durante la primera mitad de 2022 según las circunstancias”.
Incluso la protección del oro de las reservas internacionales depositado en Londres podría entrar también en esta cuenta regresiva, pues el Reino Unido reconoce a Guaidó como presidente interino, pero ese país no ha dicho aún qué hará luego del 5 de enero de 2022.
Los cálculos de Colombia
En el caso de Monómeros, más allá de las denuncias de presuntos hechos irregulares y problemas de flujo de caja, la crisis se desató porque en agosto pasado Nicolás Maduro dijo que en el marco de las negociaciones en México pediría la devolución de la empresa a su gobierno. Este solo anuncio provocó una ruptura de relaciones casi instantánea de los socios comerciales con Monómeros ante el temor de que la empresa regresara al control madurista.
La respuesta del Gobierno colombiano no se hizo esperar y SuperSociedades intervino de inmediato porque los tres escenarios más inminentes son de terror para ese país: el quiebre financiero de la empresa, por la estampida de sus socios comerciales; el retorno al control madurista, que por años usó la compañía como caja chica e instrumento para beneficiar a empresas específicas; o su liquidación por parte de Miraflores para obtener algo de liquidez en medio de las sanciones a sus operaciones comerciales, tal como ocurrió con Refidomsa y Alunasa.
Cualquiera de esos escenarios sería un duro golpe para la economía agrícola y la seguridad alimentaria del país vecino, donde Monómeros suministra 40 % de los fertilizantes del sector agropecuario y cubre cerca de 70 % de la demanda de los sectores de café, papa y palmas.
Desde Madrid, el presidente de Colombia, Iván Duque, instó este jueves a la comunidad internacional a no flexibilizar las sanciones contra la administración de Maduro: “No creo que se pueda aflojar en ninguno de los mecanismos de presión, porque claramente estamos ante una dictadura que (…) es oprobiosa, es destructiva”.
Citgo y Monómeros hasta enero
El abogado constitucionalista y exprocurador especial del gobierno encargado José Ignacio Hernández enfatiza que si bien las sanciones no se dictaron inicialmente con el propósito de proteger los activos (Citgo y Monómeros, entre otros) sino de presionar a Maduro, en 2019 la insurgencia del gobierno encargado llevó a un reajuste de los objetivos. De hecho, por eso se levantó la sanción sobre Monómeros en junio de 2019 y Guaidó pudo tomar control efectivo sobre ella.
“El reconocimiento del gobierno interino llevó a proteger activos como medio para proteger al gobierno interino y la transición. Pero si el gobierno interino desaparece el 5 de enero de 2022, entonces, Estados Unidos podría cambiar la política otorgando licencias o no extendiendo licencias, según sea el caso. Esto puede tardar semanas o meses. Pero si la política cambia, creo que para mediados del 2022 las medidas de protección podrían decaer”, advierte Hernández.
Sostiene que el mismo riesgo recae sobre Monómeros, porque “Maduro puede retomar control el 6 de enero de 2022, algo que creo que el Gobierno de Colombia no permitiría”.
Un experto petrolero consultado por Crónica.Uno y que pidió no revelar su nombre, coincidió con Hernández y agregó que la medida de Colombia sobre Monómeros también está de alguna manera impulsada por la inminente extinción de la prórroga del mandato del gobierno interino, lo cual empuja a Colombia a intentar preservar la empresa más allá del desenvolvimiento de la crisis venezolana, por su importancia para la economía interna.
La situación de Monómeros se agrava porque no hay unidad en el G4 frente a la mejor política a seguir para salvaguardar la compañía. Una posición mantienen Juan Guaidó, el equipo que integra el gobierno encargado y Voluntad Popular, y otra completamente opuesta AD, UNT y PJ. Incluso PJ propuso la creación de un fideicomiso administrado por organismos internacionales para el resguardo de todos los activos en el exterior.
De cualquier manera, es relevante recordar que el gobierno encargado sobrevive porque, al ser reconocido como tal por Estados Unidos, tiene acceso a recursos bloqueados en ese país, a través del Fondo para la Liberación de Venezuela. Ese Fondo destina recursos para el funcionamiento de la presidencia encargada y sus dependencias y se alimenta de recursos controlados por la OFAC a los que el gobierno encargado accede mediante estrictas licencias.
El grito en el cielo
Entretanto, este viernes la representación de Nicolás Maduro en la mesa de negociaciones en México acusó a la oposición de “sabotear, condicionar y evadir los compromisos establecidos en el Memorando de Entendimiento, tratando de desentenderse de los temas que competen al rescate del patrimonio, recursos y activos pertenecientes a la república”. Entre ellos, Citgo y Monómeros.
Según la delegación de Maduro, la declaración de la OFAC sobre las acciones de Citgo, la decisión de SuperSociedades sobre Monómeros y las posturas públicas de VP y PJ sobre los activos en el exterior “revelan una feroz pugna de grupos e intereses por el control de ambas empresas y la intención de desnacionalizar estos activos o de asignárselos a poderes extranjeros”.
La delegación oficialista advierte que su participación en las negociaciones tiene como “fin fundamental” restaurar los derechos de Venezuela al manejo soberano de su patrimonio, recursos y activos y, en tal sentido, alertaron a los venezolanos, los países acompañantes y Noruega sobre lo que consideran un “intento de desconocer los acuerdos alcanzados, de producir un quiebre del proceso de diálogo y negociación”.
Frente a la grave violación a los acuerdos firmados en México sobre la recuperación de nuestros activos: estamos en presencia de un robo flagrante de bienes que sólo pertenecen a las venezolanas y los venezolanos pic.twitter.com/yZczfUKnD1
— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) September 17, 2021
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