Activista de los DD. HH. Javier Tarazona no tiene acceso a revisión médica adecuada desde su detención

FundaRedes

El abogado Miguel Forero informó que Javier Tarazona, a lo largo de su detención, solo ha sido atendido por médicos del Sebin, cuestión que no ha sido suficiente para todas las patologías que sufre.

Caracas. La salud del activista de los derechos humanos, Javier Tarazona, va en deterioro desde su aprehensión hace un año y siete meses en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Sus patologías son múltiples: Hipertensión arterial, arritmia cardíaca, hiperinsulinismo, asma y fisuras en el recto. 

Sin contar los padecimientos que se sumaron con la detención. Ahora tiene insuficiencia venosa grado II, fibrosis pulmonar como consecuencia de la COVID-19, colon irritable, tensión ocular y blefaroespasmo (contracciones involuntarias de los párpados), psoriasis y caída del cabello. 

Miguel Forero, abogado de Javier Tarazona y miembro de la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal Venezolano, expresó que en reiteradas ocasiones han solicitado su traslado médico. También la intervención de médicos privados y la Cruz Roja, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. 

Forero informó que a lo largo de la detención de Tarazona, quien es director de la ONG FundaRedes, solo ha sido atendido por médicos del Sebin, en El Helicoide, cuestión que no ha sido suficiente para todas las patologías que sufre

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Foto: Fundaredes.
Detención 

Javier Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando se encontraba en la Fiscalía Superior en Coro, estado Falcón. Estaba allí para denunciar que él y su hermano, Rafael Tarazona, presuntamente fueron víctimas de persecución por parte de unos funcionarios sin identificación y con armas de fuego un día antes. 

Según Rafael, funcionarios del Sebin ingresaron, armados, a la Fiscalía. Golpearon y esposaron a Javier y Omar de Dios García, quien era su abogado en ese entonces. También detuvieron a Rafael que se encontraba afuera esperándolos en una camioneta, que hasta sigue desaparecida. 

A Javier se le imputaron tres delitos: promoción y e incitación al odio, traición a la patria y terrorismo.

Según Forero, a Javier lo detuvieron por hacer una denuncia pública ante del Ministerio Público, el 30 de junio de 2021. Ese día pidió investigar al exministro de Interior y exgobernador del estado central de Guárico Ramón Rodríguez Chacín y a su esposa, Carola de Rodríguez. Presuntamente por vinculación con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

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Javier Tarazona, con la foto que llevó a la Fiscalía para pedir que se investigue la relación de funcionarios públicos con la guerrilla | Foto: FundaRedes

El abogado expuso que Tarazona ha hecho más de 1110 denuncias durante más de 10años sobre situaciones irregulares en la frontera que van en contra de la seguridad del Estado, de pueblos y comunidades fronterizas. 

¿Será que denunciar se ha vuelto un delito? Decir que hay personas que están atentando en contra de la seguridad del Estado y hacerlo de manera pública, se cuestionó Forero.

El 26 de octubre de 2021, Omar de Dios y Rafael fueron excarcelados y de acuerdo con el abogado Forero, tienen una medida de presentación ante el Tribunal como una forma de sujeción al proceso. 

Actualmente se lleva a cabo la audiencia de juicio oral y público de Javier Tarazona, así como de Rafael Tarazona y Omar de Dios García, el cual fue interrumpido en octubre de 2022 y se reinició, desde el principio, en diciembre de ese mismo año.

Tratamiento 

Mensualmente la familia de Javier puede gastar $250 mensuales solo para cubrir el tratamiento médico. Diariamente Tarazona debe consumir 15 medicamentos.

Te puedo decir que con apenas 116 días que yo estuve ahí, salí con bastante deterioro de salud, siendo una persona sana, deportista y sin vicios. Ahora imagínate Javier que tiene N cantidad de patologías que no se han tratado como debe ser, expresó Rafael.

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Foto: Fundaredes

En cuanto a los otros gastos, necesitan cerca de $500 para cubrir la alimentación sin contar el aseo personal, productos de limpieza y agua potable. 

Rafael informó que su hermano también ha sido víctima de “tratos crueles e inhumanos” y de tortura psicológica como encierro prologando en su celda, sin acceso a actividades deportivas y a la luz solar.

El 7 de marzo de 2023 Fundaredes presentó una denuncia sobre la vulneración de los derechos fundamentales de Javier, durante el 186 período de sesiones de audiencia pública de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 

En la actualidad Javier tiene cuatro medidas de protección, que lo incluyen a él y su familia, dictadas por Tribunales venezolanos y por la CIDH, porque ha sido objeto de ataque e inclusive lo han intentado matar, informó Forero. Sin embargo, resaltó que el Estado ignoró tales medidas. 

Una familia afectada 

Desde la detención de los hermanos Tarazona la familia también empezó a padecer malestares psicológicos y de salud, particularmente Teresa Sánchez, madre de ambos, quien tiene 69 años de edad. Sánchez vivía con Javier y dependía económicamente de él y Rafael. 

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Javier y Rafael Tarazona junto a su madre Teresa Sánchez | Foto: La Vida de Nos

Javier tiene cuatro hijos de entre los 15 y cinco años. Todos también dependían económicamente de su padre.

Mi padre, quien ya falleció, también le dolería mucho esta situación si estuviera en vida, contó Rafael.

Por otro lado, Forero resaltó que los abogados del caso han tenido problemas con el acceso a la defensa, como tener pase a las fases de investigación a tiempo y así poder hacer las peticiones que consideren necesarias. Forero contó que han denunciado la problemática y no han tenido mayor respuesta. 

Volker Türk, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su último día en el país, el 28 de enero de 2023, solicitó la liberación de todos los presos “detenidos de forma arbitraria” y poner fin a las prácticas de tortura en el país.

Para marzo de 2023, Foro penal documentó 277 presos políticos en Venezuela. Desde 2014 esta ONG ha registrado 15.785 detenciones políticas en el país.

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