El jurista indicó que el instrumento viola principios constitucionales, y advirtió a empresarios que podrían enfrentar problemas legales si deciden invertir bajo los criterios de esa norma.
Caracas. El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli sostiene que la denominada “ley antibloqueo” no es un instrumento jurídico válido porque fue “promulgado por la usurpación”, en referencia a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varias naciones latinoamericanas, a la que el actual Parlamento acusa de “usurpar” sus funciones.
“Se trata de una asamblea nacional que no es constituyente, porque han dicho que no han hecho ni van a hacer una nueva Constitución, aparte de haber sido designada y convocada de manera ilegítima, este acto normativo, por ponerle un nombre, es nulo”, argumentó.
El jurista participó en un foro sobre la norma, organizado por la Asamblea Nacional (AN), en el que expresó que su contenido vulnera principios constitucionales como la separación de poderes, el control legislativo sobre el Ejecutivo y el artículo 57 de la carta magna, que prohíbe la censura a funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad: “Tenemos poderes exorbitantes en la cabeza del Poder Ejecutivo nacional”.
Raffalli se refirió al artículo 19 de la “ley antibloqueo” que permite al Ejecutivo “inaplicar” normas legales y sublegales cuando “resulte necesario” ante las sanciones que actores internacionales han aplicado contra el Gobierno. “Ahora el Poder Legislativo, aparte de haber sido injusta y vilmente vaciado de competencias por sentencias impresentables que empezaron en enero de 2016, ahora incluso las leyes que hayan sido promulgadas antes tampoco se le aplicarán al Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo decida no aplicarlas”, señaló.
Añadió que bajo estos principios el gobierno de Maduro podría incluso vulnerar la norma constitucional que reserva determinados activos al Estado, por su importancia estratégica: “Dicho en buen cristiano, el Estado va a poder realizar cualquier acto jurídico, incluso en materia de hidrocarburos, en materia de telecomunicaciones, en materia de minería, y en cualquier otro tipo de actividad reservada, sin autorización y sin estar sometido a ninguna ley, porque puede inaplicarla y además fuera del control parlamentario que establece la Constitución”.
Agregó que al establecer el secreto y la “confidencialidad” de los documentos relacionados con estas operaciones, que incluso serán archivados aparte, se establece un mecanismo de “censura” sobre los funcionarios públicos, incluidos el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial. “Esto llega a un extremo tal que ni siquiera el MP y los tribunales pueden acceder a esa información sin pasar primero por la alcabala de la Procuraduría General de la República, que no es que está obligada a darles acceso a la información, sino que podrá, procurará, tratará de darles una información en unos términos que no genera daños a la República y a terceros, etc. Esto genera impunidad”, subrayó.
El exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, quien también participó en el foro, fue más allá: “La Fiscalía General de la República y los tribunales son cerrados, porque establecen en este artículo 44 que para que la Fiscalía o el Poder Judicial, cualquier juez de la República, solicite o quiera acceder a documentos o la información que está prevista en esa ley tiene que dirigirse al procurador, es decir, se subordina al procurador, que es un funcionario del presidente de la República”.
Privatizaciones y consecuencias
El abogado aseveró que la “ley antibloqueo” permite al Gobierno modificar el esquema de empresas mixtas y del Estado que está en las leyes venezolanas: “Permitiría volver a un proceso de privatizaciones, pero con los aliados y secuaces de quienes están con el Ejecutivo, y liberados de cualquier atadura legal”.
Para Cabezas esto apunta a un esquema pensado para el área petrolera, que luego será aplicado a otros sectores. “Ellos pudieran tener acuerdos con sectores privados de Rusia y de Turquía, no tanto así de China, porque esas empresas están funcionando con estricto sentido capitalista”, expresó.
Al respecto, Raffalli advirtió a empresarios e inversionistas que enfrentarán problemas legales si deciden hacer tratos con el Gobierno según lo establecido en la “ley antibloqueo”, pues un futuro gobierno desconocerá las obligaciones contenidas en contratos o negociaciones bajo estos esquemas: “El primer riesgo que asumen es la pérdida de los capitales”.
Este martes la AN aprobó un acuerdo en el que advierten a toda “persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento paralegal”, que podría estar incursa en al menos cinco delitos: lesa patria, asociación para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso y aprovechamiento indebido de bienes públicos.
“Esto puede terminar en actos de corrupción que no prescriben y cuando son lesivos al patrimonio público implican agravantes. Ya sabemos lo que está pasando con un aliado mayor que está en una situación muy complicada, que se vean en ese espejo”, señaló Raffalli, en aparente alusión al empresario Alex Saab, preso en Cabo Verde y que atraviesa un proceso de extradición a Estados Unidos acusado de casos de corrupción y lavado de dinero. “Estoy echando en falta una posición categórica, clara, oficial de los gremios empresariales venezolanos”, añadió el jurista.
Foto: Cortesía @ViceVenezuela
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