El presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Julio Rodríguez Berrizbeitia, señaló que el Estado está obligado a presentar un plan transparente de vacunación.
Caracas. El presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Acienpol), Julio Rodríguez Berrizbeitia, indicó que, en tiempos de una pandemia como la de la COVID-19, la obligación constitucional del Estado de garantizar el derecho a la salud se traduce en la presentación de un plan nacional de vacunación en el que se identifique con claridad los sectores prioritarios a ser inoculados. “El estado venezolano debe asegurar, de una manera transparente, la distribución de la vacuna universal y gratuita”, expresó.
El abogado, que cursó estudios de filosofía (1976-1977) en Toulouse, Francia y de derecho en Salamanca, España (1977-1979) considera que el Gobierno ha hecho un esfuerzo, pero que este sigue siendo “insuficiente”, por lo que señaló la necesidad de que el Estado tenga una estrategia que implique a otras instituciones como la Iglesia, la academia, las ONG y al sector privado. “Hay que tratar de erradicar cualquier tipo de manejo que no sea el adecuado en la distribución y aplicación de las vacunas”.
El académico considera que el proceso de designación de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) “es una prueba importante” y dice que todavía cree en la posibilidad de un diálogo en el país. “El diálogo es fundamental y supone que cada uno ceda en su posición, no por uno intereses personales, o por intereses políticos, sino por los intereses del país”.
(La conversación ha sido editada y recortada por motivos de extensión).
¿Cómo evalúa este tiempo de pandemia en cuanto a las obligaciones que tiene el estado en materia de salud?
—El Gobierno decretó un estado de alarma en varias oportunidades. La academia, no solo la de Ciencias Políticas y Sociales, sino la de Medicina, la de Físicas, Matemáticas y Naturales han tratado de comunicarse con el ejecutivo con el objeto de tomar las medidas adecuadas a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionadas con el covid. Sobre todo, garantizar la atención oportuna, eficaz y eficiente a la población. Hay que tratar de preservar a las personas de mayor riesgo, sabemos que las personas mayores, de una determinada edad, tienen más riesgos. Las enfermas tienen más riesgos, el personal médico venezolano está expuesto a mayor riesgo y tenemos muy malas estadísticas en esa área.
Tenemos que ocuparnos de la gente que brinda la salud, tenemos que ocuparnos de los privados de libertad, es deber del Estado atenderlos. Tenemos que preocuparnos de la gente que vive en lugares en donde hay una mayor concentración poblacional, como las barriadas de Caracas. Son personas que están más expuestas. Todo eso obedece y se relaciona con el derecho fundamental que tiene la población, a que el Estado los cuide o les dé la seguridad suficiente para poder preservar el derecho a la vida con un servicio sanitario adecuado y con una estrategia estatal adecuada.
Es un problema clave, identificar a la población que se tiene que atender prioritariamente, sin ningún tipo de discriminación, tener la disponibilidad de la vacuna, lo que implica un esfuerzo financiero por parte del Estado y tener vacunas probadas que sean seguras y eficaces, avaladas por las autoridades sanitarias competentes. Tener, una de las cosas más complicadas de todo, una distribución en todo el territorio nacional. Todo eso implica una estrategia que el Estado no puede asumir solo, tiene que servirse de las distintas instituciones que hay en el país: de la Iglesia, por ejemplo, las ONG, las cadenas de farmacia, etc. Contar con un esfuerzo que implica que el Estado se valga de la sociedad civil, y de las distintas instituciones que hay en el país para poder enfrentar esto.
Han tratado de establecer un canal de comunicación con el Gobierno, ¿cómo evalúa el esfuerzo hecho hasta ahora desde el punto de vista institucional?
—Hay una realidad, necesitamos con urgencia 30.000.000 dosis de vacunas de calidad comprobada para tratar de lograr lo que es el ideal, que no podemos descuidar, que es una cobertura de 70 % de las personas mayores de 16 años. Estamos hablando de al menos 15.000.000 de personas. No es un tema aislado, no es un problema nada más de la salud, hay que ver las cosas de una manera amplia, global. Uno no puede pretender, por ejemplo, que la economía venezolana mejore, que el empleo mejore, que la productividad mejore, si la gente no tiene la seguridad de que puede ir a los lugares de trabajo o que puede comprar los alimentos que necesita o que puede realizar la actividad que sea. Si no tiene la tranquilidad de que van a tener unos servicios de salud que garanticen que van a tener el cuidado adecuado.
La información que tenemos y puede que no sea la más exacta del mundo y puede que sea una aproximación, es que al país ingresaron unas 750.000 dosis de vacunas, no llegan al millón de vacunas. Son insuficientes para las necesidades que tiene el país.
Se ha hecho algo, pero es insuficiente para la magnitud del problema que tenemos por delante. Este es un tipo de problema en el cual no tenemos tiempo, hay que atacarlo inmediatamente y hay que atacarlo con todos los recursos de los que se dispone y buscar apoyo para poder hacer frente a esto. En el marco de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la asignación de vacunas y el establecimiento de prioridades, el Estado tiene que tener los recursos, buscarlos donde sea para comprar las vacunas. También amparados por los mecanismos que hay en el mundo, que den facilidad en este sentido. Tiene que empezar un plan de distribución. El sector privado puede jugar un rol preponderante para lograr una protección equitativa de la población y un bienestar de la gente que está angustiada con este tema.
No mucha gente cuenta con seguro médico en Venezuela. Eso ha implicado un esfuerzo de las compañías de seguro que ha intentado atender el tema, pero eso no basta tampoco. Necesitamos un esfuerzo más ambicioso, de dotación de los hospitales públicos, de ampliación de los equipos para asistir a los pacientes y lograr, de una vez por todas, la aprobación, distribución y el acceso de la vacuna a todos los venezolanos. Eso implica que el Estado venezolano debe asegurar de una manera transparente la distribución de la vacuna, eso implica tener un plan nacional de vacunación que proteja a toda la población, que se le diga a la población cómo se va a realizar. Eso tiene que ser de acceso gratuito porque la mayor parte de la población venezolana no tiene los recursos económicos para llegar a una vacuna de esa naturaleza. Lo que se está planteando es un acceso universal y gratuito a las vacunas.
Lo que está planteado en la Constitución sobre el derecho a la salud.
—Exactamente. Lo que estamos pidiendo al Estado venezolano es que cumpla con los deberes que tiene un gobierno como consecuencia de las disposiciones constitucionales, lo cual exige priorizar un tema como la inoculación de las personas con mayor riesgo de contagio. Esa parte de la población está expuesta a una tasa de mortalidad mucho más grande que la parte más joven de la población. En Venezuela, por todo lo que es la evolución del mundo y lo que se hizo en años anteriores, la población mayor ha ido aumentado y esto, sumado al problema del covid, le está generando a la población mayor venezolana muchos problemas adicionales
No es un tema de una medida de un mes y no otro o darle algo a una parte de la población y no a otro. Es evaluar correctamente cuál es la población venezolana mayor, cuál es la población venezolana asegurada, mucha de la cual pagó su seguro durante muchos años. El que no tiene un hijo que lo ayude, otro trabajo que lo ayude, vive en una situación que es precaria.
Otro tema con la actuación del Estado es que hay que salvaguardar los datos personales y la información contenida en el expediente de salud. Eso implica una preservación de la información de lo que es la salud, probablemente la parte más delicada que tienen los seres humanos. La credibilidad del Estado está en juego en este sentido, hay que tratar de erradicar cualquier tipo de manejo que no sea el adecuado en la distribución y aplicación de las vacunas. La cual tiene que aplicársele a todos los venezolanos, no es un favor, es un deber que se tiene frente a los venezolanos.
El hecho de que se hayan ido venezolanos no significa que hayan dejado de serlo. La migración forzada que hemos tenido en Venezuela, algunos hablan de cinco millones de venezolanos, otros dicen que debe llegar a seis millones. Venezuela tiene que ocuparse de esos venezolanos y el Gobierno debe defenderlos independientemente de dónde estén.
Parece que es más urgente informar sobre este plan de vacunación, sobre todo cuando hay unas elecciones regionales pautadas para este año, lo que genera temores de que se haga un uso electoral de la vacuna.
—Yo creo que la pelota está del lado del Gobierno. Este tiene que demostrarles a los venezolanos que los está atendiendo, independientemente de que tengamos unas elecciones o no. El tema sobrepasa al tema político. Tenemos que seguir teniendo elecciones en el país. El Gobierno, la Asamblea Nacional, es la responsable de que esas elecciones se realicen con la transparencia que se requiere. Tan importante como ganar unas elecciones es que la población crea que esas elecciones se ganaron de la manera que se debían ganar en un sistema democrático. El peor daño que le podemos hacer al país es que la gente pierda credibilidad en su gobierno.
No se trata de mantener el poder por mantenerlo, se trata de lograr hacer una gestión, de cumplir con las obligaciones que tienen, de que haya una credibilidad en el sistema que tenemos. Si tenemos un sistema constitucionalmente que decimos democrático, tenemos que convencer a la gente, a la población de que tiene que votar, de que las cosas no están arregladas, de que hay posibilidad de expresarse.
Creo que este tipo de cosas son pruebas. Venezuela es un país que no puede perder la democracia, tampoco las soluciones son como se las imaginan muchos: caídas del cielo y que alguien va a venir a solucionar los problemas del país. El problema de los venezolanos es un problema de los venezolanos. Ese esfuerzo implica que la sociedad civil y el Gobierno tienen que sentarse a conversar, a dialogar, sobre cómo preservar al sistema. Algo importante que hemos tenido los venezolanos después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez es que aprendimos a vivir en democracia, con la crítica que se le pueda hacer a la democracia.
¿Cómo ve las conversaciones que se están dando entre algunos sectores para la designación de rectores del CNE?
—La elección de los rectores es una prueba importante. Se pudiera poner a todos los recortes de una tendencia, pero eso no nos va a garantizar lo que queremos. Si queremos que las elecciones localmente, internacionalmente, sean consideradas elecciones, que fueron adecuadas desde el punto de vista de la participación popular, de la transparencia del proceso, que los venezolanos manifestaron lo que querían, libremente y lo manifestaron porque creen en el poder electoral que tenemos, hay que darles todas las garantías a los venezolanos de que las personas que se vayan a escoger sean las adecuadas para garantizar esos valores que son indispensables.
Si no, el daño se lo hacemos a las instituciones. Cuando la población deja de creer en las instituciones ya empezamos a tener unos problemas de anomia y de complicaciones totalmente distintos. La credibilidad del sistema y de las instituciones depende del manejo transparente que se haga de las mismas y eso es un axioma inevitable, en el manejo político de cualquier país.
¿Qué propuestas le pueden hacer a los sectores de la sociedad civil en el contexto venezolano?
—La propuesta es acercarse a lo que la gente quiere. En segundo lugar, en la Venezuela de hoy en día, de lado y lado, tenemos que eliminar los prejuicios. Los prejuicios están vinculados con no conversar con uno u otro por la ideología que tiene, no es el tipo de gobierno que vamos a tener mañana. Hannah Arendt decía que los futurólogos siempre piensan que ellos van a predecir el futuro, pero en realidad lo único cierto que tenemos es que en un mundo interesante es imposible predecir el futuro porque de lo contrario viviríamos en un mundo mecánico. Todavía estoy convencido en la posibilidad de diálogo, de que algún día tengamos un gobierno donde participe gente de distintos partidos políticos, con tolerancia, respeto, y el país no se acaba porque cambiemos de gobierno, porque salgan uno y entren otros. Los que salen van a seguir siendo venezolanos, tienen derecho a una participación. Todo eso nos obliga a reformular las relaciones entre todos y creo que el diálogo es fundamental, si queremos salvar la democracia como tal y enfilar al país a una vía del desarrollo, que convierta a este país en un país digno de lo que se merece.
El diálogo es fundamental y supone que cada uno ceda en su posición, no por uno intereses personales, o por intereses políticos, sino por los intereses del país. Hay que poner sobre la mesa unas prioridades y que esas prioridades deben ser analizadas por todos los grupos que confluyen para toma decisiones en el país. Escogiendo unas prioridades en las que todos estemos de acuerdo y buscar a las mejores personas para implementarlas. Esas mejores personas no son mis amigos sino todos lo venezolanos capaces de ayudar a que el país alcance lo que tiene que alcanzar.
El Fobierno tiene un control muy grande en este momento, ¿por qué accederían a un acuerdo para una elección que pueda implicar que salgan del poder?
—Yo todavía creo que en el Gobierno hay gente que está pensando en el diálogo porque es una manera de preservarnos todos, ¿qué interés vamos a tener en que el país se siga desbaratando, se siga dañando? Al final la que sufre es la población venezolana. Por supuesto que puede tener todo el poder ahora, pero el ahora y el después tienen diferencias. Estoy absolutamente convencido de que, si los venezolanos queremos que el después sea más tranquilo, mejor para los venezolanos, más provechoso, tenemos que, de alguna manera, empezar a ceder algunas cosas para poder tener un mejor después.
Foto: Cortesía Acienpol