La academia en Venezuela, una muerte lenta que puede evitarse (I)

La UCV se va a preparar para la modalidad semipresencial para iniciar el nuevo año académico

En un esfuerzo conjunto, Correo del Caroní, Crónica.Uno, El Carabobeño, Diario de Los Andes y Todos Ahora presentan un panorama amplio de la situación de la educación superior, un derecho humano que en el país está en riesgo.

Regiones. La autonomía y la libertad académica son características inherentes a la universidad. Impiden que esté al servicio de una parcialidad ideológica o política. Su papel está bien definido en la sociedad: generar conocimiento y respetar el libre pensamiento a favor del desarrollo de las naciones.

Yelena Salazar es socióloga y profesora universitaria, coordinadora del Observatorio de Universidades (OBU) del Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu). Para ella, la realidad es única: “Una universidad que cumpla con su función siempre va a ser crítica ante las injusticias y la desinformación, ante las crisis sociales, económicas o políticas”.

La universidad venezolana, desde su fundación, se ha mantenido firme en la defensa de esos principios autonómicos y de libertad. Ha sido una voz crítica cuando ha sido necesario. Muchos gobiernos la han hecho blanco de ataques sistemáticos que le han causado heridas mortales, en especial durante las últimas dos décadas.

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Foto: Todos Ahora

A pesar de los golpes, hoy las instituciones educativas autónomas son la única joya de la corona que el chavismo no ha logrado conquistar. Primero lo intentó el presidente Hugo Chávez, a través de la Ley de Educación Universitaria en 2010, cuya propuesta incluía la promoción de “la patria socialista”, “el socialismo bolivariano”, “la construcción de una sociedad sin clases” y “el anticolonialismo político y epistémico”.

Era impensable. “Pretender que la universidad esté a favor de un único pensamiento es una locura. Es contrario a su espíritu”, señaló la vocera del OBU.

La universidad debe estar al servicio de la sociedad, cumpliendo sus funciones de docencia, investigación, extensión y, sobre todo, teniendo pertinencia social”.

Las protestas de calle en rechazo al proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista en ese momento, surgieron de inmediato. La amenaza a la autonomía universitaria era intolerable. En enero de 2011, durante el primer Consejo de Ministros del año, Chávez vetó la ley tras reconocer que tenía “sus debilidades”.

Pero los ataques estaban lejos de desparecer, al contrario. Desde entonces, la reducción de facto del financiamiento de las universidades públicas, la erosión de su autonomía y el ataque a su libertad académica se convirtieron en una política de Estado, que arreció con la entrada de Nicolás Maduro a Miraflores.

Asfixia presupuestaria
Para Salazar, los recortes presupuestarios comenzaron a ser más evidentes en 2010: “No se aprobaba completo el presupuesto, había rectificaciones a mediados del año que afectaban el cabal funcionamiento de las instituciones”. Al inicio se vieron afectadas partidas específicas, relacionadas con la renovación de equipos y el mejoramiento de infraestructuras.

Este mecanismo de asfixia a la universidad se ensañó especialmente con las áreas de investigación, mejoramiento de infraestructura y actualización tecnológica. Hoy, cada espacio universitario padece las consecuencias. “Los salarios quedaron desactualizados y se han perdido providencias estudiantiles, como los comedores”.

Si a la educación superior no le dedicas el presupuesto necesario se pone en riesgo ese derecho humano, detalló la especialista. Para evitarlo, muchos trabajadores han tomado en hombros los esfuerzos para rescatar la academia y mantener las universidades operativas.

Ataques vandálicos bajo la indiferencia gubernamental
De acuerdo con el OBU, entre marzo y septiembre del 2020, durante la pandemia de COVID-19, se registraron al menos 193 hechos delictivos contra las universidades públicas. Se trata, por un lado, de falta de vigilancia asociada al déficit presupuestario y, por otro, a los inexistentes patrullajes de los cuerpos de seguridad, que tampoco inician averiguaciones para encontrar a los culpables.

Es por eso que varias universidades fueron afectadas muchas veces, incluso en los mismos espacios”.

El Observatorio ve con preocupación la indiferencia de las autoridades nacionales. En uno de sus últimos boletines alertó de que la Emergencia Humanitaria Compleja, en la que se incluye el desamparo en que se encuentra la universidad venezolana, acompañada de una prolongada asfixia presupuestaria, están matando lentamente la academia.

Así, el anunciado reinicio de clases presenciales en marzo está en veremos. Al igual que el OBU, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes certificó que en las actuales condiciones reiniciar clases presenciales impide no solo cumplir las medidas preventivas ante el coronavirus, sino los objetivos académicos.

UCV: la lucha por vencer las sombras
Presupuesto insuficiente que deriva en fallas en comedores, transporte y mantenimiento de la infraestructura, bajos salarios e inseguridad.

Esta es la realidad que afronta la Universidad Central de Venezuela, la más grande y antigua del país, patrimonio mundial de la humanidad declarado por la Unesco en el año 2000 y que el 22 de diciembre cumplirá 300 años. Aun así, lucha por sobrevivir al abandono y la crisis y seguir siendo fiel a su lema: La casa que vence las sombras.

La vulneración del derecho a la educación por parte del gobierno de Nicolás Maduro ha afectado el proceso de enseñanza. La suspensión de clases debido a la pandemia de COVID-19, que obligó a migrar a Internet, también.

La academia en Venezuela
Fotos: Todos Ahora

Sin clases a distancia
La educación se imparte a través de Internet, pero la lentitud en la conectividad, los cortes drásticos y no programados de electricidad en el interior del país, y la falta de preparación de los docentes para estas tareas disminuyen las condiciones. Pocas facultades han podido avanzar durante la pandemia.

El imprescindible presupuesto
El déficit presupuestario complica el mantenimiento de la planta física. A la UCV solo se le aprobó 2,27 % del presupuesto solicitado. En octubre pasado, la rectora Cecilia García Arocha criticó ese monto y ejemplificó que para gastos de personal el gobierno solo enviará 1,19 % del monto solicitado.

“Un personal capacitado con los más altos estándares profesionales que ubican a la universidad autónoma venezolana en los rankings educativos más prestigiosos y que actualmente posee salarios inferiores a cinco dólares”, dijo en declaraciones a la prensa.

El deterioro es evidente. En junio de 2020 colapsó un tramo del techo de una de las caminerías centrales al aire libre, parte icónica del complejo universitario. La situación ya era grave antes de la pandemia del coronavirus.

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Foto: Todos Ahora

En manos del hampa
De los 175 actos vandálicos documentados por la ONG Aula Abierta entre marzo y diciembre de 2020, al menos 10 afectaron actividades de investigación y 17 servicios estudiantiles.

En los reportes de esta organización, que defiende el derecho a la libertad académica, resalta el ingreso de sujetos armados al instituto de Medicina Tropical en abril de 2020. Semanas después, desconocidos robaron y causaron destrozos en el comedor universitario y la Biblioteca de la UCV-núcleo Cagua.

En mayo fue robada la única unidad de transporte operativa de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la Facultad de Ingeniería. Ese mismo mes el hampa ingresó al cafetín conocido como El Cuadrado, frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad.

El último hecho registrado por Aula Abierta en la UCV, que afectó los servicios estudiantiles, fue en junio de 2020, cuando sujetos hurtaron cableado, brequeras y dos lavamanos del comedor universitario del núcleo Cagua. Los espacios de la casa de estudios hoy están prácticamente desvalijados.

La dirigencia estudiantil se ha manifestado
Todo esto tiene un origen. El secretario de asuntos nacionales de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Miguel Barone, criticó que para 2021 solo fue aprobado 2,7 % del presupuesto solicitado por la UCV.

Según Barone, más de 40 % de los estudiantes ha desertado para trabajar: “Esta es la realidad de la UCV, paralizada incluso desde antes de la pandemia”.

UC: del resplandor vinotinto al abandono rojo
El monte y la maleza parece que hablaran. Gritan en nombre de la desidia y se muestran como la fachada de la peor crisis que ha tenido que enfrentar la Universidad de Carabobo (UC), la institución educativa más importante del centro del país.

Son siete facultades y un sinfín de pasillos en los que, hasta hace cinco años, se formaban más de 7000 profesionales anualmente. Su matrícula, que rondaba las 60.000 personas, hoy apenas llega a 25.000, como consecuencia de un proceso de deserción que sigue en ascenso.

La academia en Venezuela
Foto: El Carabobeño

El vicerrector administrativo de la UC, José Ángel Ferreira, explicó que el presupuesto de 2020, inicialmente, era de 550.000 dólares para toda la institución. En junio se recibió 50 %, devaluado en un monto equivalente a 150.000 dólares, que se destinó a honrar parte de los compromisos salariales. La otra mitad aún no ha sido enviada.

Es una situación inédita. “Este año recibimos una cantidad mínima, solo para providencias estudiantiles, como deuda de 2020. La única respuesta desde el Ministerio de Educación Superior fue la creación de una partida llamada ‘cuentas por cobrar al Ejecutivo nacional’, que no está en la Ley de Presupuesto. Es irregular y no tiene precedentes”.

El presupuesto de 2021, al 1° de enero, era de 720.000 dólares. Ferreira teme que pase lo mismo del año pasado: “Si no envían lo correspondiente no se hace nada y si llega incompleto y devaluado, mucho menos”.

Se han robado todo
A la falta de recursos en la UC se suma la delincuencia. Se han llevado cables, bombillos, conexiones eléctricas, pupitres y han saqueado laboratorios y dependencias exclusivas de la Escuela de Medicina.

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Foto: El Carabobeño

Solo en 2019 se registraron 17 robos, 12 de ellos durante el período vacacional de agosto y cinco en diciembre. En 2020 fueron ocho y al comienzo de enero de 2021 se presentó uno de los más graves, según el director de Prevención de Incendios, Protección y Seguridad (Pipsu), José Luis Antón.

De la Unidad de Litiasis y Enfermedades Metabólicas se llevaron casi todo. También dañaron equipos valiosos porque los delincuentes ni sabían para qué se utilizan. El Centro Asistencial Miguel Malpica, dependencia de la UC ubicada al sur de Valencia, también fue prácticamente desvalijado el año pasado y se mantiene clausurado.

Con el déficit presupuestario de la institución es imposible reponer los equipos robados o dañados, lo que incide en la calidad educativa.

Sin vigilancia
La ausencia de vigilancia es notoria. Muchos han renunciado. Antón recuerda que hace dos años tenían una nómina de 280 personas: “Ahorita no cuento con más de 150, no hemos podido sustituir al personal porque nadie quiere trabajar por ese salario”.

Deserción estudiantil
Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UC) calcula la deserción estudiantil en 60 %: “Hace cuatro o cinco años, la matrícula estudiantil rondaba los 57.000 estudiantes. Ahora tenemos 21.000 inscritos”.

Díaz, como estudiante de Medicina, enfrenta en primera persona la dura realidad de los robos: “Prácticamente no queda nada que robarse en la UC, las pérdidas son irrecuperables y no hay presupuesto para reponer los materiales”.

Soluciones en medio de la adversidad
Con la crisis de la institución clara, alertada y denunciada en varias ocasiones, las autoridades de la UC se niegan a cruzarse de brazos.

La rectora, Jessy Divo de Romero, recordó que el drama no se deriva únicamente de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19: “Ya las universidades veníamos viviendo tiempos muy difíciles con un presupuesto insuficiente, con un recurso humano en condiciones de vida indignas, porque los ingresos mensuales no alcanzan. Eso propicia también deserción estudiantil y de trabajadores”.

Pero, con el compromiso de seguir formando profesionales de vanguardia, han procurado transformar esas dificultades en oportunidades. Ante el déficit presupuestario, han realizado alianzas con el sector público y privado para reactivar las actividades en la modalidad semipresencial y culminar algunos períodos académicos iniciados en 2019.

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Foto: El Carabobeño

Para la rectora, es tiempo de sumarse a todo aquel contingente que procura dar respuesta para salir de esta crisis: “De lo contrario, realmente sería una tragedia para todos”.

Con información de: Kevin Arteaga, Axel Suárez y Dayri Blanco.

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