Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, consideró que es importante socializar con la ciudadanía en general que el proyecto de Ley de cooperación internacional genera mayores obstáculos a la garantía de los derechos humanos.
Caracas. “La cooperación internacional es un derecho y es un deber de los Estados garantizarla. La Declaración de Defensores de la Naciones Unidas, entre los derechos que consagra para las personas que promueven, defienden, exigen derechos humanos, está la posibilidad de recibir y ejecutar la cooperación financiera, técnica, operativa y de cualquier tipo”.
Durante el foro chat por WhatsApp Proyecto de Ley de Cooperación Internacional y DDHH, Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, explicó que con la tesis del “enemigo interno” el Estado ha generado una campaña de estigmatización. Para Romero, esta acción tiene el fin de descalificar cualquier actor que defienda, promueva o exija derechos humanos.
La abogada Romero afirmó que este anteproyecto no es nuevo. “Es una política de represión y control social que se ha instaurado en el país desde hace algunos años”.
Consecuencias para programas humanitarios
En el año 2005 hubo un primer borrador de proyecto, que se aprobó en primera discusión, no avanzó. Sin embargo, se retomó en 2010. Luego en el año 2015, pero no se le dio continuidad.
En abril de este año, la Asamblea Nacional presentó una propuesta que causa preocupación en las ONG venezolanas. Pues, el proyecto refleja la intencionalidad del Estado de controlar todo lo referente a la cooperación internacional. En específico a los fondos que se reciben y aportan desde las organizaciones nacionales o internacionales.
“La limitación a las organizaciones humanitarias de recibir fondos pudiese tener repercusiones en las ejecuciones de los distintos programas humanitarios que se vienen ejecutando (medicinas, comedores, alimentación)”.
También preocupa a la abogada que las organizaciones sean acusadas de realizar actividades que promuevan la injerencia o desestabilización y puedan ser eliminadas o suspendidas.
Esta situación pudiese tener repercusiones en la búsqueda y alcance de justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos y en la capacidad de dar acompañamiento y respuesta porque estaría limitada su operatividad.
Rechazo de organizaciones
Más de 500 organizaciones firmaron un comunicado en rechazo a este proyecto de ley. Esta fue la primera acción pública, pero no la única que se ha realizado.
“Distintos actores han presentado denuncias e incidencias ante instancias internacionales, denunciando cual es el impacto que esta ley puede tener. Es importante también socializar y seguir levantando la voz y que se visibilicen cuáles sería el impacto que tendría la aprobación de dicho instrumento sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.
Con información de Edward Ocariz @Ocariz_ed
Foto cortesía
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