La cita de este miércoles 13 de octubre buscaba otra reunión con las comisiones de la Asamblea Nacional que atenderán la exigencia. Pero a pesar de que esta se postergó para el viernes 15 de octubre, aún así, las activistas mantuvieron la convocatoria de protesta frente a la sede administrativa del Poder Legislativo y a través de las redes sociales.
Caracas. “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, repitieron las mujeres este 13 de octubre frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional (AN), en la esquina de Pajaritos en el centro de la ciudad. En protesta, pegaron en sus franelas fotografías con caras difuminadas bajo la etiqueta “yo aborté” y, con micrófono en mano, expusieron los motivos para la despenalización legal y social del aborto en Venezuela.
Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) preguntaban con insistencia la causa de la protesta. A su vez, la seguridad de la Asamblea Nacional les pedía que no pegaran carteles en el piso, argumentando que era necesario un permiso. Y las manifestantes resaltaban el derecho a la protesta pacífica, mientras sostenían una gran pancarta verde que decía “aborto legal ya”.
María Laura Cano, perteneciente a la organización Tinta Violeta y a la campaña Ruta Verde, explicó que desde hace dos meses retomaron su labor por la derogación de cuatro artículos del Código Penal —del 430 al 434—, que penalizan la interrupción del embarazo en Venezuela con cárcel de seis meses a dos años a quien se lo practique o acompañe una práctica.
En esta oportunidad, más de 60 organizaciones feministas firmaron un documento referente al aborto como un problema de salud pública con una mirada en los derechos humanos de las mujeres, y que entregaron el pasado 28 de septiembre ante la Asamblea Nacional. Para entonces, cinco voceras de las organizaciones Tinta Violeta, Quinta Ola, Avesa, Movimiento Somos Otro Beta y Faldas R consignaron la solicitud luego de una movilización que partió desde la plaza Morelos de Caracas.
La cita de este miércoles 13 de octubre buscaba otra reunión con las comisiones de la Asamblea Nacional que atenderán la exigencia. Sin embargo, el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, Pedro Infante, les informó que la reunión quedaba postergada para el viernes 15 de octubre. Aún así, las activistas mantuvieron la convocatoria de protesta frente a la sede administrativa del Poder Legislativo y a través de las redes sociales.
La lucha de los movimientos feministas parte de que el Código Penal venezolano es uno de los más restrictivos de la región en cuanto a la penalización del aborto, y solo lo permite en caso de que se haga para salvar la vida de la madre. “Pero es que tampoco hay un protocolo o estructura en el sistema de salud que realmente vele por esto”, insistió Cano.
Entre las causales que reclaman las ONG y activistas que defienden los derechos de las mujeres está que el aborto se pueda practicar de forma legal y segura cuando está en riesgo la vida de la mujer, si el embarazo se dio por violación o incesto, en caso de que ponga en riesgo la salud física y mental de la gestante y en caso de pobreza extrema.
Ahorita estamos hablando y hay una mujer tomando la decisión y otra que está realizándose un aborto. Cuando es practicado sin condiciones (seguras), en la clandestinidad, no solo la muerte es el riesgo, sino que las mujeres quedan padeciendo lesiones en su cuerpo para toda la vida”, manifestó Alejandra Laprea, miembro del colectivo La Araña Feminista de Venezuela.
La exigencia por la despenalización del aborto en el país es tan de vieja data que ha pasado de generaciones de activistas, sin resultados favorables. Las manifestantes subrayan que en 1981 el doctor Rosendo Castellanos presentó propuestas aprobadas por la Federación Médica Venezolana al Congreso Nacional, en las que caracterizó por primera vez el aborto como un problema de salud pública que debía ser objeto de políticas públicas libres de dogmas religiosos o morales.
En la última década, otros esfuerzos que hicieron fue la presentación ante la Comisión Técnica para la Elaboración del Código Penal de propuestas para la despenalización del aborto en 2010, así como un derecho de palabra ante la Comisión de Política Interior. Igualmente, Laprea citó un intento en 2018 con manifestaciones mensuales ante la Asamblea Nacional Constituyente llamada “todos los 28 por nuestros derechos”.
Cano resaltó que, desde el acompañamiento que hacen las organizaciones, han visto cómo muchas mujeres son víctimas de la criminalización del aborto, carecen de acceso a una educación sexual segura y a métodos anticonceptivos.
Es un argumento histórico de los Estados, independiente de la tenencia política, decir que todavía no estamos socialmente aptos para tomar decisiones sobre la interrupción del embarazo. Pero realmente muchas veces los avances legislativos son impopulares”, resaltó Cano.
Franchesca Pérez, activista feminista, insistió en que el aborto es un problema de salud pública que se evidencia cuando muchas mujeres llegan a los hospitales por prácticas inseguras. “También es un problema de derechos humanos porque viola el derecho a la integridad, dignidad y privacidad”, agregó.
La discusión sobre la despenalización del aborto es un asunto abordado en la región. Algunos países que han levantado la pena, al menos de forma parcial, son Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Colombia, Ecuador y Argentina.
Mientras tanto, en Venezuela no hay datos oficiales sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En 2018 quedó en manos de las organizaciones levantar información a través de la Coalición Equivalencias en Acción —que agrupa ONG como Cepaz, Mujeres en Línea y Avesa— en cuatro centros de salud: Maternidad Concepción Palacios, Victorino Santaella de Los Teques, Enrique Tejera y la Maternidad del Sur de Valencia, en donde hubo un aborto por cada cuatro partos. En total se registraron un total de 2246 abortos, lo que representa 15 casos diarios en promedio.
Las feministas y activistas insistieron en que seguirán haciendo actividades presenciales y a través de las redes sociales para endurecer la lucha, así como han decidido estar frente al órgano legislativo para defender sus derechos sexuales y reproductivos.
Participa en la conversación