Lexys Rendón, directora de Laboratorio de Paz, aseguró que es el momento para que la sociedad civil se articule aún más ante las pretensiones de “cohibir la capacidad de organización”.
Caracas. Han pasado tres días desde que la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión un proyecto de ley que busca, según nombre, “fiscalizar y regularizar” a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y afines. Este viernes se produjo un pronunciamiento de varias de estas instituciones contra las pretensiones del Poder Legislativo.
En una rueda de prensa, varias ONG se hicieron presentes para denunciar el proyecto de ley. En el evento, Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, calificó el texto como uno “improvisado” e “ilegal”.
“Este proyecto de ley se ha hecho de una forma improvisada con errores gramaticales y de redacción, lo que revela que el objetivo es la represión (…) El propio día que la ley fue aprobada en primera discusión, el proyecto cambió de nombre tres veces. La ley también habla de ‘afines’ sin definir cuáles son”, criticó Daniels.
Entre los cuestionamientos que hizo, señaló que el proyecto de ley es tan restrictivo que obliga a las ONG a actuar solo en la circunscripción en la que están registradas, algo que “inclusive habría hecho imposible hacer esta rueda de prensa”, recalcó.
Daniels cuestionó que el proyecto de ley deja en potestad del Estado el “añadir” a personas dentro de una organización, algo que dijo es incompatible con la labor de defensa de DD. HH. que realizan muchas de estas ONG.
Un pronunciamiento del Alto Comisionado de la ONU y cerrar filas
Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz, fue otra de las voceras en la rueda de prensa.
La activista destacó que muchas de las ONG de Venezuela sostuvieron una reunión con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para la ONU, Volker Turk, en la que le manifestaron su preocupación por la amenaza que esta ley significa para la sociedad civil.
Nosotros le pedimos ayer, en una reunión que se tuvo con ONG y víctimas, que haga el más alto y enérgico pronunciamiento, tanto a título privado en reuniones con el Estado, como de forma pública en sus redes, pidiendo respeto al espacio asociativo”, dijo Rendón.
De igual forma, destacó que no se trata de solo una amenaza para las ONG, sino que esa es “solo la punta del iceberg” y que cualquier grupo de personas que se asocie en pro de una lucha reivindicativa podría verse afectada, más aún con el gobierno actual de Venezuela.
“En un país, con un gobierno que está siendo señalado por crímenes de lesa humanidad, por persecución política, que ha sido tan represivo contra cualquier expresión gremial, de medios de comunicación, pronunciamiento o acción que consideran política, de ser aprobada la ley, podrían actuar contra cualesquiera dos personas que se reúnan para pedir una reivindicación”, comentó.
Finalmente, Rendón destacó que es el momento para que la sociedad civil de Venezuela se articule para hacer frente a lo que podría ser una amenaza muy seria para los derechos humanos en el país.
Creo que es el momento de actuar, de elevar la voz, de que la gente conozca la ley (…) Es un momento en que las personas tienen que, frente a una ley que quiere cohibir la organización, hacer más redes, para hacer una incidencia organizada, junta y conjunta de la sociedad civil”, afirmó.
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