La reforma de la Ley contra la Corrupción no introduce nuevos mecanismos para prevenir este delito más allá de aumentar la pena por incurrir en él. Sigue ausente el desarrollo de una política efectiva contra este problema social.
Caracas. La corrupción es uno de los principales problemas que actualmente atraviesa Venezuela, uno que se ha visto alimentado por la desinstitucionalización del sector público, la crisis económica y los incentivos para incurrir en ella. Es por esto que existía expectativa sobre qué cambios podría traer la reforma de la ley para combatirla, sin embargo, al conocerse el contenido, se evidencia la ausencia de una política real para frenar este problema.
De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, la reforma de la Ley contra la Corrupción “aplica la misma fórmula ya utilizada en el pasado para combatirla”, es decir, enfocarse en el endurecimiento de las sanciones a los infractores y el empleo de medidas que van desde la suspensión sin sueldo hasta la condena de un juez para los empleados públicos que incurran en este delito.
Entre los cambios más significativos está que el nuevo artículo 38 (anteriormente el 33) reemplazó la sanción de entre 50 y 500 unidades tributarias para los empleados públicos que incumplan con la presentación de la declaración jurada de patrimonio, y en cambio, estipuló que el costo será de 100 a 1000 unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor reflejada por el Banco Central de Venezuela.
Además, la ley estableció en su artículo 43 que los empleados que incumplan en presentar su declaración jurada podrían tener hasta 18 meses de suspensión sin goce de sueldo, una cantidad que aumenta en 50 % el período de 12 meses que antes estaba establecido.
Ocurre algo similar con el tiempo de cárcel para los empleados que directamente incurran en corrupción para obtener beneficios económicos, en este caso, la pena se estableció de entre tres a seis años de prisión, anteriormente esta pena estaba establecida entre tres meses y un año.
Ausencia de una política real contra la corrupción
A juicio del abogado Gustavo Manzo, la reforma de la Ley contra la Corrupción se queda corta en su objetivo no porque no deje claro los costos de transgredir la normativa, sino por la ausencia real de una política criminal para combatirla.
Manzo explicó a Crónica.Uno que las leyes existen con el objetivo de moldear la conducta del humano hacia las actitudes correctas, pero que por sí solas no pueden contra un problema como la corrupción. De hecho, dijo que “es necesaria una serie de medidas que apoyen el aumento de las penas. Aumentar las penas y los castigos es solo un pañito de agua caliente”.
El abogado y profesor universitario explicó que la realidad del país tiene más peso que cualquier ley que exista, por eso sostuvo que “no haces nada con colocar 50 años de pena de cárcel para la corrupción si al mismo tiempo no creas condiciones de vida necesarias para que la corrupción sea menos probable”.
En el área de la administración pública imagina que tienes un funcionario que cobra 80 dólares al mes, pues lo quieras o no tienes ahí una persona que no puede vivir con eso y que primero va a intentar rebuscarse con dos o tres trabajos, lo que hace la mayoría, pero también es un funcionario vulnerable para cuando la corrupción toque a su puerta”, manifestó.
Por este motivo Mazo consideró que la reforma de la Ley contra la Corrupción, a pesar de haber aumentado hasta el triple algunas penas, no tendrá mayor éxito en combatir este delito de lo que ya lo tuvo su versión anterior.
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