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Liberado sin restricciones director de Correo del Caroní

Correo del Caroní

Foto: William Urdaneta

El hijo del director del Correo del Caroní integra el recién instalado Consejo Nacional de Defensa Judicial de la República, designado por la Asamblea Nacional.

Puerto Ordaz. El Correo del Caroní sufrió un nuevo ataque con la detención a su director, David Natera Febres, de 79 años de edad. Fue liberado sin cargos en su contra, después de más de tres horas de allanamiento a su vivienda y cuatro horas de detención para cumplir con declaraciones en la sede del Sebin, en San Félix.

El allanamiento por parte de comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) provino de una orden de un tribunal de Caracas. Sin embargo, todo el procedimiento estuvo viciado cuando los funcionarios violaron el debido proceso establecido en los artículos 40 y 49 de la Constitución.

Al director del Correo del Caroní se le negó el legítimo derecho a la defensa. El Sebin negó el ingreso de su abogado, tanto en el procedimiento de allanamiento como durante la declaración.

La liberación se ejecutó después de las 9:30 p. m., sin cargos en contra ni ninguna medida de coacción.

Retaliación

Su allanamiento se vincula con una represalia en contra del Consejo Nacional de Defensa Judicial que instaló la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. 

Esta instancia tiene como objeto garantizar un proceso transparente en las contrataciones y procesos jurídicos que realiza la administración de Guaidó.

Precisamente, este Consejo lo integran David José Natera, hijo de David Natera Febres; Arghemar Pérez Sanguineti, Romer Rubio, Jonathan López, Gabriel Gallo y Freddy Orlando. 

Este 12 de octubre, además de allanar el domicilio de Natera Febres, en Puerto Ordaz se realizaron estos mismos procedimientos en las residencias de los padres de otros dos de sus miembros: Romer Rubio, Gabriel Gallo, así como en la residencia del embajador de Guaidó ante Bahamas, Rafael Domínguez.

En 2013, el director del Correo del Caroní enfrentó un proceso judicial por una serie de reportajes sobre corrupción en CVG Ferrominera Orinoco, y que involucró al dueño de un medio de comunicación en Bolívar, por pago de sobornos al general de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Juan Carlos Álvarez Dionisi, apodado el Tiburón.

En 2016 el tribunal dictó sentencia de prisión. La medida luego la sustituyó por un régimen de presentación mensual, pago de multa y prohibición de salida del país. El lapso de condena culminó.

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