Kelvin Zambrano, defensor de cinco de los seis activistas de DD. HH. acusados, dijo que las pruebas presentadas en contra de sus defendidos “no demuestran vínculo alguno con lo que se les acusa”.
Caracas. El calvario de los seis activistas de DD. HH. que fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio continuará luego que el juez que presidió la audiencia preliminar decidiera su pase a juicio, algo que desde la defensa legal de los ciudadanos no debería ocurrir puesto que las evidencias presentadas no los vinculan con lo que se les está acusando.
La decisión del pase a juicio fue tomada el lunes 26 de septiembre aproximadamente a las 6:30 p.m., al finalizar la audiencia preliminar en la que el Ministerio Público solicitó además de los cargos conspiración y asociación para delinquir, la privativa de libertad.
A los activistas (cuatro de los cuales pertenecen al partido Bandera Roja) se les acusa de intentar asaltar una instalación militar, planear el secuestro de familiares de Tareck El Aissami, ministro del Poder Popular para el Petróleo, y además sabotear los actos militares del 5 de julio de este año. Desde el pasado 4 y hasta el 7 de julio, diversos cuerpos de seguridad del Estado iniciaron la serie de capturas que culminó con el arresto de los individuos. Durante estos operativos actuó la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Kelvin Zambrano, abogado defensor de la Coalición por los Derechos Humanos, organismo que representa a cinco de los seis acusados, dijo que las evidencias mostradas por Fiscalía simplemente no demostraban que los activistas en verdad estuviesen planeando cometer los delitos de los que se les acusan.
Ninguna de las pruebas presentadas conduce a pensar que ellos fuesen a hacer o hicieran los delitos que les imputan. Las pruebas tienen que ser útiles y deben demostrar que la persona cometió el delito, esto no es lo que pasa en este caso”, explicó el jurista a Crónica.Uno.
El abogado, quien defiende a Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Alonso Meléndez, detalló que las principales evidencias en contra de los activistas son las actas de detención, actas de allanamiento y un informe de inteligencia. De resto, lo único que la Fiscalía presentó fueron unas conversaciones que “no son entre ellos y que no están relacionadas con lo que se les está imputando” y el testimonio de un individuo que no fue identificado.
Todos esos mensajes presentados fueron obtenidos de manera ilegal porque hay un criterio de legalidad en el que para que una conversación pueda ser sustraída de un teléfono se requiere autorización de un juez. Esos mensajes se obtuvieron de manera ilegal, pero además no los comprometen en nada”, aseguró.
Zambrano dijo que se planea una apelación contra la decisión del pase a juicio. Sin embargo, confesó no tener muchas esperanzas de que la apelación sea exitosa.
“Ayer ejercimos el escrito de excepciones que se presenta cinco días antes de la audiencia preliminar, interpusimos las excepciones y todas fueron declaradas sin lugar. Lo que nos queda es la apelación y apelar la sentencia del pase a juicio, pero creo que se mantendrá el pase a juicio”, señaló.
“Están buscando quebrar su voluntad”
Carlos Hermoso, secretario adjunto nacional del partido Bandera Roja (BR), ha estado visitando a los activistas detenidos. Cree que todo lo que ha ocurrido en torno a la acusación es para quebrar la voluntad de estos y hacer que así ellos se declaren culpables a pesar de que no existen “evidencias reales en su contra”.
Anteriormente en el país existía una figura, la de rebelión militar, ahora usan la figura de terrorismo y con la ley de terrorismo cualquier cosa cabe, lo que dé la gana al Gobierno. No hay nada en el caso, lo único que hay son unas conversaciones de WhatsApp, pero no hay elementos suficientes de evidencia”, señaló.
Hermoso ha realizado varias visitas a los activistas desde su detención y dijo que a pesar de las condiciones en las que los han mantenido han sido “infrahumanas”, estos siguen “con la moral alta”.
“Están en una celda muy pequeña, estuvieron unas tres semanas en una celda de 14 metros cuadrados acompañados con más de 20 presos. Prácticamente no podían agacharse, no hay nada, por supuesto, no se les brinda nada, ni agua, todo eso se lo tenemos que llevar familiares y amigos, eso nada más es una tortura. Las condiciones de reclusión son infrahumanas”, describió.
El dirigente de BR insistió en que el partido mantendrá la presión por la libertad de los activistas, cuatro de los cuales (Bracho, Cortés, Astudillo y Meléndez) son militantes de la organización y que esta no se limitará solo a las calles, sino también a la denuncia constante en organismos internacionales.
La presión a través de organismos internacionales se va a mantener y aparte, las acciones que vamos a seguir desarrollando por medio de los familiares de los activistas, para actos públicos y culturales”, afirmó.
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