Los trabajadores activos y jubilados de la industria eléctrica señalan que sus salarios no superan los siete dólares mensuales, y que los bonos que les depositan, además de que no tienen incidencia salarial, son montos que pueden variar y que no les entregan a todos los empleados.

Caracas. Años de decadencia y desinversión en el sistema eléctrico siguen pasando factura tanto en el servicio, sometido constantemente a apagones y bajones, como en los ingresos de sus empleados activos y jubilados, buena parte de ellos con décadas en el sector desde antes de que fuera centralizado en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Al igual que quienes laboran en la administración pública (ministerios, alcaldías y gobernaciones), pasando por el sector petrolero y otros entes, organismos y empresas del Estado, los trabajadores eléctricos enfrentan las vicisitudes de irrespeto a las convenciones colectivas que quedaron sin efecto en 2018, por orden del Ejecutivo. La Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela (Fetraelec) denuncia que han pasado más de seis años desde la última vez que el Gobierno revisó las convenciones.

Ángel Navas, presidente de Fetraelec, destacó que ante la oleada de renuncias y quejas de los trabajadores, la gerencia de Corpoelec “ha intentado solventar la situación por la vía de las bonificaciones” que son depositadas por el sistema Patria, aunque denuncia que las mismas están siendo mal aplicadas y sin criterio, lo que crea divisiones en el sector.

Esta situación ha llevado a que casi la mitad de la nómina se haya ido de la empresa buscando otras formas de subsistir, porque los salarios de un promedio de siete dólares que cobra la mayoría de los trabajadores y otras bonificaciones, que no impactan en vacaciones, utilidades ni prestaciones sociales, no alcanzan para nada. Prácticamente, llevaron a puyas esos beneficios que son columna vertebral del esfuerzo de los trabajadores, dijo Navas.

El monto general que devengan los trabajadores eléctricos alcanza, si acaso, para cubrir un día de la canasta alimentaria, que en julio tuvo un costo de más de 809 millones de bolívares o $226 al tipo de cambio oficial promedio de ese mes (Bs. 3.569.451,46), según el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda). Ese mes, el Cenda proyectó que diariamente un trabajador necesitó al menos Bs. 26,98 millones (más de $7 diarios) para alimentar a su familia.

                       

Los bonos, sin embargo, no llegan a todos por igual ni en las mismas proporciones. Mientras que un gerente o alto cargo de la industria puede recibir entre 600 millones y 1000 millones de bolívares al mes (entre $150 y $250), otros trabajadores pueden recibir alrededor de Bs. 120 millones y “quien no esté pegado con los de arriba”, cerca de Bs. 15 millones mensuales.

Ello ha llevado a que la mayoría de la fuerza laboral del sector busque alternativas para subsistir. Los trabajadores se convirtieron en comerciantes, exclamó Alexis Rodríguez, y detalló que las actividades van desde vender helados en sus casas o en la calle hasta rebuscarse ofreciendo servicios relacionados con su actividad por cuenta propia. La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) estima que la informalidad abarca más de 47,6 % del empleo total en el país, producto del cierre de empresas y la precariedad del sector público.

Los problemas laborales en la industria eléctrica se extienden también, como los de todo el sector público, a la protección social y los servicios de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), pues los trabajadores eléctricos resaltan que están completamente desprotegidos ante eventualidades de salud o accidentes ejerciendo sus funciones.  No hay ni centros de salud donde nuestros trabajadores puedan ser atendidos, denunció el presidente de Fetraelec.

trabajadores eléctricos
Foto: Alberto Torres

Desde Fetraelec denuncian que la corrupción, la mala gerencia y, recientemente, la falta de apoyo gubernamental son las principales causas del declive de la industria y el bienestar de sus trabajadores. Según investigaciones de la ONG Transparencia Venezuela, entre 1999 y 2016 se invirtieron 37.600 millones de dólares en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), equivalentes a más de 200 hospitales de alta gama, de los cuales al menos 23.033 millones de dólares fueron desviados o malversados en tramas de sobreprecios.

Pablo Ledezma, jubilado desde 2017 con más de 40 años en el sector y miembro de Fetraelec, destacó que el estado actual del SEN “no es un problema solo de los trabajadores”, pues de no hacerse las inversiones y correcciones necesarias la precariedad va a seguir profundizándose y la situación se volverá más crítica. No hay mantenimiento ni reparaciones. El Gobierno solicita reparar el sector, pero no suelta los recursos para hacerlo, va a llegar un momento en el que habrá que privatizar.

Los trabajadores eléctricos, incluso, tienen que sacar de sus bolsillos para medio reparar los vehículos en los que se movilizan, según cuenta Alexis Rodríguez, trabajador activo y miembro del Comité Ejecutivo de Fetraelec: “Es un sistema completamente destruido, la empresa no tiene presupuesto operativo, no hay iluminación, no se compran herramientas ni equipos”.

Los trabajadores, a su vez, critican que persiste la política gubernamental del cobro ínfimo de la energía eléctrica, única fuente de ingresos del sector aparte del presupuesto nacional, y que en los casos que sí se cobra por el servicio las tarifas son aprobadas “de forma anárquica” sin que se esté midiendo efectivamente la energía que consumen las residencias, comercios e industrias. 

Según las últimas mediciones del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), hasta junio de este año 56 % de la población valoró negativamente el servicio eléctrico, cifra que fue superior en Mérida, San Cristóbal, Porlamar y Maracaibo, debido principalmente a que 51,2 % de los consultados reportó bajones y fluctuaciones de electricidad y 34,3 % sufre de interrupciones todos los días.


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