Beatriz Maestre denunció al detective del Cicpc, David Gamboa, por el presunto homicidio de su hijo, Victor Colina, de 18 años, en abril de 2019. Contra el supuesto responsable hay una orden de aprehensión desde el 2 de marzo, pero los efectivos del Conas le dijeron a la madre que no tienen gasolina.
Caracas. Hace casi dos años Beatriz Maestre perdió a su hijo de 18 años y todavía el supuesto responsable no está detenido. Victor Eduardo Colina Maestre, presuntamente, recibió una golpiza en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) en El Tigre, estado Anzoátegui.
Victor fue detenido por funcionarios de la policía científica el 8 de abril de 2019, en el Paseo de la Virgen del municipio Simón Rodríguez, en El Tigre. Iba con dos amigos, uno de ellos menor de edad que fue liberado momentos después.
Beatriz denunció que a su hijo lo golpeó el detective David Gamboa. Previamente, el funcionario había amenazado a Victor por negarse a pagar cuatro toners de impresión, en octubre de 2018, cuando fue detenido por la investigación de un robo que ocurrió en El Tigrito.
“El Cicpc se presentó en mi casa porque supuestamente mi hijo estaba vendiendo unas cosas robadas, no encontraron nada pero se lo llevaron detenido. Me puse muy nerviosa y le pedimos ayuda al detective David Gamboa, quien es sobrino de mi cuñado. Este funcionario pidió los toners para dejarlo libre, pero nosotros no quisimos pagarlos porque mi hijo no había hecho nada malo”, contó Beatriz Maestre a Crónica.Uno.
Por temor a la amenaza Beatriz envió a su hijo un tiempo a casa de su abuelo y luego a casa de su papá. Meses después, cuando regresó a El Tigre, lo detuvieron.
Mi hijo me contó que le metió 16 batazos, fueron los que él contó antes de desmayarse. Cuando despertó vio a David Gamboa dándole cachetadas como para que reaccionara. Uno de sus amigos, el que era menor de edad, antes de salir en libertad escuchó cuando le estaban pegando a mi hijo”.
Beatriz pudo ver a Victor tres días después, cuando quedó en libertad. Al llegar a casa vio los morados que él tenía en la pierna y en los glúteos. Asegura que al joven le costaba dormir porque tenía dolores. Durante seis días lo llevó a la Emergencia del hospital Felipe Guevara Rojas, donde le daban un desinflamatorio y le pedían que regresara a casa.
“El 16 de abril lo dejaron hospitalizado porque lo vieron mal y porque un doctor, amigo de nosotros, intercedió. Los médicos dijeron que tenía hemorragia interna, lo operaron el 17 de abril y ese día falleció, le dio un paro respiratorio mientras estuvo en terapia intensiva, la doctora me había dicho que si quedaba vivo era un milagro”.
Según el informe de Provea, 259 personas fueron víctimas de torturas por parte del Cicpc, en 2019. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cometió 124 torturas, de acuerdo con la investigación.
La organización documentó que en 2019 hubo 23 muertes a causa de las torturas cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado. En la gestión de Nicolás Maduro es la que ha acumulado más casos desde 1989, de acuerdo con la ONG.
Provea sostiene que las torturas en Venezuela se han convertido en una práctica generalizada y sistemática en las cárceles o calabozos contra presos políticos y comunes. 10 denuncias involucraron a la policía científica como el principal organismo en cometer terrorismo de Estado, es decir 45,12 % de los casos registrados en un año.
Orden de aprehensión contra el funcionario
Tras la muerte de Victor, Beatriz acudió al Cicpc y a la fiscalía a denunciar. En diciembre de 2019 y enero de 2020 fue al Ministerio Público en Caracas, en vista de que en el estado Anzoátegui no avanzaba el caso.
“En el Cicpc trataron de tapar la situación. En la autopsia trataron de poner que mi hijo había fallecido por dengue hemorrágico y supe que los patólogos conocían al funcionario, pero logré que se pusiera la verdad”.
Asegura que el caso fue engavetado durante un tiempo y cambiaron de fiscal en varias ocasiones, por eso tomó la decisión de viajar a Caracas dos veces.
El 2 de marzo de este año el tribunal penal en primera instancia libró una orden de aprehensión en contra del detective Gamboa, por la presunta comisión del delito trato cruel en grado de autor, previsto en la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y por presunto homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles en grado de autor.
Cuando llevé la orden de aprehensión al Conas me dijeron que ellos tenían que organizarse porque no tenían gasolina”.
Beatriz pide justicia y que los funcionarios hagan su trabajo porque ha sentido que se burlan de ella en el Cicpc, donde alegan que su caso no es el único.
“Hay otros casos que sí los investigan más rápido. Les pido que se pongan la mano en el corazón, que hagan su trabajo, sin necesidad de estar pagándole a una persona para que puedan hacer algo, no tengo por qué darles dinero. Quiero que tengan ética en su trabajo y lo hagan como debe ser. Le están tapando las cosas malas a esa personas que lo hacen”, dijo.
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