“Maduro nos tiene rabia, nosotros no somos delincuentes”

Para los habitantes del sector La Invasión “la ley no respeta a nadie” y no creen las promesas del Gobierno de que los nacionalizarán y les construirán las viviendas

Mayela Armas/@mayearmas

San Antonio del Táchira. “Esto ha sido muy duro. Esto está peor”, aseveró Liliana una colombiana que vive en el sector La Invasión de San Antonio del Táchira. Hace 11 años llegó junto con su familia procedente de Villa del Rosario, y sentada a las puertas de su casa comentó que “desde más de un mes los militares nos están molestando constantemente”.

Tras el cierre de la frontera y el decreto de estado de excepción en 10 municipios del Táchira, el Gobierno lanzó una OLP (Operación de Liberación del Pueblo) en La Invasión y en el marco de ese operativo allanaron viviendas. En la medida que los efectivos pasaban por la zona las casas eran marcadas con la letra “D” para la demolición y “R” para la revisión.

El Presidente Nicolás Maduro señaló que “La Invasión era una base paramilitar donde se practicaba el esclavismo sexual. La mayoría de quienes vivían ahí estaban en situación irregular eran esclavos económicos porque practicaban el bachaqueo bajo las órdenes de las bandas paramilitares”.

En ese barrio, que tiene cerca de 12 años, viven miles de colombianos, muchos indocumentados. Durante los operativos, más de 1.000 personas fueron deportadas, según datos de la ONU. Otras decidieron irse por su cuenta, luego de las acciones oficiales.

En La Invasión hay áreas que ya son solo ruinas, porque cientos de casas fueron demolidas incluyendo iglesias evangélicas. Todavía muchas viviendas están marcadas. En la zona el miedo impera, pocos quieren contar lo que ha pasado a mes y medio de las medidas ejercidas por el Gobierno, y más porque es constante que los guardias nacionales estén recorriendo las calles del asentamiento.

Liliana, cuyo apellido quiso que se mantuviera en reserva, tiene 26 años y dos hijos pequeños, que son venezolanos. Para esta vendedora informal la situación empeoró con el cierre y tanjatemente dijo que “aquí la ley no respeta a nadie. La Guardia siempre viene a fastidiarnos, a pedirnos los papeles. Vi como a muchos les rompieron la cédula”.

Su prima Claudia (nombre ficticio para preservar su identidad) fue deportada y separada de su hijo de dos años. A los pocos días se devolvió por una de las tantas de trochas que hay en el sector.

“Yo fui deportada porque no tengo los papeles, pero mi muchachito de dos años se quedó y no podía estar lejos de él. Pagué y me vine por la trocha. Mi hermana también fue deportada. Ella sí se quedó en Cúcuta”, comentó.

Liliana que tiene cédula colombiana dice que a ella no le hicieron nada en aquel momento, porque cuenta con una carta de residencia. Con enfado expresó que “Chávez no hizo nada contra nosotros. Maduro nos tiene rabia, nosotros no somos delincuentes”.

Rafael Torres es bordador y su pareja también fue deportada.  Actualmente, está solo con sus dos hijas. “Ella trabajaba en casas de familia y tenía cédula colombiana. Comenzamos el proceso para que ella tuviera los papeles y no lo terminamos”.

Dudas de las promesas

A los días de los allanamientos y demoliciones de las casas en La Invasión, el gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, manifestó en un programa de televisión que se construirían 836 viviendas en esa zona, pero la promesa no ha convencido.

Rafael, quien es venezolano, dijo que “no le creo lo de las viviendas después de lo que pasó”. Luis (nombre ficticio para proteger su identidad), tiene dudas. Este taxista con 10 años en el país indicó que “porque no las hicieron antes. Ya Vielma Mora ha estado aquí y sabe nuestros problemas”.

En La Invasión hay una base de misiones que está cerrada

Los habitantes consultados también tienen desconfianza sobre las nacionalizaciones anunciadas por el gobernador y el pronunciamiento de Unasur de que los colombianos deportados pueden volver. “Dicen que nos van a dar las cédulas, van a recoger las firmas y las huellas, pero no les creo”, añadió Rafael.

En el sector hay una base de misiones que tiene como objetivo dar servicios de educación y salud a la comunidad, sin embargo, está cerrada desde que se registraron los operativos en el barrio.

Los vecinos relataron que en las últimas semanas la ausencia de productos como leche, pasta, arroz, champú, jabón para lavar, jabón para bañarse ha aumentado. En las bodegas que están en el barrio hay pocos artículos y se venden a precios elevados.

Liliana, después de detallar la lista de bienes que no consigue, apuntó que “en este país tiene que aumentar la producción. Que le den los dólares a las empresas para que compren la materia prima para producir los pañales”.

Aunque muchos colombianos se han ido, en La Invasión algunos están dispuestos a quedarse. Liliana y Luis expresaron que no se regresan a Colombia, porque allá los servicios son muy caros. Rafael agregó que “Colombia sirve para trabajar, no para vivir”.

¿Y los controles?

En San Antonio del Táchira el paso solamente está permitido para estudiantes, turistas, trabajadores, personas que tienen tratamientos médicos o requieren comprar una medicina  y colombianos que se van del país, pero por las trochas todavía se cruza la frontera y quienes lo hacen tienen que pagar.

En La Invasión es frecuente que motorizados circulen por las calles llevando personas que van hacia las trochas o buscando a otras que vienen desde Cúcuta. Y cerca de esos pasos hay efectivos militares.

Rafael comentó que ante la necesidad de estar con la familia, su pareja en mes y medio ya ha ido tres veces a San Antonio por las trochas y ha cancelado 3.000 bolívares.

Fotos: Cristian Hernández