La propuesta legal presentada ante la ANC le otorga suprapoderes al mandatario para garantizar “inversiones” en el sector petrolero y revertir expropiaciones, pero el cambio busca eludir las medidas de Estados Unidos bajo un sistema opaco.
Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro sigue buscando fórmulas para maniobrar frente a las sanciones de Estados Unidos que han impactado en la actividad petrolera y en el acceso al sistema financiero internacional. A las colocaciones de oro y a las alianzas con Rusia y China para comercializar el petróleo ahora se suma la “ley antibloqueo”.
El pasado 29 de septiembre el mandatario entregó ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) una propuesta legal en cuyo contenido se otorgan suprapoderes a Maduro para modificar de forma secreta acuerdos y contratos en áreas clave como petróleo, revertir nacionalizaciones y ocultar información a través de un régimen de confidencialidad de documentos.
Analistas y abogados consideran que el marco legal es una nueva forma de evadir sanciones mediante la entrega de participaciones en empresas estatales a compañías de otros países, especialmente aquellas de las naciones aliadas, sin el control del Parlamento.
Así maniobra Maduro:
De 2017 a 2019. En 2017 Estados Unidos impuso sanciones financieras al Gobierno como una forma de presionar por su salida del poder. Las primeras medidas afectaron las operaciones con bonos de la deuda, luego en 2019 aumentaron las acciones, lo que impactó en las ventas de petróleo y el acceso a la banca global. Aunque ya las finanzas de la administración de Maduro venían golpeadas por la caída en la producción de crudo, las limitaciones para exportar incidieron más. Pero durante parte del pasado año el equipo del mandatario logró maniobrar las acciones de la Casa Blanca al vender petróleo en el mercado asiático gracias a la ayuda de los rusos y colocar oro de las minas y de las reservas en naciones como Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
Nuevas formas. Durante años Pdvsa tuvo alianzas con privados para la producción de crudo hasta que el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó a la estatal petrolera tener más de 50 % de control en las empresas mixtas conformadas con compañías nacionales y extranjeras, política que incluso llevó a las nacionalizaciones de algunos bienes. La crisis de liquidez y el colapso de la industria petrolera por la desinversión y la mala gestión, llevó a Maduro en 2018 y 2019 a buscar formas para que privados poco conocidos manejaran ciertas áreas de la actividad petrolera, sin mucho éxito. En la ANC algunos constituyentes evaluaron una reforma constitucional justo para incluir una apertura petrolera, pero dicha reforma fue descartada por el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello. Ahora la estrategia de 2018 y 2019 se intenta concretar en la ley antibloqueo.
Ceder negocio. El instrumento legal entregado ante la ANC contempla modificar la propiedad de las empresas mixtas donde Pdvsa posee más de 50 % del control. El texto señala que el “Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución”.
De acuerdo con esa disposición, el Gobierno cedería parte del negocio petrolero, aunque no se precisa cómo sería el proceso y cómo quedarían las participaciones de Pdvsa en las asociaciones. En días pasados el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, dijo que ley permitirá “mecanismos novedosos” para las inversiones, sin ofrecer mayores precisiones.
Analistas señalan que el sector más afectado por las sanciones es el petrolero, por lo cual el Gobierno se enfoca en buscar maneras de evadirlas. Entre el pasado año y el primer trimestre de 2020 la industria petrolera comercializó el crudo a mercados asiáticos con el apoyo de los rusos hasta que aumentó el cerco de Washington. En ese esquema de venta de petróleo parte de los pagos se hicieron con divisas en efectivo.
Expropiaciones. La propuesta también contempla revertir las expropiaciones de empresas que efectuó el gobierno de Hugo Chávez. Las empresas nacionalizadas tienen un desempeño negativo de baja producción y pérdidas. Al tiempo que la República enfrenta demandas de miles de millones de dólares en tribunales internacionales porque las industrias afectadas buscan sus indemnizaciones.
Por el pobre resultado, la Vicepresidencia de Economía en 2016 evaluó la venta de algunas compañías, pero las cabezas del oficialismo se opusieron a la propuesta. Cuatro años después, Maduro lo contempla en su nuevo proyecto legal. Analistas indican que esa estrategia sería otra vía de eludir las sanciones, debido a que si las empresas pasan a otras manos ya no estarían en el radar del Departamento del Tesoro. Pero agregan que el gobierno no se desligaría del todo de esas industrias.
Opacidad. La ley antibloqueo profundiza la opacidad de información y la censura. El texto indica que habrá “un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el poder público venezolano”. De manera que los futuros contratos que pacte la República, y que deberían pasar por la Asamblea Nacional, serán ocultados. Y aquellos funcionarios que llegaran a dar información estarían sujetos a sanciones. En días pasados El Aissami dijo que los “mecanismos novedosos” para la búsqueda inversión los harán en forma “silenciosa”.
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