La cifra figura en un informe que Provea publicó y en el cual se denuncia que hasta septiembre de 2019 se ha registrado la mitad de estas violaciones de los derechos humanos.
Caracas. La entrada en vigencia en 2013 de la Ley Especial para Prevenir y Castigar la Tortura en nada ha servido para erradicar la comisión de este grave crimen contra los derechos humanos en el país, y prueba de ello es que en el mismo período, el cual coincide con la llegada de Nicolás Maduro al Palacio de Miraflores, esta práctica se ha hecho cada vez más frecuente.
Así lo revela un informe elaborado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en el cual se denuncia que en los últimos 6 años 1150 venezolanos han sido víctimas de algún tipo de trato cruel, inhumano o degradante; y de ellos, 554 lo han sido hasta septiembre de 2019.
“En medio de un acelerado deterioro de la calidad de vida y de la extinción del Estado de Derecho, la tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas. La tortura, como castigo ejemplarizante, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro”, asevera la organización no gubernamental en su reporte, el cual fue elaborado a partir de denuncias recibidas y de información recopilada de los medios de comunicación.
Las cifras son casi cuatro veces superiores a las contabilizadas por la agrupación a lo largo del gobierno del fallecido Hugo Chávez.
Luego de advertir que estos números podrían ser aún más altos, debido a la opacidad reinante en instituciones encargadas de combatir este flagelo (Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Fuerza Armada y policías) y al temor de muchas víctimas a denunciar, Provea indicó que 98 % de los afectados son hombres de los sectores más humildes, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 50 años de edad.
La mayoría de los torturados denunció que sus captores les infligieron “golpes, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, patadas e insultos”. Asimismo, 7 de cada 10 afectados fueron privados de libertad por delitos comunes.
Expertos han advertido que la militarización de los cuerpos de seguridad y la no aplicación de las disposiciones de la Comisión para la Reforma Policial no harían más que reforzar las malas prácticas policiales a la hora de combatir la ola delictiva que sufre el país.
No solo el capitán Acosta Arévalo
El caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, que falleció a consecuencia de los malos tratos que habría recibido mientras estaba detenido en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), es el más sonado, pero no el único en lo que va del año. De acuerdo con Provea, otros 20 venezolanos han muerto debido a las torturas que recibieron a manos de policías y militares.
De acuerdo con los datos manejados por la organización, 19 de las muertes habrían ocurrido en centros de detención de la Policía Nacional, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de organismos de seguridad estadales.
Precisamente, la policía científica es el organismo más señalado de torturar, con 256 señalamientos en su contra; mientras que en segundo lugar se encuentra la Dgcim y en tercero, los custodios de las cárceles.
En la gaveta
Pese a que desde 2013 el país cuenta con una ley especial para castigar este tipo de prácticas con penas de hasta 25 años de cárcel, la misma no ha sido aplicada por las autoridades hasta el momento. En el caso del capitán Acosta Arévalo, los únicos 2 acusados por su muerte (Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate) fueron señalados y condenados por homicidio preintencional a una pena de 6 años y 8 meses de cárcel.
Pero las disposiciones sancionatorias del instrumento no son las únicas que han sido ignoradas, también las relacionadas con la previsión. Así por ejemplo, no se ha vuelto a tener noticias de la Comisión Nacional contra la Tortura, ni se ha aplicado el plan que ella elaboró en 2014 para prevenir esta violación de las garantías fundamentales.
La situación venezolana es tan evidente que, precisamente, el alto número de casos de tortura está entre los motivos argumentados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para crear una misión que estudie la realidad del país.
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