La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, advirtió que no solo analizará la responsabilidad de los uniformados, sino también el papel de los fiscales y jueces para determinar si han “contribuido a perpetuar la impunidad”.
Caracas. Las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes policiales y efectivos militares en Venezuela, bajo el pretexto de combatir el crimen, no hacen más que aumentar. Así lo denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, la cual reveló que en lo que va del año ha contabilizado más de 200 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
“Entre el 7 y el 9 de enero, las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) llevaron a cabo la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha, en el barrio de La Vega, en Caracas. Según fuentes policiales, se desplegaron 650 agentes en la operación. Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, reportó María Viñas, presidenta de la instancia, al presentar este miércoles al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su actualización oral del informe sobre el país que publicaron en septiembre pasado.
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, en el operativo contra la banda de “el Coqui” unas 23 personas habrían perdido la vida. Las autoridades no se han referido a este caso y no han informado cuántos policías fallecidos o heridos dejaron los supuestos enfrentamientos contra delincuentes armados, ni tampoco cuántas armas habrían incautado a los fallecidos.
Más persecución
Pero la Misión Internacional no solo observó un aumento en el número de las ejecuciones extrajudiciales, sino también de la persecución contra la disidencia. Así informó de 36 nuevos casos de presuntas detenciones arbitrarias, aunque reveló que agrupaciones de la sociedad civil le reportaron 100 casos desde septiembre pasado.
Sin embargo, algo que ha causado alarma en la instancia es la ola de ataques y detenciones que vienen sufriendo organizaciones pro Derechos Humanos y caritativas, algo que a su criterio, revela que “el concepto estatal de ‘enemigo interno’ parece ser cada vez más amplio”.
La Misión no pasó por alto el caso de los cinco activistas de Azul Positivo, quienes fueron aprehendidos en enero pasado y señalados de delitos incluidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, por el simple hecho de entregar dinero a sectores más vulnerables para adquirir alimentos en el estado Zulia. La excarcelación de los miembros de la agrupación no satisfizo a la instancia, la cual anunció que investigará cómo fueron tratados.
A la caza de los responsables
Viñas, en su informe, dejó en claro que la Misión continuará recopilando casos de violaciones a los Derechos Humanos, pero también continuará buscando a los responsables.
“De acuerdo con nuestro mandato, profundizaremos en nuestras investigaciones sobre estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando, utilizando el estándar de motivos razonables para creer. También estaremos atentos tanto a las acciones como a las omisiones por parte del Gobierno”, dijo, para luego agregar que “también examinarán las tácticas utilizadas por los perpetradores estatales para eludir responsabilidades o protegerse de la rendición de cuentas, incluida la coordinación con actores no estatales para cometer violaciones y crímenes, como con colectivos y otros grupos armados civiles y guerrilleros”.
Pero la Misión no solo indagará en el papel de los uniformados, sino también de quienes han debido investigar y sancionar cualquier desviación. “Profundizaremos en nuestras investigaciones sobre las respuestas de los fiscales y del Poder Judicial a las violaciones y los delitos. Esto incluye analizar si, mediante actos de comisión u omisión, el Poder Judicial ha contribuido a perpetuar la impunidad”.
Al presentar su informe de gestión correspondiente a 2020, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que desde que llegó al Ministerio Público en 2017, un total de 1019 funcionarios, entre civiles y militares, han sido procesados por delitos de homicidio, torturas, tratos crueles e inhumanos, privación ilegítima de libertad, entre otros. No obstante, admitió que solamente 171 han sido condenados.
La Misión Internacional ha solicitado a las autoridades venezolanas información sobre estas investigaciones e instó al Gobierno de Nicolás Maduro a cooperar y dejar de intentar ocultar los problemas.
“Los derechos humanos deberían efectivamente estar en el centro de la recuperación de Venezuela, pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto”, remató Viñas.
Libertad para Roland Carreño
Valiñas rechazó la persecución emprendida por el gobierno de Maduro sobre periodistas y medios de comunicación en Venezuela. Condenó la detención del periodista Roland Carreño y exigió que sea puesto en libertad.
Todavía no hay fecha fijada para su audiencia preliminar, a pesar de haber transcurrido el plazo establecido por la ley”, denunció.
Reiteró que este no es un caso aislado, y exigió al gobierno que cese la persecución en contra de los medios de comunicación y periodistas.
La misión registró como en los últimos meses funcionarios han acosado periodistas, allanado medios de comunicación y confiscado equipos, para silenciar la realidad política y social de Venezuela.
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