El gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria vuelven a México para discutir sobre el sistema judicial –reformado a troche y moche por el PSUV la semana pasada–, y el sobrecumplimiento de sanciones. En las últimas tres semanas, el oficialismo ha lanzado varias provocaciones a la oposición, pero también le ha dado cancha para facilitar su participación en las elecciones de noviembre.
Caracas. Las delegaciones de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria se alistan para iniciar este viernes y hasta el lunes 27 la segunda ronda de negociaciones en México con dos temas preacordados en la agenda: el respeto al Estado Constitucional de Derecho, al sistema de justicia y a la institucionalidad establecida en la Constitución; y la protección de la economía nacional, medidas de protección social al pueblo y el acceso de Venezuela a los Derechos Especiales de Giro del FMI.
Además, deberían presentar resultados sobre la conformación de la Mesa Nacional de Atención Social, para la cual cada bloque debía designar a tres representantes; así como informar los avances en la revisión de los inconvenientes derivados del sobrecumplimiento de las sanciones internacionales por el sistema comercial y financiero mundial.
Además, flota sobre el ambiente de las negociaciones el avance del cronograma para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre y la decisión que adoptará la Unión Europea sobre el envío o no de una Misión de Observación Electoral (MOE) a ese proceso.
¿Cómo llegan los negociadores para hablar del sistema judicial?
Apenas se bajaron del avión en su retorno al país tras la primera ronda de negociaciones, los integrantes de la delegación oficialista, en su mayoría diputados, corrieron al Parlamento que preside Jorge Rodríguez y aprobaron en cuestión de horas y sin consulta pública un paquete de leyes relacionadas con el funcionamiento del sistema de justicia venezolano. El paquete incluyó:
- Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
- Reforma del Código Orgánico Penitenciario.
- Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.
- Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar.
- Reforma de la Ley del Estatuto de la Policía de Investigación.
- Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal.
- Ley de Transparencia.
La salida hacia delante ejecutada por el madurismo intenta minimizar los argumentos de la oposición en la mesa, que fue la que propuso discutir sobre el sistema de justicia, sobre todo las demandas relativas a las violaciones del debido proceso, retardo procesal, violación de los derechos humanos, uso del sistema de justicia para perseguir y enjuiciamiento de civiles en la jurisdicción militar.
El oficialismo se ha centrado en resaltar ese último punto como bandera de su reforma unilateral, pero expertos en la materia militar, como Rocío San Miguel, afirman que dicha reforma no fue al fondo de los problemas fundamentales del sistema militar de justicia, no incorporó el tema de los derechos humanos y solo vino a reiterar que los militares no pueden juzgar a civiles, como dice la Constitución.
La ONG Acceso a la Justicia reclamó “la falta de información por la AN acerca de estas iniciativas, especialmente por la sensibilidad de su contenido y la trascendencia nacional”, y recalcó que dicha forma de actuar excluye la participación ciudadana prevista en el artículo 70 constitucional.
Pero en medio de ese debate casi clandestino de las leyes, la alta comisionada Michelle Bachelet emitió un nuevo informe sobre Venezuela en el que, a las ya conocidas denuncias sobre violación de los derechos humanos, sumó su preocupación por las condiciones laborales y salariales de los venezolanos. Tres días después de ese reporte ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela publicó su segundo informe en el que reitera que no hay mejoras en materia de derechos humanos en el país, sino que, además, constata que los jueces, fiscales y policías venezolanos contribuyen por acción y por omisión a la violación sistemática de los derechos fundamentales.
¿Y qué ha pasado con la protección/recuperación de activos?
En las tres semanas transcurridas desde el cierre de la primera ronda de conversaciones estalló un escándalo sobre la administración y el estado financiero de la empresa venezolana Monómeros, en control del gobierno encargado de Juan Guaidó desde abril de 2019. El caso de Monómeros provocó un terremoto a lo interno del G4 y causó una clara división entre VP por un lado y PJ, AD y UNT por el otro.
El tema de la protección/recuperación de los activos fue propuesto por la delegación oficialista, que insiste en que se le devuelva a Nicolás Maduro el control de Monómeros, Citgo, el oro en Inglaterra y demás activos, y el escándalo de Monómeros podría favorecer su narrativa. Sin embargo, desde el gobierno encargado se anunció la reestructuración de la empresa y Primero Justicia propuso crear un fideicomiso que garantice la integridad de los activos hasta que se recupere la democracia. El pasado viernes, la delegación oficialista acusó a la opositora de tratar de desentenderse de los temas relativos al rescate de activos.
Por otro lado, el BCV sorprendió a la opinión pública a horas de haber concluido la primera ronda de negociaciones, publicando en su página web un estado de cuenta de las reservas internacionales que reflejaba la supuesta acreditación de los Derechos Especiales de Giro del FMI. Sin embargo, quedó claro que el organismo no ha entregado los fondos porque su directorio no ha decidido si reconoce a Maduro o a Guaidó como presidente legítimo.
Esta semana Julio Borges, comisionado presidencial para Relaciones Exteriores de Juan Guaidó, declaró a Infobae: “La dictadura puso la posibilidad de un acuerdo para acceder a los fondos del FMI. Ellos han hablado de que esas empresas (Citgo, Monómeros), oro y activos, sean tomados por la dictadura. Yo quiero dar tranquilidad: eso no está planteado que sea parte de la discusión en México. La idea es proteger los activos de Maduro, porque si eso cae en manos de Maduro se van a robar todo”.
¿Cuál es el clima político de la segunda ronda?
El 14 de septiembre, la misma semana de la reforma judicial integral, el oficialismo anunció que incorporaría al empresario colombiano Alex Saab, preso en Cabo Verde a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, como miembro pleno de su delegación. La respuesta de la delegación de la Plataforma Unitaria fue que esta “estrategia de defensa del régimen ante el proceso judicial” que pesa sobre Saab no lograría distraerlos de la agenda central del proceso: el retorno de la democracia.
— Gerardo Blyde (@GerardoBlyde) September 15, 2021
La segunda provocación política del oficialismo en estas cortas tres semanas fue el sorpresivo viaje de Nicolás Maduro a México para participar en la Cumbre de la Celac, luego de más de tres años sin salir del país. Además, el destino elegido no fue casual, pues permitió a Maduro conversar personalmente con los anfitriones/facilitadores de las negociaciones e intentar fijar sus términos. ¿Lo logró? Se verá en las próximas horas y fechas de la negociación.
Por otro lado, el clima político de la segunda ronda de negociaciones está marcado por el avance del cronograma para las elecciones regionales del 21 de noviembre, y cuya legitimidad tratan de facilitar el madurismo, el PSUV y el CNE dando a la oposición todas las prórrogas que sean necesarias para que esta alcance los acuerdos internos que garanticen su concurrencia al proceso.
¿Y las regionales y la observación de la UE cómo van?
Esa legitimidad también la busca el oficialismo a través de la aprobación de una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea al país. Aunque es un sector de la oposición (el de Henrique Capriles) el que más lobby ha hecho para lograrlo, para el oficialismo podría ser un plus.
Al respecto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo ayer desde Nueva York que el bloque no ha descartado esa posibilidad, aun cuando desde otro sector de la oposición, liderado por Voluntad Popular, se hace recurrente hincapié en que no hay condiciones mínimas ni para la elección ni para el envío de una MOE-UE.
“Todavía no tenemos un acuerdo para eso, estamos discutiéndolo”, dijo Borrell, al tiempo que apoyó el proceso de negociaciones en México: “Se necesita avanzar hacia la celebración de unas elecciones presidenciales y legislativas con garantías y otras muchas cosas más para ir construyendo un gran acuerdo nacional. Nos parece muy bien la iniciativa que han tomado los noruegos con el apoyo de México”. La semana pasada Borrell había dicho que el envío de la MOE “dependía de la oposición”.
Un día antes, el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, se había reunido personalmente con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, a quien le expresó su preocupación por las condiciones en las que viajaría una MOE a Venezuela.
“Nos preocupa que bajen los estándares europeos de lo que es una elección libre, porque eso solo blanquearía al régimen y sería muy peligroso. No es lo mismo acompañamiento que observación. Lo que nosotros pedimos es observación electoral, y para eso hay unas condiciones que se dan o no se dan”, dijo López.
Como parte de un debate registrado este jueves en redes sociales sobre el tema, el escritor Phil Gunson, integrante del Crisis Group, publicó la siguiente cita extraída del Manual de Observación Electoral de la Unión Europea: “La decisión de enviar o no una misión no debe ser considerada como un juicio sobre si la elección estará o no en consonancia con los estándares internacionales”.
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