Solo este año Monómeros fue objeto de tres escándalos: la firma de un contrato desventajoso para la empresa, la crisis financiera que llevó a la Superintendencia de Sociedades de Colombia a dictar una medida de control máximo, y la presunta contratación de empresas vinculadas con la familia de Leopoldo López. Los trabajadores ven su futuro incierto. Mientras, el gobierno encargado de Juan Guaidó y la AN 2016-2021 responden con lentitud.
Caracas. En el caso de Monómeros, podría decirse que tuvo que llegar la sangre al río para que el gobierno encargado de Juan Guaidó, la Comisión de Contraloría y la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2016-2021, tomaran cartas en el asunto. O al menos pretendieran que las tomaban, pues pese al impacto del escándalo en la ya roida cohesión del G4, tras casi dos meses de la aprobación del informe y el acuerdo presentados a la Delegada por la comisión especial enviada a Barranquilla para investigar el caso, no se conoce la ejecución de ninguna de las acciones acordadas:
- No se ha iniciado el procedimiento parlamentario para establecer la responsabilidad política de la expresidente de Monómeros, Carmen Elisa Hernández y del contratista Jorge Pacheco en el supuesto intento de toma hostil de la empresa;
- No se ha informado si el proceso de reforma de los estatutos de Monómeros avanza o al menos se inició;
- No se ha vuelto a tener noticias de la comisión especial que se suponía debía continuar las investigaciones;
- Y tampoco se ha informado públicamente si el Consejo Político (instancia que nunca se llegó a conformar oficialmente pero que debería tener un representante de cada partido del G4) inició el trámite para la contratación de una empresa internacional que lleve adelante el proceso de selección del personal de primera línea de Monómeros. Contratación para la cual el Consejo Político no tendría calificación constitucional, por cierto.
Tampoco se ha implementado la recomendación de intervención inmediata que formuló en septiembre la Comisión de Contraloría presidida por Macario González (VP). Ni siquiera se pudo ejecutar el decreto presidencial que Guaidó intentó pasar por la Delegada el mismo día que se discutió el informe de la Comisión Especial, el 2 de noviembre, y que planteaba la destitución del actual gerente general, la realización de una auditoría integral y la contratación de una firma de reclutamiento especializada para que ayudara en la efectiva reestructuración de toda la directiva. Pero echemos la película hacia atrás.
Monómeros en la boca de todos todo el año
Monómeros ha pasado ya por cuatro escándalos relacionados con su funcionamiento y administración desde que la oposición liderada por Guaidó tomó el control de la misma, en abril de 2019.
El más reciente estalló el pasado 11 de noviembre cuando se conoció que la empresa Llorente & Cuenca Colombia había sido contratada por Monómeros en septiembre de 2020 para prestar servicios de comunicaciones, bajo un contrato de 38.000 dólares. Una de las empresas adscritas a Llorente & Cuenca Colombia es Advocacy LatAm, cuya vicepresidenta es María Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López el mentor de Guaidó. La respuesta de López fue que para esa fecha, su madre no estaba en pleno ejercicio de su cargo porque estaba sometida a tratamientos médicos, mientras que Llorente & Cuenca emitió un comunicado en el que dijo que Mendoza no estuvo relacionada con ese contrato.
Pero el escándalo de los López Mendoza prácticamente salió a flote en medio del escándalo anterior y que llevó a la Delegada y al gobierno encargado a actuar: el relativo a los presuntos malos manejos del gerente general Guillermo Rodríguez Laprea y el presunto complot de la expresidente Carmen Elisa Hernández para quebrar a Monómeros. Situaciones que trascendieron los galpones de Monómeros cuando la Superintendencia de Sociedades de Colombia dictó en agosto una resolución de control máximo sobre la empresa.
Antes de ese, entre abril y junio de este año, el Sindicato de Trabajadores de Monómeros denunció que la gerencia de Rodríguez Laprea había firmado un contrato de 15 años con una empresa panameña sin trayectoria, que violaba los estatutos de la propia Monómeros, a la que además le cedía 60 % de sus operaciones y ganancias, LionStreet Corp S.A. En medio de la bulla mediática, sobre todo en Colombia, Monómeros rescindió el contrato. En septiembre, durante las comparecencias del exgerente Gustavo Sol y del propio Rodrígiuez Laprea ante la Comisión de Contraloría de la AN 2016-2021, se supo que en 2020 este último representó a una empresa, Insumos del Pacífico, con la que intentó que Monómeros firmara un contrato parecido al que él mismo le dio a LionStreet meses después ya como gerente general.
Y el más viejo de todos, que de haber sido atendido oportunamente quizá habría evitado todos los demás, se desató en noviembre de 2019 cuando nada más y nada menos que el embajador de Guaidó en Colombia, el respetado y reconocido experto petrolero y diplomático venezolano Humberto Calderón Berti, denunció que los partidos políticos del G4 tenían una indebida injerencia en las decisiones empresariales de Monómeros. En ese momento, Guaidó destituyó a Calderón, los partidos se hicieron los desentendidos y las gerencias posteriores nombradas por la plenaria de la AN primero y por la Comisión Delegada después, siguieron respondiendo en mayor o menor medida a los partidos del G4.
Supersociedades metió la lupa
Las consecuencias de la injerencia partidista en las operaciones de Monómeros afloraron este año. Antes de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia sometiera a Monómeros Colombo Venezolanos S.A., a la figura de control en septiembre de este año, la gestión de su junta directiva controlada por el gobierno encargado de Juan Guaidó desde 2019, ya estaban bajo la lupa.
En julio de 2021 la Superintendencia había iniciado un proceso denominado “toma de información en el domicilio social” para determinar si la empresa llevaba su contabilidad regular, si se habían convocado las reuniones de accionistas, si el revisor fiscal cumplia adecuadamente sus funciones y si se estaban cumpliendo los compromisos con los acreedores, entre otros puntos.
En septiembre, cuando se hace pública la resolución 2021-01-515418, Supersociedades establece que Monómeros atravesaba por problemas de liquidez que le impedirían operar normalmente, flujo de caja con proyección negativa, riesgo de incumplimiento de pago a los acreedores, incumplimiento de normas de transparencia para evitar blanqueo de capitales, renuncia de trabajadores por acoso y falta de acceso a créditos bancarios, esto último como consecuencia en parte, de las sanciones estadounidenses a pesar de que la empresa cuenta con una licencia de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos, desde 2019, que le permite operar.
Supersociedades reveló que para el mes de mayo de 2021, la deuda de Monómeros con sus proveedores en el exterior ascendía a $ 129.649.177.602.
En el comunicado publicado el 6 de septiembre, la institución anunció su decisión de llevar a Monómeros a máximo control para “ordenar los correctivos necesarios y subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo”. Y es que según la revisión de Supersociedades, Monómeros también incumplió algunas de las obligaciones que guardan relación con el Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrlaft). Adicionalmente, “de manera preliminar”, se evidenció que la sociedad tampoco había seguido las instrucciones relacionadas con la adopción del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PEE).
Otra de las irregularidades detectadas fue que la totalidad de las actas de la Junta Directiva de 2021, carecía de las firmas de quienes actuaron en cada una como presidente y secretario. “Solo después de la inspección de la Superintendencia fue que Monómeros procedió a legalizar la totalidad de las actas”, afirma la institución. Sobre esto en comparecencias posteriores ante la Comisión de Contraloría de la AN 2016-2021, la expresidente de la junta directiva, Carmen Elisa Hernández, dijo que las actas no estaban firmadas porque debido a la pandemia las reuniones de la directiva empezaron a llevarse de forma virtual.
El coco de las sanciones
Desde 2017 la compañía ha enfrentado dificultades para acceder a financiamiento producto de las sanciones de Estados Unidos sobre Pdvsa y el gobierno de Nicolás Maduro, situación que no ha sido solventada, aún con la licencia de la OFAC en la mano, pues ese instrumento exime a Monómeros de algunas sanciones y está vigente hasta junio de 2022.
Aunque la licencia le permitió a Monómeros restablecer las relaciones con la banca nacional colombiana, se mantuvieron las trabas para acceder a operaciones de compra y venta de divisas, productos en moneda extranjera, acceso a cupos de crédito, intermediación de transacciones de pago de importaciones y recaudo de exportaciones. “Los servicios mencionados anteriormente los tiene bloqueados”, asegura la empresa.
Esto provocó que Monómeros no pudiera comprar ni vender divisas a la banca colombiana para a su vez comprar suministros, que en 85 % corresponden a empresas del exterior, por lo tanto, se le generaban sobrecostos en las transacciones de pago a los proveedores de materias primas a través de factoring, los cuales superan $ 1,5 millones al año.
Una vez conocida la medida de SuperSociedades, Monómeros se acogió a un plan de rescate para empresas afectadas por la pandemia que había creado el gobierno de Colombia en el año 2020. De acuerdo con un balance parcial presentado por Monómeros el 12 de noviembre de este año a través de sus redes sociales, esa decisión había producido “resultados extraordinarios” en los balances de la compañía.
La gerente de Finanzas, Alexandra Del Valle dijo en un vídeo publicado en Internet que agosto fue un mes de excelentes resultados operacionales; que septiembre, pese al “ruido mediático” había cerrado mejor que agosto y que para mediados de octubre la empresa había alcanzado más de un billón de pesos en ventas.
“La empresa cierra con los mejores resultados de los últimos tres años y el mes de octubre con mejores indicadores de los últimos cuatro años, logrando una utilidad acumulada de más de 20.000 millones de pesos ($ 5.148.270) en lo que va de año”, dijo Del Valle.
La incertidumbre y los trabajadores
El otro factor que ha jugado contra las operaciones de Monómeros, más allá de la partidización de su gerencia es la incertidumbre, tanto de los trabajadores como de los proveedores en Colombia.
Primero a partir de abril de 2019 cuando esta pasó a ser controlada por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado de Venezuela; y luego a mediados de este año, pues por un lado Maduro comenzó a reclamar la devolución del activo en la mesa de negociaciones instalada en México, y por el otro, los trabajadores no saben qué pasará con Monómeros luego del 4 de enero de 2022 cuando según el Estatuto que rige al gobierno de Juan Guaidó concluiría su mandato. ¿Eventualmente volverá a manos de Nicolas Maduro? ¿Pasará al control del gobierno colombiano?
En el informe que presentó ante la Comisión Delegada de la AN 2016-2021 la comisión especial designada para investigar la crisis de Mónómeros, se asegura que la empresa estaba siendo objeto, a lo largo de este año, de un complot entre trabajadores y extrabajadores de la compañía, absorbidos por Nitron Group, para que esta última se convirtiera en el principal acreedor de la empresa y en un momento determinado, cuando Monómeros quebrara o no pudiera pagar sus deudas, apropiarse de la mayoría accionaria.
Monómeros tiene en nómina a 555 empleados, pero en total genera unos 1500 empleos indirectos. Hasta agosto de este año la compañía enfrentaba 218 demandas laborales, sobre esto la Superintendencia dijo:
“El gran volumen de demandas de naturaleza laboral constituye un aspecto de relevancia que amerita una supervisión mayor, en la que por parte de la Sociedad se presenten los respectivos planes y programas de mejoramiento, tanto respecto del número de demandas laborales, como de los posibles efectos que pudieran tener las contingencias, en el evento en que los respectivos fallos resultaran desfavorables para la empresa”.
Qué han hecho la Delegada y el gobierno encargado
En medio de un intercambio de señalamientos, principalmente entre Voluntad Popular y Primero Justicia sobre las razones que ocasionaron la crisis, el 14 de septiembre por primera vez el tema de Monómeros llega a la Comisión Delegada, aunque la Fracción 16 de Julio había solicitado en al menos dos ocasiones este año (abril y junio) incluirlo en la agenda. Ese día, en ausencia de los diputados de Voluntad Popular, las fracciones de AD, PJ y UNT leyeron y aprobaron sin debate una carta dirigida al presidente de Colombia Iván Duque en el que le solicitaban:
- La integración de una mesa de acompañamiento con participación de Colombia y de Estados Unidos;
- Que se reanudaran las líneas de crédito de la banca colombiana hacia Monómeros;
- Y que Duque apoyara la petición de un financiamiento a largo plazo ante organismos multilaterales.
Ese mismo día, pero unas horas antes de la reunión de la Delegada, Guaidó había sido consultado por periodistas sobre el tema en una rueda de prensa y había adelantado que su respuesta ante la crisis de Monómeros sería ordenar una reestructuración completa de la directiva, una auditoría integral y trabajar de la mano del gobierno de Colombia en la recuperación de la empresa.
Una semana más tarde, el 21 de septiembre la Comisión de Contraloría inicia su propia investigación con un cronograma de interpelaciones que se extendió varios días e incluyó, entre otros, a:
- La expresidenta de Monómeros Carmen Elisa Hernández, vinculada a Voluntad Popular;
- El diputado de la Fracción 16 de Julio, José Luis Pirela, que pidió varias veces tratar el tema;
- El coordinador de las rendiciones de cuentas del gobierno encargado Yon Goicochea, de Voluntad Popular;
- El exgerente general de Monómeros, Gustavo Sol;
- Y al actual gerente general Guillermo Rodríguez Laprea, vinculado a Acción Democrática.
Esa investigación llevó a la Comisión de Contraloría a apoyar públicamente la reestructuración anunciada por Guaidó y pedir la destitución inmediata de Rodríguez Laprea.
El 5 de octubre, Juan Guaidó presenta a la Comisión Delegada, para su aprobación, un decreto presidencial para la reestructuración de Monómeros; sin embargo, el mismo no fue considerado pues la fracción de Primero Justicia solicitó su diferimiento.
El 12 de octubre la Comisión Delegada aprueba un acuerdo –objetado en su forma y fondo por la Fracción de la Concertación- en el que se designa una comisión especial integrada por un diputado de cada fracción, para que viajara a Colombia, se entrevistara in situ con la junta directiva de Monómeros y determinara los correctivos a aplicar.
El 2 de noviembre Juan Guaidó intenta que la Comisión Delegada apruebe su decreto de reestructuración (diferido el 5 de octubre), antes de discutir el informe y el acuerdo parlamentario elaborados por la comisión especial para el caso Monómeros, pero su petición solo es apoyada por los 3 diputados de VP y uno de Prove, y rechazada por los otros 10 diputados de AD, PJ y UNT forzándolo a engavetar su propuesta. Ese día la Delegada aprobó el informe y el acuerdo a los que hacemos referencia al comienzo de esta nota, y cuyos mandatos aún no han sido cumplidos.
El informe concluye que la crisis de Monómeros es resultado de la excesiva partidización de las juntas directivas, pero paradójicamente propone como solución que una instancia denominada Consejo Político, integrada por los dirigentes nacionales del G4, se reuna, elabore un nuevo Estatuto de Funcionamiento de la empresa y contrate a una compañía internacional de reclutamiento para todas las posiciones de primera línea de Monómeros.
El 3 de noviembre los diputados de la Comisión de Contraloría apoyados por otros 40 parlamentarios electos en 2015, emitieron un comunicado en el que afirman que esa instancia no renunciará a sus competencias de investigación y seguirá indagando sobre el entramado de Monómeros, pese a que el acuerdo aprobado el día anterior por la mayoría de los integrantes de la Delegada los relegó de esa función.
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