De acuerdo con el reciente informe del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el Arco Minero del Orinoco contribuye a prácticas de esclavitud moderna, que incluye a víctimas de explotación laboral y sexual.

Puerto Ordaz. La falta de voluntad política e institucionalidad en Venezuela sirve de caldo de cultivo para que cada vez haya más víctimas de las prácticas de esclavitud moderna. En el caso del estado Bolívar, su mayor asidero lo tiene en el Arco Minero del Orinoco y sus principales víctimas son mujeres y niñas. La edad de las víctimas está comprendida entre 12 y 35 años.

Estas son parte de las conclusiones del informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, sobre las formas contemporáneas de esclavitud moderna, con énfasis en la situación del estado Bolívar.

Beatriz Borges, investigadora del CDH UCAB y directora de Cepaz, destacó que con voluntad política y leyes se puede dar medidas efectivas que conlleven sanciones, así como protección y asistencia a las víctimas. Sin embargo, si bien es cierto que en Venezuela hay asideros legales, “no hay voluntad política e institucionalidad que brinde esta protección efectiva”.

Eumelis Moya, coordinadora e investigadora del CDH de la UCAB Guayana, señaló que si bien Bolívar no es el único estado con esta realidad, es donde se hacen visibles y medibles las consecuencias que puede tener este tipo de situaciones de esclavitud moderna y su afectación en la mujer.

La minería con centro de todo

El Arco Minero del Orinoco figura como un elemento catalizador ante una posibilidad de trabajo. Incluso para aquellos en condiciones laborales regulares, pero que ven en las minas una forma de mejores ingresos económicos. El riesgo es estar en prácticas de explotación laboral.

No es solo la normalización, en Bolívar vivimos una situación de anomia, donde lo irregular se ha vuelto normal y se ha tendido a no erradicar estas prácticas, sino a normar de manera jurídica el desenvolvimiento de esta”, alertó Moya.

La presencia de grupos armados y el control que ejercen en la zona no es algo nuevo. De hecho, estos controlan entre 30 % y 50 % del territorio, de acuerdo con el informe.

Sin embargo, para el ciudadano común, trasladarse hasta las zonas mineras requiere pasar por no menos de 17 alcabalas, por lo que no se entiende cómo la movilización de estas personas, que serán sometidas laboral o sexualmente en el contexto minero, pasa desapercibido.

El informe de la CDH UCAB destaca que una práctica de las zonas mineras es la violencia sexual y física, en especial la trata de personas, explotación sexual y prostitución forzada.

Mujeres y niñas entre 12 y 35 años son víctimas de formas de esclavitud moderna en Bolívar
Los trabajos en las minas sirven de caldo de cultivo para las distintas formas de esclavitud moderna, como trata de personas, explotación sexual y prostitución. Foto Jhoalys Siverio
El perfil de las mujeres

El trabajo de la mujer en los yacimientos también se presenta como minera, no solo como cocineras u otros relacionados con este modo de vida. Pero el común es la explotación y violencia contra ellas.

Un tema recurrente y preocupante es la demanda de mujeres jóvenes en las minas. Las menores de edad y las mujeres consideradas vírgenes tienen un precio superior”, mencionó Moya.

La mayoría de estas personas atraviesan una condición económica precaria y buscan salida en estas zonas, lo cual las hace vulnerables. Cabe destacar que no todas son del estado Bolívar, también se da la migración interna. Muchas han admitido venir de Maturín, Carúpano, Maracaibo, Mérida y San Cristóbal.

El tráfico sexual también opera de la mano e intrínsecamente con la minería ilegal en Bolívar. Existe una alianza entre ambos flagelos, en la que utilizan a las mujeres como mercancía. De parte del Estado no hay ninguna protección y, en cambio, normalizan esta situación y ejercen violencia contra las víctimas y no contra los victimarios.

La realidad de las “currutelas”

Sobre las llamadas “currutelas”, Moya explicó que estas no son más que barracas con disposición continua de chinchorros, separadas por láminas de plástico.

“La prostitución no es como se muestra en las películas, es un intercambio sexual en el que están expuestas a otras condiciones, lejos de la familia, en riesgo por el tema de violencia minera y conquista de espacios. Hubo un testimonio que textualmente nos dijo: ‘El tema no es acostarse con los mineros. Usted no ha visto lo que es acostarse con un hombre que no ha visto mujer en tres meses’”, relató la coordinadora de la CDH UCAB Guayana.

Aunque no hay cifras oficiales de las mujeres prostituidas en Bolívar, el informe indica que –según una fuente de la Policía del estado Bolívar, en el municipio El Callao– son aproximadamente 3500 las que ejercen la prostitución.

Estas mujeres tampoco tienen poder de consentimiento, ni de su tiempo ni de decidir con quien sí y con quien no. Hay quienes también llegaron engañadas con una promesa de trabajo y luego las obligaron a prostituirse. La CDH ha conocido casos donde las drogan y privan de toda posibilidad de decisión.

El Estado, por su parte, solo guarda silencio. Hay denuncias, incluso, contra funcionarios militares que obligan a las mujeres a prestarles servicios sexuales.

Desapariciones, mutilaciones y asesinatos

Las mujeres en las zonas mineras tampoco están exentas de ser víctimas de desapariciones, mutilaciones y asesinatos.

Según la organización Codehciu, entre el año 2012 y el 15 de agosto de 2020, hubo 77 desaparecidos en minas del sur de Bolívar: 13 son mujeres y 64, hombres.

Asimismo, existe una denuncia en la población de El Dorado, sobre dos mujeres que dieron positivo para VIH y presuntamente las descuartizaron.

La CDH UCAB insiste en llamar la atención de las autoridades, y a la población en general a no normalizar estas prácticas de esclavitud moderna, con sensibilización en género.


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