Han pasado casi seis años desde que funcionarios de la Policía del estado Bolívar detuvieron a Nelson Carpio cuando tenía 17 años de edad. Nunca más se supo de él.
Ciudad Guayana. Fue el 17 de noviembre de 2015 la última vez que Eladia y Edgar vieron a su hijo Nelson Omar Carpio Guarisma. Tenía 17 años de edad para entonces. Esa mañana salió de su casa, cerca de la calle Arismendi del sector San José de Chirica, en San Félix, en una bicicleta prestada.
Testigos vieron cuando Nelson Carpio iba llegando a un comercio adyacente a la avenida Manuel Piar, de San Félix. Lo interceptaron cuatro funcionarios de la Policía del estado Bolívar (PEB), lo golpearon en la cabeza y lo montaron en la patrulla identificada con un número cuyos dos primeros dígitos son 44. De allí se dirigieron a la vía Upata, de acuerdo con la narración de testigos presenciales.
Desde entonces no se supo más de Nelson Carpio, ni de su paradero ni de su estado físico. Sus padres mantienen la esperanza de encontrarlo con vida, mientras han transcurrido casi seis años sin respuesta ni justicia.
El pasado 17 de agosto se celebraría a las 10:00 a. m. la segunda audiencia de juicio en contra de los imputados, pero en horas de la tarde el tribunal notificó el diferimiento.
Quiero saber dónde está mi hijo, ¿qué hicieron con mi hijo? Quiero saber la verdad sobre su paradero. Sabiendo la verdad, nosotros también descansaríamos porque vivimos una pesadilla desde hace más de cinco años. Tener el hijo desaparecido y no saber qué le hicieron, es algo tan horrible”, fueron las palabras de Edgar Carpio a las afueras del Palacio de justicia de Puerto Ordaz.
Tres imputados
Por las investigaciones del caso, el Ministerio Público emitió ordenes de captura en contra de tres funcionarios de la PEB. Cristian José Santana Díaz y Davison José Vargas Medina fueron detenidos el 13 de diciembre del 2016 y presentados el 15 de diciembre ante el Tribunal Primero de Control de Puerto Ordaz.
“Fueron imputados y privados de libertad preventivamente en la comisaría de Guaiparo, por los delitos de desaparición forzada continuada de acuerdo con el artículo 120 en relación con el artículo 90, ambos del Código Penal, y el 217 de la Lopnna, por la presunta comisión del delito grave de desaparición forzada contra el adolescente Nelson Omar Carpio Guarisma”, recordó Yolvis Moreno, abogado defensor de la familia de la víctima.
La tercera persona imputada es Yerania Vargas, capturada el 15 de febrero de 2017. Para el momento en que ocurre la desaparición de Nelson Carpio, esta era comandante del Centro de Coordinación Policial Francisca Duarte, en San Félix. Presuntamente fue quien ordenó la detención del adolescente. Se le imputaron los delitos de cómplice necesaria en el delito de desaparición forzosa de persona, con la agravante prevista en la Lopnna.
Aunque el Ministerio Público solicitó la privativa de libertad, después de 72 horas, la jueza Niurka González otorgó la libertad bajo régimen de presentación a Yerania Vargas, “a pesar de que la pena a imponer posiblemente sea de, al menos, 25 años en el caso de que el Ministerio Público demuestre la responsabilidad penal de la funcionaria”, acotó Moreno.
Señaló que esa decisión omite los principios constitucionales de la justicia y el peligro de fuga latente.
“Hasta la fecha, la fiscalía no ha presentado escrito acusatorio en contra de la ciudadana Yerania Vargas, excomandante del Centro de Coordinación Policial Francisca Duarte”, agregó.
Violación de DDHH
El abogado Yolvis Moreno destacó también que por la gravedad del delito tiene carácter de continuado o permanente. Ello significa que la acción penal y la pena que se imponga judicialmente no están sujetas a prescripción.
Las autoridades competentes deben dar respuesta de su situación y paradero a su familia que, incansablemente y multiplicando su dolor y angustia, sigue esperando que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales”, puntualizó.
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) desde entonces acompaña a los padres de Nelson Carpio en la lucha porque el caso no quede impune.
Mairis Balza, abogada experta en derechos humanos y coordinadora general de Codehciu, destacó que el caso de Nelson Carpio es representativo de una grave violación a los derechos humanos por desaparición forzada de un adolescente.
“Es un hecho que se agrava también por el retardo procesal en el juzgamiento, que hoy nos deja ante la posibilidad de su liberación por otorgamiento de medidas cautelares o absolución, aunque la tipificación sea desaparición forzada, lo cual no admite ningún tipo de beneficios”.
Necesidad de respuestas
Los padres de la víctima tampoco han tenido la mínima atención para lograr verdad, justicia y reparación.
La familia de Nelson Carpio merece respuestas, saber la verdad de los hechos, conocer sobre el paradero de su hijo o de sus restos, dado el tiempo transcurrido desde su desaparición. Merece que los responsables sean juzgados por los tribunales nacionales y sean condenados por los hechos”, sostuvo Balza.
Codehciu aboga igualmente por la reparación a la familia de la víctima, mediante medidas de indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. “El adolescente fue víctima de una desaparición forzada a manos de funcionarios de la Policía del estado Bolívar, y el Estado tiene la obligación ineludible de responder”.
Balza explicó que hacer justicia que se repare a las víctimas pasa por:
- Lograr una sentencia condenatoria por desaparición forzada para los imputados.
- Que como parte de la sentencia los responsables digan qué pasó con Nelson o qué hicieron con su cuerpo, dónde encontrarlo para que su familia cierre el duelo.
- Indemnización individual, colectiva, material, moral y simbólica.
- Rehabilitación para sus padres, como medida para sobrellevar el dolor ante el horror de la desaparición de su hijo.
- Garantías de no repetición.
“Esta es una reparación integral, muy necesaria para sanar las heridas ocasionadas en su familia, en la comunidad. Las consecuencias de hechos como este son devastadoras también socialmente. Hacen que se pierda la confianza en los órganos e instituciones del Estado. Rompe el tejido social, revela una fragilidad institucional y corrompe, quien gana en este contexto es la impunidad”.
Hasta ahora, Cristian José Santana Díaz y Davison José Vargas Medina siguen privados de libertad acusados de desaparición forzada y agavillamiento.
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