En noviembre de 2021 la Comisión Delegada acordó determinar la responsabilidad política de los promotores de un presunto complot contra Monómeros, acompañar a la empresa en su reestructuración y contratar una auditoría externa. La comisión especial de seguimiento al caso aún espera que Acción Democrática designe a su representante. Mientras, Monómeros destinará $ 300 millones a una nueva planta.
Caracas. El pasado primero de mayo, varios medios colombianos difundieron una nota de prensa emanada por la empresa Monómeros. Aunque la compañía venezolana con sede en Barranquilla cerró 2021 en medio de un inmenso escándalo investigado a ambos lados de la frontera por supuestos malos manejos y operaciones poco transparentes, la noticia no tenía nada que ver con correctivos a tales señalamientos.
La noticia no trataba sobre su reestructuración, rendición de cuentas, la reforma de sus estatutos, o los resultados de alguna auditoría externa que desde noviembre había acordado la Asamblea Nacional 2015, sino sobre la apertura de una nueva planta de procesamiento en Barranquilla que significaría para la empresa una inversión de 300 millones de dólares, como parte de un acuerdo firmado entre Monómeros y la alcaldía de esa localidad.
“Con esta iniciativa nos preparamos para entregar mejores fertilizantes, amigables con el medio ambiente, que respalden la sostenibilidad agrícola del país (Colombia), que en los tiempos de hoy se ve impactada por los vaivenes de la política internacional, golpeando los bolsillos de los colombianos”, dijo Guillermo Rodríguez Laprea, gerente general de Monómeros.
Rodríguez Laprea estuvo en el foco del escándalo de Monómeros de finales de año, porque la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional electa en 2015 y presidida por Macario González del partido Voluntad Popular, pidió su destitución inmediata por considerar que había incurrido en malas prácticas gerenciales.
Sin embargo, una comisión especial designada por la AN2015 en octubre para investigar en profundidad las denuncias, exculpó a Rodríguez Laprea de todo mal y puso el peso de las responsabilidades en hoy expresidenta de la compañía, Carmen Elisa Hernández, y en un contratista de nombre Jorge Pacheco.
El diputado electo en 2015 por el partido Gente Emergente, José Luis Pirela, uno de los principales promotores de la investigación sobre las irregularidades en Monómeros, sostuvo que “la permanencia de los miembros de la junta directiva, corrupta, negligente, incapaz, malhechora y apátrida, se mantiene allí hasta ahora, por responsabilidad de factores políticos”.
¿Cuáles medidas se acordaron y no se han cumplido?
El pasado 2 de noviembre de 2021, además de determinar la supuesta orquestación de un complot contra Monómeros, la comisión especial propuso y la Comisión Delegada acordó las siguientes medidas, ninguna de las cuales se ha aplicado:
- Iniciar el procedimiento parlamentario para establecer la responsabilidad política de la expresidente de Monómeros, Carmen Elisa Hernández y del contratista Jorge Pacheco en el supuesto intento de toma hostil de la empresa;
- “Acompañar a la empresa en la nueva configuración, tanto de estructura como de competencias”;
- Continuar con las investigaciones iniciadas en octubre por parte de la comisión especial;
- Presentar (dentro de los 10 días continuos siguientes al acuerdo, es decir, en noviembre de 2021) “un nuevo estatuto de la empresa Monómeros”. Esta normativa debía ser redactada por un órgano que teóricamente había sido eliminado en diciembre de 2020, pero que en la práctica seguía operativo para ese momento, denominado Consejo Político, integrado por un representante de cada partido del G4.
- También el Consejo Político debía –aunque no tuviera competencias legales para ello, pero así lo dice el acuerdo parlamentario- tramitar la contratación de una empresa internacional que llevara adelante el proceso de evaluación, recomendación, postulación y de todas las posiciones de primera línea de la empresa. Una vez que dicha consultora presentara sus conclusiones, “la Asamblea Nacional, tendrá un máximo de 15 días para tomar las decisiones correspondientes”.
La empresa sigue intervenida
Consultado por Crónica.Uno sobre la falta de avances en la investigación y adopción de las medidas de control, Pirela consideró que las mismas no fueron más que “pura campaña publicitaria”, al punto de que la directiva cuestionada ni siquiera se tomó la molestia para responder oficialmente cuando la AN2015 aprobó el informe y el acuerdo que la señalaban.
A mediados de abril pasado, antes de que se conociera el nuevo acuerdo con la alcaldía de Barranquilla, el parlamentario aseguró que “la empresa presenta graves niveles de endeudamiento y obligaciones que comprometen patrimonialmente su futuro, por lo que se han negado a la realización de una auditoria externa confiable”.
Pero al hacerse público el convenio que implicaría un desembolso de más de 300 millones de dólares, escribió a través de su cuenta Twitter: “Estos malhechores de la directiva siguen comprometiendo el patrimonio venezolano, continúa el reparto y la pillería. Basta de complicidad e impunidad”.
Pirela recalcó que la Superintendencia de Sociedades de Colombia, ente que había encendido las alarmas el año pasado sobre las irregularidades en el funcionamiento de Monómeros mantiene vigente una medida de control sobre la empresa, que fue dictada en agosto y ratificada el 30 de diciembre de 2021.
“Supersociedades puso al descubierto el incumplimiento y violación sistemático y continuado de las normas y leyes, entre ellos podemos resaltar la falta de implementación del Sistema de Autogestión de Riesgo de Lavado de Activos”, dijo el parlamentario.
La piedra de tranca es blanca
En ninguna de las sesiones de la Comisión Delegada ni de la plenaria realizadas en lo que va de año se ha discutido ninguna actualización sobre el caso Monómeros. No se ha llevado como punto de información, no se ha recibido ninguna documentación en la cuenta de las sesiones, ni tampoco ha sido incluido como punto de debate en el orden del día.
La única mención a Monómeros este año en la AN2015 la hizo el primer vicepresidente, Juan Pablo Guanipa el 5 de enero durante el acto de instalación de sesiones. Ese día Guanipa expresó:
“Si la dictadura ha cometido la más impúdica corrupción jamás vista, nosotros debemos tener cero tolerancia con la corrupción. Por eso el caso Monómeros nos ha hecho daño; la comisión que ha debido avanzar en la reestructuración de esa empresa no se ha hecho porque falta la asignación de un integrante de esa comisión”, dijo en tono de reclamo.
Guanipa se refería a que el 9 de noviembre de 2021, una semana después de aprobado el informe de la comisión especial sobre Monómeros, Juan Guaido informó a la Delegada que los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al caso serían José Luis Pirela (Gente Emergente), Bibiana Lucas (Primero Justicia), Marco Aurelio Quiñones (Voluntad Popular) y Ángel Caridad (Un Nuevo Tiempo), y dijo que quedaba “a la espera de los restantes grupos parlamentarios”.
Pero en realidad, el único grupo parlamentario que no designó en ese momento a su representante en la comisión especial fue Acción Democrática. Tampoc lo había designado en enero cuando habló Guanipa y no lo ha designado todavía. Durante las interpelaciones de directivos de Monómeros por parte de la Comisión de Contraloría en septiembre del año pasado, salió a relucir la supuesta vinculación de Rodríguez Laprea con la tolda blanca.
El diputado del partido Encuentro Ciudadano, Luis Barragán, confirmó que no se ha realizado ninguna reunión de las fracciones para tratar el tema de Monómeros en lo que va de año.
“El caso Monómeros no está cerrado y yo confío en el esfuerzo que ha hecho el diputado Pirela para aclarar la situación de la empresa ante la empresa misma, ante el gobierno colombiano y ante los venezolanos”, dijo Barragán.
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