En lo que va de año el Observatorio del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico contabiliza 557 saqueos, cerca de 306 ventas supervisadas (invasión, multa) y 2051 medidas contrarias al Derecho a la Propiedad.
Caracas. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) es el brazo que ejecuta las fiscalizaciones hacia varios sectores del país, el Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad) que registra 1029 fiscalizaciones entre enero y julio de este año, asegura que los más castigados son: comercio, transporte, agroindustria y educación.
La Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) es el escudo que usa la Sundde para entrar en los comercios y fijar precios, ambos mecanismos fueron creados por el gobierno de Nicolás Maduro en enero de 2014 bajo Gaceta Oficial N° 40.340. Desde entonces llevan a cabo fiscalizaciones en las que exigen a los vendedores bajar o congelar precios, imponen multas o exigencias, entre otros.
La abogada Andrea Rondón, miembro de Cedice, explica que se han perdido las formas en las fiscalizaciones, lo que las hace cada vez más agresivas, agrega que en el caso de centros educativos, estos ya están previamente identificados. La especialista señala que la Sundde ha perdido fuerza, por la crisis migratoria y que ya no cuenta con el mismo número de interventores para realizar jornadas extensas en todo el territorio.
En lo que va de año el observatorio contabiliza 557 saqueos, una cifra estimada, explican, motivado a que los apagones afectaron la comunicación con las regiones, unas 306 ventas supervisadas (invasión, multa) y 2051 medidas contrarias al Derecho a la Propiedad.
En julio la Sundde “dictó medida preventiva” a 180 colegios privados en la que les ordenaba mantener fijas las mensualidades. Anteriormente ya otros centros educativos habían sido sancionados. La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) denunció que el organismo les exigía documentos, como balance de comprobación, que las escuelas no tenían, debido a la naturaleza de su trabajo. Además, les daba plazos para presentarlos que se volvían más reducidos conforme pasaban los días.
La investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad Ana María Carrasquero refirió que el gobierno asegura que ha regularizado 5 % de hectáreas en Venezuela, lo que representa casi todo el tamaño del estado Guárico; sin embargo, las autoridades no ofrecen más detalles. Añade que en septiembre, cuando empieza el periodo escolar, se espera que la Sundde vaya contra las ferias y establecimientos que ofrecen artículos escolares, una práctica que se repite en fechas especiales como en Navidad u otras festividades.
Las fiscalizaciones no cesan
En la primera semana de agosto la Sundde sancionó más de 50 estacionamientos en Caracas por presuntamente incurrir en delitos de “condicionamiento, especulación y usura en sus tarifas”. Asimismo, el 20 de agosto en terminales de pasajeros de Porlamar, estado Nueva Esparta, funcionarios de esta entidad inspeccionaron el aumento del pasaje.
Violaciones a la propiedad en 2018
En 2018 hubo 14.523 afectaciones al Derecho a la Propiedad en el país. El observatorio reveló que el año pasado no se registraron expropiaciones contra empresas, algo que le atribuyen a la disminución del parque industrial, que este 2019 opera a 20 % de su capacidad, según la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
La Constitución del 99 sentó las bases
Andrea Rondón asegura que la Constitución de 1999 sentó las bases para establecer políticas contra el Derecho a la Propiedad Privada. Además, describe lo que sucede en Venezuela como “Genocidio económico del siglo XXI”. “Hay una intención de exterminar a un sector de la población, ya sea por motivos políticos, económicos, culturales, ya que se establecen condiciones difíciles para la subsistencia de la población, por ejemplo, cuando no creas una moneda fuerte y se afecta la propiedad privada, se limita la libertad económica, esto genera los mismos efectos que un genocidio”, dice.
La experta añade que un genocidio no se comete únicamente a través de las armas, en ese sentido, explica que la Ley de Precios Justos y el control de cambio, son algunas de las leyes que provocan estas consecuencias devastadoras para la población.
Empresas tomadas por el gobierno y trabajadores
Ambas especialistas no usan la palabra “expropiación” para referirse a las compañías americanas Clorox y Kellogg’s. Las investigadoras utilizan el término expoliación, que significa despojar algo con violencia y sin derecho. Clorox fue tomada por sus trabajadores en septiembre de 2014, luego de que la directiva anunciara que deseaba cerrar por las pérdidas generadas ese año.
“Clorox al igual que Kellogg’s no fueron expropiadas, sino expoliadas, siguen activas pero no se parecen a lo que fueron inicialmente”, explica Rondón.
Sobre Kellogg’s la especialista señala que en la página del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) no se ha cambiado el nombre de los propietarios de esa multinacional, sin embargo, las autoridades “intervienen y manipulan la marca” sin ningún pudor. La caja del cereal ahora luce la bandera de Venezuela y el lema de Nicolás Maduro que dice “Juntos, todo es posible”. Así reapareció el producto en los anaqueles. Rondón afirma que “cada método es un paso más en contra de la propiedad privada”.
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