Con la detención arbitraria de Freddy Guevara se configura la octava vez que planes de conversación de gobierno y oposición se enlazan con el aumento de presos políticos a 300 en Venezuela, indica un estudio del Foro Penal. Mientras casi 90 %, hasta el 12 de julio, permanece entre barrotes, sin juicio.
Caracas. Freddy Guevara es desde el jueves en la madrugada, el preso político número 300 en Venezuela. El dirigente de Voluntad Popular (VP) fue presentado e imputado en la audiencia preliminar del tribunal cuarto de control, luego de su detención arbitraria ocurrida el 12 de julio y de vencerse por mucho el lapso legal de 48 horas. Eran 299, hasta el 12 de julio.
Y habrá más, advirtió el presidente de la Asamblea Nacional (2020), Jorge Rodríguez.
También es la octava vez que detenciones por intereses políticos como este se incrementan ante posibles procesos de conversación entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición, para superar la profunda crisis avivada con la pandemia.
Guevara fue interceptado y llevado al Sebin cuatro días después del anuncio de que representantes de las partes se reunirían en México, en agosto próximo. Ha sido señalado de “planes con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano”. Y también de estar relacionado con los “actos terroristas de la Cota 905”, a casi un año de haber sido indultado por hechos similares.
En Venezuela la práctica de detenciones arbitrarias no es por azar, aunque la cantidad de presos políticos puede cambiar semanalmente, subir o bajar según la estrategia de la “puerta batiente”, afirma el Foro Penal.
“Cada vez que se presenta una situación del diálogo el número de presos políticos se incrementa. El poder busca de alguna forma inflar su ‘capital’ de presos políticos para poder llevárselo a la mesa de negociación. Y ha entendido que le sirve como estrategia presentarlos como fichas de canje en estas negociaciones”, señala el abogado Gonzalo Himiob, directivo de la ONG de derechos humanos que presta asistencia jurídica. Y expresa preocupación porque “es la octava vez que ocurre”.
La organización logró establecer que existe la relación diálogo-presos políticos en el periodo comprendido de 2016 al 2018. Por ejemplo, entre junio y julio de 2017 el número de encarcelados fue de 137 y 367, mientras que los excarcelados en el mismo periodo fueron de 43 y 150, respectivamente. En esos dos meses el número de presos políticos fue de 403 y 620, las cantidades más altas de ese año e inclusive de 2016 y 2018 (Ver gráfico). En este lapso, las partes se alistaban para iniciar las conversaciones en diciembre, en Santo Domingo.
“Mientras del otro lado tengamos gente que le compre la estrategia al poder no vamos a poder cesar el fenómeno de persecuciones y de la prisión política”, afirmó Himiob.
Presos políticos a la sombra del diálogo
En julio de 2021, la suma de presos políticos y de violaciones de sus derechos ha crecido desde las recientes detenciones de los defensores de derechos humanos, Rafael y Javier Tarazona y Omar García, el 2 de julio. Cuatro días antes, cinco presos políticos, entre ellos un militar, fueron liberados como parte del acercamiento que tras bastidores se llevó a cabo.
Hasta el 13 de julio, el Foro Penal contabilizó 299 presos políticos, sin incluir a Guevara, por no haber sido llevado aún a un tribunal. De estos, 277 son hombres y 22 mujeres; 170 son civiles y 129 militares. Y hay un adolescente.
La situación procesal en la que se encuentran representa un desafío a la luz de la investigación que avanza en la Corte Penal Internacional. Y en nada se han beneficiado de la “revolución judicial” conducida por el presidente del TSJ, Maikel Moreno, para “deshacinar” las cárceles.
De los 299 presos políticos, solo 42 están condenados, “regularmente en procesos penales injustos y sin evidencias”.
Esto quiere decir que en la actualidad a 257 presos políticos, es decir, 85,96 % de estos, se les mantiene arbitrariamente en detención preventiva, sin condena, violando con ello su derecho a ser tratados y tenidos como inocentes y su derecho a ser juzgados en libertad”, indica Himiob.
De estas personas encarceladas, 126 (51,01 %) ha superado con creces el lapso máximo de prisión preventiva de dos años que establece el COPP. Esto convierte el proceso penal en “una condena anticipada”, dice. La prisión preventiva, que debería ser un mecanismo absolutamente excepcional, se ha convertido en la regla perjudicial.
“Esto viola todos los estándares internacionales sobre el uso de la detención preventiva, que ha de ser siempre excepcional, y los derechos humanos de los procesados”, advierte el abogado y defensor de los derechos humanos. “Esto muestra que para el poder no es importante establecer la verdad ni las responsabilidades. Lo que más le interesa es mantener esos procesos de manera indefinida abiertos, restringiendo la libertad de esas personas”.
Un caso emblemático es el de Antonio Garbi. El joven es un líder estudiantil de la Universidad de Carabobo y es el preso más antiguo de los 29 que se registran en esa entidad. Hace siete años fue detenido con graves cargos y sin pruebas, por el homicidio del capitán de la GN, Ramzor Ernesto Bracho Bravo, durante las protestas en 2014.
“Estas son situaciones que lamentablemente demuestran que el proceso penal no es más que una herramienta de castigo en sí misma, cuando debería ser una herramienta para la determinación de la verdad de los hechos por la vía jurídica, como lo dispone el COPP”.
A la espera en Ramo Verde
Mientras las detenciones arbitrarias por motivos políticos se hacen más selectivas, focalizadas y frecuentes, como la de Guevara, también crece el reparto de presos políticos en 37 centros de reclusión diferentes e inadecuados. Sin garantías procesales ni principios del juez natural.
La mayoría permanece en nueve instalaciones militares, y la principal es la cárcel de Ramo Verde (106), indica el diagnóstico de la situación hasta el 12 de julio que elaboró el Foro Penal.
Además, 16 presos permanecen aún en las sedes del Sebin, 12 de estos en la del Helicoide, al que se suma ahora Guevara. Otros 19 están en sedes de la Dgcim. Ilegalmente. El decreto 4.610 de Nicolás Maduro, publicado en Gaceta Oficial el 12 de mayo pasado, instruyó a ambos organismos de inteligencia del Estado a “transferir” a los centros adscritos al Ministerio para el Servicio Penitenciario a los privados de libertad, en el plazo de 30 días que se cumplió en junio pasado.
El decreto fue firmado cuando gobierno y oposición mostraron disposición de reanudar el proceso del diálogo, y antecedido por la excarcelación de opositores encarcelados. Un intento de reducir la clasificación formal y la cantidad de presos políticos, interpreta la exdiputada Delsa Solórzano, abogado especialista en derechos humanos.
“El hecho de que haya prisioneros políticos también se evidencia en el lugar de reclusión. Si tú los tratas como presos comunes, son presos comunes”.
El resto de los encarcelados se encuentra en centros penitenciarios y calabozos policiales. “Ninguno de estos cumple con los estándares internacionales”, precisa Himiob. Otros 57 detenidos están bajo arresto domiciliario.
Romper el ciclo de los presos políticos
En marzo pasado, una misión de la ONU en Venezuela alertó sobre nuevas “detenciones arbitrarias” de “personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores”.
“Cada vez que se abre un compás de diálogo se incrementan los presos políticos, eso es siempre y lo hemos demostrado”, señala Himiob. Y propone romper el ciclo trágico: “Antes de aceptar siquiera la posibilidad de sentarse en una mesa a dialogar sobre temas y condiciones políticas, una de las exigencias debe ser el cese de persecuciones y de detenciones por motivos políticos. Lo fundamental es hacerle entender al poder que personas encarceladas no le rendirá beneficios. De otra manera se estará perpetuando el ciclo”.
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