Seis civiles y dos militares han muerto en prisión, según datos del Foro Penal Venezolano, desde el 2014. El más reciente fue Salvador Franco, indígena de la etnia pemón, quien estaba detenido en la cárcel de Rodeo II. La CIDH reiteró que el Estado venezolano tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas bajo su custodia.
Caracas. Salvador Franco murió el 3 de enero, aunque desde el 21 de noviembre de 2020 tenía una orden del tribunal cuarto en primera instancia de Control del Área Metropolitana de Caracas, para ser trasladado a un centro médico. Estaba preso en el Internado Judicial Rodeo II, en el estado Miranda, junto con 12 miembros más de la etnia pemón.
El 22 de diciembre de 2020 la hermana de Salvador, Liseth Franco, denunció desde la Gran Sabana (Bolívar), que la salud de él empeoraba bajo custodia del Estado. “Tememos por su vida. Se está complicando y está tosiendo sangre”, dijo en un video que difundió Olnar Ortiz, abogado y coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal Venezolano.
Salvador no tenía un diagnóstico formal porque no se cumplió su traslado a un centro médico. Presuntamente tenía anemia, desnutrición y dificultad para respirar. Fuentes allegadas a su caso aseguraron extraoficialmente que en los últimos días no podía comer ni caminar.
Con la muerte de Salvador Franco ya suman ocho presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado desde el 2014, según los datos del Foro Penal Venezolano. Seis son civiles y dos militares.
Salvador fue detenido junto con otros 12 indígenas de la etnia pemón, pertenecientes a la comunidad Kumaracapay, del municipio Gran Sabana, entre los días 22 y 30 de diciembre de 2019.
El gobierno de Nicolás Maduro acusó al grupo de hombres de haber participado en la Operación Aurora, un supuesto asalto a las instalaciones del Batallón Mariano Montilla de un grupo de pemones, liderado por un funcionario de la Guardia Nacional, en la que sustrajeron armamento militar.
El Foro Penal identificó a los detenidos como: Fiaciencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Hovito Mesía.
De acuerdo con un informe especial de la organización, publicado el 22 de diciembre de 2020, los 13 pemones fueron víctimas de desaparición forzada hasta el momento de su presentación. Ocho de ellos permanecieron desaparecidos durante 18 días, mientras que de uno de los indígenas no se tuvo noticias en 10 días; tres permanecieron 55 días desaparecidos y uno 56 días. Además denunciaron que presuntamente fueron torturados y aislados, en varias oportunidades.
Los pemones fueron imputados por los delitos de asociación para delinquir, conspiración contra la forma política, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo. Les ordenaron medida privativa de libertad en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Boleíta, pero el 12 de mayo de 2020 fueron trasladados a la cárcel del Rodeo II sin notificación alguna al tribunal.
Desde junio la ONG denunció ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público que los 13 pemones estaban presentando problemas de salud, debido a las supuestas condiciones insalubres de la cárcel del Rodeo, sin recibir atención médica.
Ahora quedan 12 indígenas detenidos y sus familiares temen por su estado de salud, según los videos difundidos a través de las redes sociales de la organización.
La comunidad indígena Kumarakapay, a la que pertenece el grupo de presos políticos, goza de una medida cautelar de fecha 28 de febrero de 2019, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en la que se solicita el cese del hostigamiento a los miembros de esta comunidad indígena, según el Foro Penal.
Ocho fallecidos en custodia del Estado
“Su vida y su salud son responsabilidad directa de quienes lo mantienen injustamente encarcelado. Por lo tanto, el Estado venezolano es responsable de cualquier situación que le pueda ocurrir a nuestro hermano, indígena pemón, Salvador Franco”, escribió en Twitter Olnar Ortiz, abogado de los pemones, el 24 de diciembre, cuando reiteraba el mal estado de salud de Franco.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) de la CIDH reiteró que el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas que están bajo su custodia, tras expresar su preocupación por la muerte del pemón Salvador Franco.
La #CIDH insta a #Venezuela iniciar una investigación por estos hechos, con un enfoque interseccional por motivo de pertenencia al pueblo Pemón, y reitera que el Estado, como garante, tiene el deber de proteger los #DDHH de todas las personas bajo su custodia. 2
— CIDH – IACHR (@CIDH) January 5, 2021
El Estado es responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, de acuerdo con lo que establece la Constitución venezolana.
Hasta el 28 de octubre el Foro Penal Venezolano había documentado que de 359 presos políticos que había para la fecha, al menos 52 de ellos padecían enfermedades que podrían considerarse de leves a graves.
Determinaron que 13 detenidos tenían estados de salud graves, 33 privados de libertad con dolencias catalogadas como medio y seis con enfermedades leves. Además señalaron que los reclusos son más vulnerables a contraer COVID-19; en Venezuela había 114.407 casos y 1038 fallecidos, hasta el 4 de enero de 2021.
Foro Penal ha documentado que ocho detenidos han fallecido bajo custodia del estado desde el 2014. Crónica.Uno recopiló los casos:
- Rodolfo Pedro González Martínez, de 64 años: Fue detenido el 26 de abril de 2014, durante un allanamiento en su vivienda, en Macaracuay, supuestamente por su participación en las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro de ese año, y lo apodaron el Aviador. Murió el 12 de marzo de 2015, según una publicación de Efecto Cocuyo; presuntamente se suicidó en las celdas del Sebin de El Helicoide.
Fue piloto privado. El Ministerio Público designó a la fiscal 22º nacional, Raiza Sifontes, para investigar su muerte.
- Carlos Andrés García, de 44 años: el concejal de Primero Justicia, en el estado Apure, falleció el 17 de septiembre de 2017 a consecuencia de un accidente cerebro vascular. De acuerdo con declaraciones de Tomás Guanipa, secretario general del partido político, no le prestaron ayuda médica a tiempo. Añadió que funcionarios del Sebin detuvieron al concejal cuando llegaba a su casa, en Guasdualito, y “le sembraron un paquete de billetes de 100”. El Foro Penal registra que la detención ocurrió el 8 de diciembre de 2016.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que García estaba presuntamente incurso en los delitos de hurto calificado, instigación pública e incendio en grado de coautor, en los saqueos que hubo en Guasdualito en diciembre de 2016. La versión oficial es que el concejal presentaba hipertensión arterial y de acuerdo con estudios médicos tenía una enfermedad infecciosa inmunodeficiente que pudo producir complicaciones.
- Rafael Eduardo Arreaza Soto, de 28 años: el teniente del Ejército murió el 30 de noviembre de 2017, luego de un presunto intento de fuga, junto con siete compañeros más, mientras eran trasladados a los tribunales militares en Fuerte Tiuna. Resultó herido en el abdomen y una pierna. El Ministerio Público comisionó a cuatro fiscales para investigar su muerte.
El Foro Penal registró que fue detenido el 30 de marzo de 2017.
1/4 Ministerio Público comisionó a fiscales 9° y 62° nacionales, 1° y 24° de Miranda para investigar la muerte del teniente del Ejército, Eduardo Arreaza Soto, ocurrida el #30Nov en un presunto intento de fuga junto a 7 detenidos de la cárcel de Ramo Verde #8dic
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) December 8, 2017
- Fernando Alberto Albán Salazar: el concejal del municipio Libertador de Primero Justicia murió el 8 de octubre de 2018, presuntamente se suicidó en los calabozos del Sebin en Plaza Venezuela.
Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018, según datos del Foro Penal Venezolano. El arresto ocurrió en el aeropuerto internacional de Maiquetía y lo vinculaban con el intento de magnicidio a Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.
- Nelson Martínez, de 67 años: expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de Citgo murió el 12 de diciembre de 2018, en el hospital Militar. Fue detenido el 30 de noviembre de 2011 por presunta corrupción.
Estuvo casi un año en la Dgcim, en Boleíta. Según el Ministerio Público, Martínez padecía una enfermedad crónica, cuya evolución agravó. “Recibió tratamiento y atención médica donde permanecía internado”, indicó la fiscalía.
- Rafael Acosta Arévalo: el capitán de corbeta de la Armada fue asesinado el 29 de junio de 2019 mientras estaba bajo custodia de funcionarios de la Dgcim. Según la autopsia falleció a causa de las torturas. Llegó en silla de ruedas a su audiencia de presentación y el juez, capitán de la GNB Maiker Amezquita, ordenó que lo trasladaran al hospitalito de Fuerte Tiuna, donde murió.
Acosta Arevalo fue detenido el 21 de junio, durante una semana permaneció incomunicado. Fue acusado de estar involucrado, presuntamente, en un golpe de Estado que incluía el asesinato de principales lideres del chavismo.
- Pedro Pablo de San Luis Santana Carvallo, de 75 años: el 29 de agosto de 2019 fue detenido por funcionarios de la Dgcim en su casa en El Rosal. Su hijo, Pedro Santana, escribió en Facebook que Jorge Rodríguez vinculó a su papá en un plan terrorista.
“Desconocemos las bases de esta acusación y el porqué el nombre de mi padre figura dentro de este presunto plan desestabilizador”, escribió en la red social.
Agregó que su papá sufría de cardiopatía isquémica con revascularización, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial severa, arritmia cardíaca, fibrilación auricular, retinopatía isquémica, cáncer de próstata, diabetes, insuficiencia renal.
El Foro Penal Venezolano confirmó que el hombre falleció el 14 de agosto de 2020, bajo arresto domiciliario.
Aunque no era considerado un preso político, Erick Echegaray falleció también bajo custodia del Estado, el 7 de agosto de 2020. José Manuel Olivares, exdiputado y comisionado del gobierno interino de Juan Guaidó, informó que Echegaray presuntamente falleció por COVID-19.
Echegaray, de 70 años, estaba detenido en el Sebin de El Helicoide desde 2010. Estaba sentenciado a 14 años de prisión por estar involucrado en el caso de Walid Malkled.
El 12 de agosto de 2020, Theresly Malavé, abogada de Erasmo Bolívar, acudió al Ministerio Público para solicitar que se preserve la vida y salud del exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana (PM). Días antes sus familiares se enteraron de que estaba complicado de salud y no era trasladado a un centro médico, aunque está bajo custodia del Estado.
Bolívar, quien está preso en la cárcel de Ramo Verde, fue condenado a 30 años de prisión por los hechos del 11 de abril de 2002, y ya ha cumplido 17 años.
Hasta el 4 de enero la ONG registró 350 presos políticos en el país: 124 militares, 12 indígenas pemones, 26 mujeres y dos adolescentes.
Participa en la conversación