Imputaron por homicidio intencional a oficial tras asesinato de mujer en calabozos de Guatire

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De acuerdo con Una Ventana a la Libertad, Daniel Galarraga, oficial de la Policía del municipio Zamora, fue imputado por homicidio intencional por motivos fútiles e innobles, uso debido de arma orgánica, violencia sexual y traición a la patria, luego del asesinato de Geraldine Figueredo, de 19 años.

Caracas. El oficial Daniel Alexander Galarraga Ortega fue imputado por los delitos de homicidio intencional por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica, violencia sexual y traición a la patria, luego del asesinato de una mujer dentro de los calabozos de la Policía del municipio Zamora, en Guatire, estado Miranda. La información fue confirmada por Una Ventana a la Libertad. 

Con los cargos presentados por la fiscalía se descarta que se haya tratado de un disparo accidental, como se reseñó en las informaciones policiales, según la organización que defiende los Derechos Humanos de los privados de libertad. 

Geraldine Daniela Figueredo Salazar, de 19 años, recibió un tiro con entrada por la región nasal y salida por la región occipital, de acuerdo con la información extraoficial. Sucedió el sábado 13 de marzo, cuando presuntamente el funcionario sacó el arma para obligarla a mantener relaciones sexuales. 

Una Ventana a la Libertad reseñó que la audiencia de presentación del oficial fue celebrada la noche del miércoles 17 de marzo, luego de ser diferida el lunes y martes por las demoras en las pruebas balísticas que serían anexadas al expediente

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Foto: Archivo Crónica.Uno / Miguel González.

La organización recogió testimonios de las reclusas del calabozo femenino que aseguraban que los funcionarios presuntamente las hostigaban y las obligaban a mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de beneficios. Esta información también se la brindaron a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

Ellos reciben órdenes de un ‘polipreso’, al que respetan porque es de rango, que se llama Pedro García. Él es el que nos obliga a tener relaciones sexuales tanto con él como con los demás funcionarios activos. Anoche entraron varios, uno de ellos le mostró la pistola a Daniela y cuando la apuntó, se le escapó el tiro, declaró una detenida a Una Ventana a la Libertad.

Cada vez son más frecuentes las denuncias de acoso o abuso sexual a mujeres en los calabozos, de funcionarios o privados de libertad, que reciben los defensores de Derechos Humanos. La Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia prohíbe a los funcionarios sostener relaciones sexuales con detenidas bajo su custodia. 

Los centros de detención preventiva no tienen condiciones adecuadas para albergar a detenidos por más de 48 horas, máximo 72 horas. Tampoco hay espacios diseñados para las mujeres, que representan más de 7 % (en total 1749) de la población en los calabozos, según el informe anual 2020 de la ONG, y corren el riesgo de abusos sexuales.

La Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también ha documentado testimonios de mujeres que fueron obligadas a tener actos sexuales con guardias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide y Plaza Venezuela.

En el informe presentado el 16 de septiembre de 2020, documentaron casos de víctimas de sexo transaccional coercitivo, sexo a cambio de un beneficio. En esas ocasiones los funcionarios no proporcionaron métodos anticonceptivos a las detenidas y tampoco fueron sometidas a exámenes médicos para detectar enfermedades de transmisión sexual o embarazos.

Foto: La Izquierda Diario

La Misión consideró que estos son actos de explotación sexual, precisamente por su carácter coercitivo, pues en las celdas no se pusieron bienes o productos básicos sin costo a disposición de las mujeres, para evitar la necesidad de relaciones sexuales transaccionales

Registraron casos en los cuales oficiales del Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, usaron la violencia sexual como tortura.

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Foto principal: La Izquierda Diario


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