Simón Gómez resaltó que cuando un Estado no cumple con los principios de accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la salud, ni con la entrega de tratamientos, un buen sistema hospitalario y la profesionalización del personal sanitario es cuando se puede afirmar que existe una violación de los derechos humanos de los ciudadanos.
Caracas. El avance progresivo de la crisis del sistema de salud nacional y sus consecuencias para los pacientes adultos y pediátricos con enfermedades crónicas en el país tiene en alerta a ONG como Prepara Familia y Defiende Venezuela. Estas organizaciones insisten en resaltar las restricciones del derecho a la salud en el país frente al silencio del Estado.
Desde el año 2018 quedó en manos de las organizaciones conseguir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) genere medidas cautelares para pacientes crónicos por considerar que sus derechos a la integridad, salud y vida se encuentran en una situación de gravedad y urgencia.
A pesar de poder visibilizar la crisis de los pacientes crónicos desde el punto de vista internacional, no se ha conseguido que el gobierno de Nicolás Maduro dé respuestas oportunas.
Simón Gómez, coordinador jurídico de Defiende Venezuela, recordó en el foro “Restricciones al derecho a la salud en Venezuela”, que para el año 2011 el Estado tomó control total de los tratamientos para personas con esclerosis múltiples, que tienen medidas cautelares de la CIDH, y los dejó en manos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).
Esto caminó hasta el año 2016, cuando comenzó la escasez de los medicamentos. Dos años más tarde, en 2018, cerró el Programa Nacional de Esclerosis Múltiple y fue cuando comenzaron como ONG a llevar cartas ante la CIDH. Las primeras medidas que otorgó el ente internacional fue para niños del servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos y, en una ampliación de enero de 2021, incluyeron a veinte venezolanos con esclerosis múltiple.
En el documento se alegó que el IVSS no estaría entregando los medicamentos prescritos que deberían recibir en atención de sus condiciones médicas, pese a las acciones iniciadas para obtenerlos. Además, los solicitantes detallaron los impactos en salud que vienen sufriendo debido a la falta de sus tratamientos médicos prescritos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Gómez resaltó que cuando un Estado no cumple con los principios de accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la salud, ni con la entrega de tratamientos, un buen sistema hospitalario y la profesionalización del personal sanitario es cuando se puede afirmar que existe una violación de los derechos humanos de los ciudadanos.
Pacientes pediátricos en riesgo
Otro grupo de pacientes que tienen medidas cautelares de la CIDH son los niños, niñas y adolescentes del hospital J. M. de los Ríos.
La última mala noticia que dio el personal del hospital J. M. de los Ríos fue el cierre del Servicio de Neurología, que atendía a pacientes de todo el país. Este fue el tercer servicio en cerrar, antecedido por el de Cardiología y la Terapia Intensiva. Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, expuso las dificultades que se viven en este centro de salud:
- Un déficit de medicamentos de 85 %. Los familiares deben costear todos los tratamientos e insumos.
- Pasaron de 154 camas operativas en el año 2016 a 74 camas a finales de 2020.
- De nueve quirófanos, solo funcionan dos.
- En la unidad de hemodiálisis hay 15 máquinas y solo funcionaban tres hasta el 30 de diciembre.
- El salario de un médico es de unos cuatro dólares. Una enfermera puede ganar dos dólares.
- Desde el año 2019 acumulan unas 700 renuncias de personal.
- No se les garantiza una alimentación de calidad a los pacientes pediátricos según su patología.
Martínez agregó que las organizaciones han sido víctimas por ofrecer ayuda a estas poblaciones vulnerables y citó el ejemplo de los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo que permanecen privados de libertad. “Seguimos adelante porque tenemos un compromiso y porque estamos hablando de los más vulnerables”, resaltó.
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