En su tercer informe sobre Venezuela, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó a que se detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, se disuelvan las FAES, se investiguen las ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad y se adopten medidas para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos y servicios.

Caracas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) hizo 23 recomendaciones al Gobierno de Venezuela en el tercer informe, donde se destacan patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El documento de la oficina considera que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones”. Y destaca la negativa del gobierno de Nicolás Maduro en reconocer la magnitud de la crisis, que lo hizo hace poco, por lo que no se tomaron medidas apropiadas.

El Acnudh llamó a que se detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, se disuelvan las FAES y que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad.

De igual forma, Bachelet recomendó al Gobierno que se adopten las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos y servicios.

También a que se establezcan de inmediato mecanismos para “cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales”.

“Al Acnudh le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición“, se lee en el documento.

Derechos sociales 

El informe de Bachelet describe que el poder adquisitivo en Venezuela ha disminuido de tal manera que “ya no se le puede considerar como salario de subsistencia”. Las personas cada vez se hace más dependientes de los programas sociales del Estado.

“El principal programa de asistencia alimentaria, conocido como cajas CLAP, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente”, se lee en el documento.

La oficina afirma que el Gobierno “no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar” el derecho a la alimentación. “Ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias”.

El organismo recibió información de personas quienes, a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP porque no eran partidarias del Gobierno.

“La discriminación con base en motivos políticos y el control social mediante los carnets tiene un impacto diferenciado en la habilidad de las mujeres para hacer valer sus derechos”, señalan.

Sobre el derecho a la salud señalan que las violaciones son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones, estas están vinculadas a una falta de generalizada de medicamentos y deterioro de la infraestructura de hospitales.

Destaca que a pesar de aprobar la asistencia humanitaria, esta ayuda es mínima en relación a la magnitud de la crisis: “Hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales”.

Represión y persecución 

La oficina señala que cuerpos de seguridad como las FAES, Sebin, Cicpc, Dgcim, han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales en operaciones. Así como también detenciones arbitrarias, maltratos y torturas a opositores políticos y familiares.

Entre las conclusiones la oficina destacó que Venezuela se ha implementado una serie de leyes y políticas que han restringido el espacio democrático.

Para la Acnudh el Gobierno utilizó las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir  desde 2014.

Bachelet documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del Sebin y de la Dgcim, así como por oficiales de la GNB.

“Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”, expresan.

La alta comisionada, Michelle Bachelet, en su mandato la Asamblea General de la ONU le encomendó en septiembre de 2018 presentar una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Esta se hizo en marzo, además, de un informe exhaustivo que se presentará en el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se realizará este viernes.

El informe se basa en la información recopilada y analizada por la Acnudh, inclusive durante misiones. La oficina hizo una visita a Venezuela del 11 al 22 de marzo y otra, entre el 19 al 21 de junio, que contó con la presencia de Bachelet.

Lea aquí el informe completo de la alta comisionada de la ONU para los DD. HH

Informe de la Alta Comision… by on Scribd

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