Dirigentes e integrantes del gobierno interino señalan que Maduro podría aplicar el esquema “antibloqueo” a los contratos en los sectores de petróleo y minería.
Caracas. Con algunos días de retraso con respecto a dirigentes e intelectuales del chavismo que expresaron su disidencia con la llamada “ley antibloqueo” la semana pasada, diputados y representantes de la oposición rechazaron la norma aprobada el pasado jueves por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a la que rebautizaron como “adefesio”, “aberración jurídica” y “parapeto raspaolla”.
El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), Alfonso Marquina, consideró que con el texto se pretende “darle viso de legalidad” a la concentración de las competencias de todos los poderes públicos en la persona de Nicolás Maduro para “saquear” recursos públicos. “Con eso se liquida el principio de separación de poderes”, sentenció.
El diputado agregó que la norma también viola el principio constitucional de unidad del tesoro, al establecer que se pueden crear “fondos separados del tesoro nacional”, que no tendrán ningún registro.
Es un principio que fue establecido por Juan Vicente Gómez. El dictador consideró necesario implementarla. Hoy el dictador Nicolás Maduro pretende crear una suerte de caja negra, unas cuentas distintas al tesoro nacional para hacer uso discrecional de estos recursos sin informar a los venezolanos”, añadió.
El parlamentario indicó que el Gobierno usará el articulado para “saquear recursos públicos”, pues se puede valer de este para evadir el régimen presupuestario establecido en la Constitución, incumplir con los límites máximos de gastos y endeudamientos y celebrar contratos de interés público sin que se conozca ninguna información: “No solo pretenden saquear a Venezuela, sino que se cubren con un manto de confidencialidad, no solo para negarle la información a los demás poderes públicos, sino al pueblo de Venezuela”.
Una nueva “piñata”
El diputado de la Comisión de Finanzas José Guerra coincidió con Marquina y señaló que se apunta a un esquema parecido al de la denominada “piñata” en Nicaragua. “La piñata era que, como el Estado había crecido tanto en Nicaragua, promocionado por el sandinismo, en la inminencia de que Violeta Chamorro iba a llegar a la Presidencia, comenzaron a adjudicarles a los amigos del régimen todas las empresas públicas a precios de gallina flaca. No sé si ese va a ser el caso de Venezuela, pero llaman la atención los contratos petroleros de la faja del Orinoco”, indicó el diputado en una entrevista con Unión Radio.
Los diputados opositores consideran que la “ley antibloqueo” podría ser usada por el Estado para violar los artículos 302 y 303 de la Constitución, que reservan al Estado la actividad petrolera, así como la totalidad de las acciones de Pdvsa. Guerra agregó que se podrían desmontar las llamadas “empresas mixtas” creadas por la administración de Chávez en 2009.
Tengo la impresión de que la ley lo que busca es abrirse a nuevos socios entregando la mayoría accionaria, sin ninguna duda, a esas empresas que venían de Turquía. No creo que los chinos estén metiéndose mucho en esto o los rusos, porque tienen petróleo en Siberia, y tienen la Rosneft”, dijo.
El economista añadió que también podrían apuntar a la explotación del oro: “Otro caso es si se abre oportunidad con lo que ocurre en el arco minero. Dejaron abierto eso con una política de mucha intervención para favorecer la explotación a cualquier costo, a un costo ecológico infinito con tal de sacar unas toneladas de oro”.
El exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández, señaló que este tipo de contratos ya se han producido bajo el gobierno de Maduro. “No es que ahora van a cederse activos, pues se aprobó la ley. En realidad, desde el 2016, Maduro ha cedido de manera inconstitucional activos del Estado. El mejor ejemplo es Citgo, cedido a favor de los tenedores del Bono 2020 y Rosneft”, escribió en su cuenta de Twitter.
Hernández considera que el articulado desconoce, de manera anticipada, la nueva Asamblea Nacional que surgirá de los comicios del 6-D, cuestionados por el Parlamento y parte de la comunidad internacional: “Pareciera que la ‘ley anti-bloqueo’ quiere anticipar el desconocimiento de la ilegítima Asamblea Nacional que será impuesta en diciembre. Maduro no parece confiar en sus aliados”.
Foto: Cortesía Prensa AN
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