Lexys Rendón, investigadora para los pueblos indígenas de Provea y coordinadora de Laboratorio de Paz, explicó que solicitaron una reunión con el presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano. La activista explicó que esperan poder expresar sus preocupaciones sobre este proyecto de ley. También pidieron un pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
Caracas. Este miércoles, 18 de mayo, un grupo de organizaciones no gubernamentales acudieron a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el municipio Chacao, para entregar un comunicado. En el documento expresan su rechazo al proyecto de Ley de Cooperación Internacional, el cual se debate en la Asamblea Nacional (AN).
Lexys Rendón, investigadora para los pueblos indígenas de Provea y coordinadora de Laboratorio de Paz, explicó que, además, solicitaron una reunión con el presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN, Timoteo Zambrano. En ese encuentro esperan poder expresarle al diputado sus preocupaciones sobre este proyecto de ley.
Esta ley da la posibilidad de eliminar de forma discrecional, por razones de soberanía, a las organizaciones. Esta ley afecta a organizaciones de derechos humanos, humanitarias universitarias, religiosas, sindicatos. Nadie va a quedar exento. El propósito es mantener a las organizaciones en un limbo discrecional. De manera que en cualquier momento puedan ser eliminadas, perseguidas y criminalizadas”, expresó Rendón.
Rechazo unánime
Los activistas también solicitaron el pronunciamiento sobre este tema a la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
En la carta, más de 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas, cuestionaron el proyecto de ley. Insisten en que el instrumento legal “cierra la cooperación internacional”. El texto pone en contexto el papel que juega la cooperación internacional dentro de crisis humanitaria compleja. Esto en alusión a la emergencia que atraviesa el país desde el año 2015, y las consecuencias de la pandemia por el virus del SARS-CoV-2.
“En el seno de la AN se presenta un proyecto de ley que, de ser aprobado, tendría consecuencias aún más devastadoras para las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la sociedad civil venezolana”, detalla el texto, el cual también incluye varias consideraciones sobre este proyecto de ley.
Algunas de ellas son:
- En vez de rectificar las políticas estatales de restricción arbitraria del acceso a la cooperación internacional, para lo cual no se requiere una ley sino cumplir las obligaciones del Estado de garantizar los derechos a la protección.
- Contraría las obligaciones del Estado. Entre estas, su deber de garantizar los derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión. Así como la defensa de los derechos humanos y la iniciativa de prestar asistencia humanitaria.
- La ley desconoce la interdependencia e interrelación de los derechos humanos consagrada en la CRBV. Pues, concibe la cooperación internacional únicamente en términos de la defensa de algunos de los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA).
“Las organizaciones de la sociedad civil alertamos una vez más sobre los perjuicios que la aprobación de este proyecto de ley puede traer para la población venezolana con mayor necesidad. Exigimos respeto al trabajo que realizamos”, añade el documento.
A principios de mayo, un grupo de diputados informó, mediante las redes sociales, que en la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN habían iniciado las discusiones sobre este proyecto de ley.
Lo relativo a la cooperación internacional se regula actualmente en el país por la Ley sobre Cooperación Internacional. Esta ley se publicó en la Gaceta Oficial N° 25.554 el 8 de enero de 1958.
El Observatorio Venezolano de la Justicia explica que “en prácticamente todo el articulado de dicha ley se regulan las obligaciones del Estado venezolano sobre la cooperación. Indicándose en su artículo 1 que el Estado venezolano; ‘declara su propósito de contribuir a hacer efectiva esa cooperación mediante fórmulas prácticas para la solución de problemas que afecten el bienestar de los pueblos’. De modo que se considera la cooperación, y la facilitación de la misma, como una obligación del estado venezolano”.
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