Los derechos laborales siguen repuntando en las protestas. Durante el mes de septiembre se contabilizaron 409 casos en todo el país.

Caracas. En respuesta al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que activó el Gobierno el pasado mes de agosto, se han generado múltiples acciones de protesta por parte de diversos gremios laborales, que rechazan el aumento unilateral del salario mínimo: 1800 bolívares soberanos.

Además, según el informe de septiembre del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), exigen el respeto a las contrataciones colectivas alcanzadas por las luchas sindicales a lo largo de los años y que fueron desconocidas por las autoridades gubernamentales con el anuncio del llamado “paquetazo de Maduro”.

Las consecuencias de esos anuncios, dice el informe, se siguen palpando en la economía del ciudadano: mayor inflación, carestía de productos y deterioro de servicios.

“El sector productivo del país continúa maniobrando con limitaciones como consecuencia del quinto aumento del salario mínimo en 2018. Algunas empresas y comercios tuvieron que realizar reacomodos, optar por el subsidio del Estado o cesar hasta nuevo aviso las operaciones luego de que se oficializara el ajuste a Bs. S. 1800 a partir del 1° de septiembre.

En el caso de la administración pública, los trabajadores han dejado de percibir seguros privados, primas y otros beneficios, lo que se ha traducido en descontento.

Adultos mayores, jubilados y pensionados, han exigido sus derechos durante todo el año. En septiembre realizaron 97 protestas y sus principales demandas fueron: pago de pensión completa, dotación de medicinas y acceso a los alimentos.

Los profesionales de la salud superaron los 90 días de protesta con al menos 140 acciones de calle, en las que reclaman mejoras salariales, insumos médicos, condiciones sanitarias e infraestructura óptimas para la atención de pacientes.

Las acciones del sector salud impulsaron la lucha en diversos gremios, como educación, eléctrico, telecomunicaciones, siderúrgico, entre otros; que hicieron uso de la protesta pacífica para defender sus derechos laborales, contabilizando un total de 149.

Les siguieron los trabajadores del sector estudiantil y transportistas.

Persisten las protestas por alimentos

Las manifestaciones por alimentos igual continuaron durante septiembre. El OVCS documentó 44 protestas aproximadamente, siendo Distrito Capital (8), Bolívar (6), Delta Amacuro (5) y Guárico (4) las entidades con mayores demandas al derecho a la alimentación.

En algunas localidades se mantuvo la intención y práctica del saqueo, como medida desesperada para acceder a los alimentos. En septiembre se registraron por lo menos cuatro saqueos y tres intentos.

Se agudiza la emergencia humanitaria

Venezuela atraviesa una profunda crisis social y política, que se agudiza con el pasar de los días.

Del total de protestas documentadas, 87 % estuvieron determinadas por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo cual quiere decir —de acuerdo con los analistas del observatorio— que la población se siente indefensa al no poder satisfacer sus necesidades básicas y recurre a las acciones de calle para llamar la atención de las autoridades.

“El Estado debe cumplir con sus obligaciones y atender las demandas de los ciudadanos, priorizar los recursos para el acceso inmediato al derecho a la salud y a la alimentación, generar una política pública de inclusión para todas y todos los ciudadanos, no solo de un sector ideológicamente identificado con el partido oficialista. El Estado de Excepción y Emergencia Económica, de nuevo, declarado y con extensión por 60 días, en vez de recuperar económicamente al país, impone nuevos controles e incrementa el poder del Ejecutivo”, se lee en el documento.

Al menos 9 protestas diarias se registraron el mes pasado por el deterioro de los servicios básicos, para contabilizar un total de 272.

Las medidas económicas, lejos de convertirse en una solución, han agudizado la situación de los trabajadores ante el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario, su inestabilidad laboral y la pérdida de beneficios contractuales, producto de largas luchas sindicales.

El aparato productivo nacional está en crisis, cada vez con menos opciones para su recuperación, resultado de las decisiones unilaterales del Gobierno.

Las consecuencias resultarán reflejadas en una clase obrera cada vez más empobrecida, descapitalización de talento y cierre operativo de las industrias por falta de mano de obra calificada.

A esto último se suman las fallas de los servicios básicos en detrimento de la población y de los sectores productivos, que han tenido que limitar sus actividades por falta de electricidad, agua o gas durante días. Esta situación hace insostenible cualquier plan de desarrollo del país. Por el contrario, avanza hacia su colapso.

El OVCS reiteró que 2018 se convertirá en el año con mayor número de protestas registradas en los últimos 10 años, por encima de 2014 y 2017.

Todos los récords de protestas han ocurrido durante el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ratifica el progresivo descontento popular y la agudización de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

Foto: Mabel Sarmiento

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