Durante interpelación de la Comisión de Contraloría de la AN-2015, la presidenta de Pequiven ad hoc, Diana Bracho, dijo desconocer el monto de la deuda actual de Monómeros. Aseguró que no es su competencia conocer los detalles operativos y contrataciones de la agroquímica. Sobre la demanda contra un diputado de la AN, aseguró que Monómeros actúa en defensa del patrimonio.
Caracas. La presidenta de la junta administradora ad hoc de Pequiven, Diana Bracho, admitió que en febrero de este año esa junta designó a dos directivos principales de Monómeros y cinco suplentes, sin notificar a la Asamblea Nacional electa en 2015.
Así lo reconoció la funcionaria designada por el Parlamento en diciembre de 2019, durante una interpelación de la Comisión de Contraloría de la AN-2015, que se extendió por cuatro horas.
En ese lapso, los diputados Ismael García (VP), José Luis Pirela (Fracción 16-J), Ismael León (Alianza del Lápiz) y Marco Aurelio Quiñones (VP) interrogaron de manera incisiva a Bracho sobre diversas situaciones irregulares que ellos mismos han denunciado públicamente en el funcionamiento de Monómeros.
El careo entre la funcionaria y estos cuatro parlamentarios tuvo momentos muy tensos porque Bracho reiteradamente refutaba a los diputados, desconocía la estructura del proceso de interpelación o instaba a los diputados a leer el informe de la comisión especial sobre Monómeros, aprobado por la Delegada el 2 de noviembre de 2021.
Los diputados, por su parte, se mostraban exasperados porque Bracho no siempre respondía de forma directa, e incluso el diputado Pirela estuvo a punto de salirse de la reunión virtual en protesta por lo que consideró “una falta de respeto de la funcionaria”.
Además, García, Quiñones y Pirela afirmaron que no consideraban las respuestas como satisfactorias. De hecho, los diputados propusieron y así se aprobó, citar para interpelar próximamente a Yon Goicochea, funcionario del gobierno encargado y al procurador especial, Enrique Sánchez Falcón.
Los diputados Jairo Bao (UNT), José Ricardo Salazar (AD) y José Hernández (UNT), también intervinieron.
Las preguntas
Los diputados le preguntaron a Diana Bracho sobre:
- La falta de respuesta oportuna de Pequiven a diversas comunicaciones remitidas por Juan Guaidó desde noviembre de 2021 en relación con el proceso de reestructuración y auditoría de Monómeros;
- La designación de nuevos directivos de su subsidiaria Monómeros sin autorización de la AN-2015 y del presidente encargado;
- Si Pequiven ad hoc autorizó a Monómeros para denunciar al diputado José Luis Pirela ante la Fiscalía de Colombia y quién paga por ese proceso;
- Quién y por qué se contrató a la empresa de auditoría OCH y con qué recursos se paga ese servicio;
- Si Pequiven ad hoc está al tanto de los detalles del convenio firmado con el Grupo Dabon, o las características del contrato con Lion Street firmado y rescindido entre abril y junio del año pasado;
- Si Pequiven conocía las comunicaciones que el gerente general de Monómeros envió a los proveedores de la empresa a mediados del año pasado informándoles la transferencia de tareas en el área de distribución a Lion Street;
- A cuánto asciende la deuda de Monómeros;
- Por qué se continúa trabajando con el escritorio DLA Piper, a pesar de que la Procuraduría Especial alertó sobre la existencia de conflictos de intereses ya que ese escritorio representa a empresas que contratan con Miraflores, como Rosneft.
- Y si la junta ad hoc de Pequiven estaba al tanto de que –según dijo el diputado Ismael García– la reestructuración de Monómeros es una exigencia de la OFAC para renovar la licencia.
Las respuestas
Bracho replicó que desde 2020 Pequiven ad hoc ha solicitado presupuesto para atender distintas instrucciones sobre Monómeros y aún no les ha sido asignado. Aseguró que Pequiven sí hizo las licitaciones para las empresas auditoras que pidió Guaidó, pero que no habían recibido instrucciones adicionales.
Sobre la deuda de Monómeros, dijo que no manejaba esa información; sin embargo, uno de los integrantes de la junta ad hoc que también estaba presente en la interpelación, el ingeniero Winston Cabas, respondió: “Tengo entendido que para noviembre de 2021 se debían cerca de 90 millones de dólares a Nitron y se le ha pagado en lo que va de año, casi 15 millones de dólares”.
Bracho, por su parte, indicó que Supersociedades Colombia instruyó a Monómeros a completar la designación de los integrantes de su junta directiva so pena de multarla y que por eso procedieron a hacer los nombramientos. Dijo que si la AN quería información sobre ese procedimiento, ella se los podía remitir.
“La AN tiene conocimiento de que desde 2021 existen unas vacantes en la junta directiva. Desde esa fecha la junta ad hoc ha esperado el pronunciamiento de la AN. Con la toma de control de Supersociedades, esta pidió presentar el acta en un tiempo perentorio y por eso se tomó la decisión (de nombrar a los directivos) para suplir las faltas con personal de la empresa. Se dejó claro que serían cargos provisionales, hasta que la AN haga las designaciones. No acatar (la instrucción de Supersociedades) exponía a la compañía a una multa, a un control mayor y se perdería el activo. A la Asamblea Nacional, cuando lo requiera, se le dará toda la información”, dijo Bracho.
También dijo que Pequiven ad hoc no tiene conocimiento de ninguna comunicación oficial del gobierno estadounidense o la OFAC respecto a las condiciones para renovar la licencia. Pidió a los diputados que si ellos la tienen, se la hagan llegar.
Las preguntas sobre los contratos con Dabon, Lion Street, DHL Piper, etc, Bracho las despachó afirmando que por tratarse de decisiones operativas de Monómeros, Pequiven ad hoc no está informada del detalle ni tiene competencia.
Con respecto a la denuncia de Monómeros contra el diputado José Luis Pirela ante la Fiscalía de Colombia, Diana Bracho empleó el mismo argumento pero además justificó la acción.
“No es competencia de la junta ad hoc tener conocimiento sobre ese aspecto porque es un tema operativo que trata de proteger el patrimonio venezolano. La junta y gerencia de Monómeros están en sus funciones autorizados para hacer las acciones necesarias para proteger a los intereses legítimos del Estado. Las autoridades en Colombia determinarán si existe o no responsabilidad”, sentenció.
Otto Reich y un extraño incidente
En un punto de la reunión, cuando el diputado Ismael García preguntaba sobre las supuestas exigencias de la OFAC para renovar la licencia a Monómeros, ocurrió un incidente fuera de lo común.
Una persona que estaba conectada en el Zoom, pero que no era diputada ni integrante del equipo de la Comisión de Contraloría, interrumpió la exposición de García de manera abrupta:
—Disculpe ¿puedo hacer una interpelación en este momento de esa declaración? Mi nombre es Ximena Sanz de Santamaría, yo hago parte del equipo del exembajador Otto Reich. Estamos…, dijo la persona y en ese momento falló la transmisión durante un par de minutos.
Los diputados, periodistas e invitados a la interpelación quedaron sorprendidos por la interrupción. Más adelante, cuando el presidente de la Comisión Macario González, solicitó a Sanz indicar a través del chat de la sala si era representante de un medio de comunicación o de algún partido, la persona se salió de la sesión.
Una persona vinculada al gobierno encargado confirmó a Crónica.Uno posteriormente que la gerencia general de Monómeros liderada por Guillermo Rodríguez Laprea, habría contratado hace unos meses los servicios privados del exembajador de Estados Unidos en Venezuela, el republicano Otto Reich, como consultor, asesor y lobista para manejar lo relativo a la licencia de la OFAC.
“Reich fue contratado sin autorización de nadie. Sin informar a nadie (en el gobierno encargado), para operar en Washington y convencer a la OFAC de renovar la licencia. Pero sin la reestructuración de la directiva, sin asumir los códigos de gestión de la OCDE ni mejorar los procedimientos, es difícil”, dijo la fuente bajo condición de anonimato.
El informe de Guaidó
Tal y como se informó ayer, Guaidó remitió a la comisión de Contraloría un informe detallado de sus actuaciones como presidente encargado en procura de lograr la reestructuración de Monómeros. El informe fue leído al inicio de la reunión. El oficio, de fecha 3 de junio de 2022, responde a una petición de información de la comisión de Contraloría del 11 de mayo de 2022.
En el documento, Guaidó hace el recuento de las cartas enviadas por su oficina a la presidenta ad hoc de Pequiven (3 de noviembre, 16 de noviembre y 15 de diciembre de 2021, y 2 de junio de 2022), en las que le pide avanzar en los procesos de reestructuración y auditorías de Monómeros.
“Ante estas repetidas solicitudes, Pequiven respondió con dilaciones y sin atender a la solicitud planteada”, reclamó Guaidó. El 2 de junio de este año el dirigente envió una nueva comunicación a Bracho en la que le advierte que de acuerdo al artículo 17 del Estatuto para la Transición, es competencia de la Comisión Delegada “autorizar el nombramiento y remoción de las personas presentadas por el presidente encargado en todo lo relacionado con las juntas ad hoc de las empresas e instituciones del Estado y, en general, adoptar las medidas necesarias para el control y protección de sus activos”.
Lo anterior reforzaría la presunción de los diputados de que Pequiven ad hoc se extralimitó en sus funciones al designar a los nuevos directivos de Monómeros.
“Este Despacho ha realizado todas las gestiones pertinentes a fin de dar cumplimiento a los deberes que nos impone la ley, sin embargo y ante la negativa de Pequiven de hacer frente a la solicitud formulada, de la falta de remisión de información de la situación actual de Monómeros, así como la negativa del Parlamento de aprobar el decreto presidencial relacionado con la reestructuración de la empresa en mención, nos ha sido imposible seguir adelante con los urgentes y necesarios procesos para asegurar el correcto funcionamiento de Monómeros”, concluyó Guaidó.
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