Autoridades de Fundasalud en Araya suspendieron de su labores a la enfermera Sikiu Rivera por “incurrir en omisión” en el ejercicio de la profesión. Para sus compañeros la dejan cesante por exigir sus derechos laborales y reivindicaciones salariales; pero ella sale al paso y advierte que es el Estado el que debe garantizar los insumos médicos y material de bioseguridad para que el personal de salud pueda prestar un servicio de calidad.
Cumaná. Pese a que el Hospital Virgen del Valle de Araya, capital del municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, no es centro centinela para la atención de casos de COVID-19, el personal que allí labora asegura que continúan prestando sus servicios a la comunidad aun cuando este centro de salud carece de insumos médicos y material de bioseguridad.
Así lo expresó un grupo de trabajadores del referido centro hospitalario ante la campaña de hostigamiento en su contra que presuntamente realizan autoridades sanitarias del estado y, en especial, la coordinadora del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), doctora María Vásquez.
En medio de estas “acciones de violaciones del derecho” denunciaron la suspensión laboral de Sikiu Rivera, su compañera de trabajo.
Sikiu Rivera es una profesional de enfermería que ha sido suspendida de sus funciones “por haber denunciado las precariedades y condiciones laborales a las que tienen que hacerles frente todos los días ante la mirada indiferente de las autoridades sanitarias del estado”, acotaron los denunciantes.
Mientras, Rivera aseguró que su único error fue unirse a la protesta pacífica realizada el pasado 4 de noviembre, en respuesta a la convocatoria nacional que hizo el sector salud.
Rivera contó que desde que se graduó en el año 2005 trabajó en el Hospital Central de Cumaná, hasta 2010.
Fueron cinco años manejando todo el protocolo hospitalario y de emergencia; experiencia que avaló mi desempeño en el servicio privado y fuera de los ambientes clínicos en la isla de Margarita, y desde noviembre de 2019 volví al sector público para prestar mis servicios como contratada en el hospital de Araya”, relató.
En su defensa hoy se suma el respaldo y apoyo de todos sus compañeros. El personal de enfermería, bioanalistas, obreros, trabajadores y empleados administrativos del hospital expresan su rechazo a la suspensión que califican de injustificada porque “a todas luces”, ratifican: “Es un atropello en su contra por el solo hecho de denunciar y reclamar nuestros derechos y reivindicaciones laborales. Esta retaliación contra Sikiu es un alerta para todo en personal, porque bien podría ser una escalada contra todos los que denuncien y protesten”.
“Exigir mi derecho no es delito”
Para Rivera ejercer su profesión ha sido su vocación de toda la vida: “Siempre la he ejercido apegada a mis principios académicos y a los valores inculcados por mi madre, quien también trabajó en el sector salud muchos años”.
Exigir su derecho hoy la ha convertido en el objetivo de las sanciones de la autoridades sanitarias del estado Sucre.
En ese sentido, dejó en claro que en Araya fue calificado como centro centinela el CDI, y allí es donde llega el poco material que destinan para atención de la COVID-19, a diferencia del escaso abastecimiento que puede recibir el Hospital Virgen del Valle.
Aquí en el hospital de Araya se recibió material de bioseguridad limitado, después de seis meses de haberse decretado la pandemia”, aseguró.
“Estamos expuestos en unas instalaciones sin ventilación, donde llega el agua cada 20 días, donde no hay ni un analgésico. No hay oxiticina para los trabajos de parto ni anticonvulsivos, no funciona la unidad de rayos x”, detalló.
Agregó: “La primera cara que ve un paciente es la de la enfermera, y nosotros tenemos que decirle con todo el dolor del alma que no hay ni un analgésico para calmarle un dolor. Estas son la razones por las que hoy me suspenden de mi trabajo, por denunciar las precarias condiciones laborales”.
Contó que ahora los jefes de Fundasalud pretenden justificar su suspensión por, presuntamente, haber puesto en riesgo la vida de un infante al no garantizarle su atención médica.
Hoy pretenden juzgarme por un caso de una menor que llegó al hospital con resultado positivos del triaje respiratorio en lugar de ingresarla al CDI como centro centinela para la atención del COVID-19”, acotó.
Aseguró que para ese momento ella y sus compañeros de la emergencia temían al contagio por no contar con los equipos de bioseguridad ni los insumos para garantizar la atención de la pequeña y su propia integridad.
Aupados por la coordinadora del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), doctora María Vásquez, familiares de la menor formularon una denuncia ante la Lopna por “incurrir en omisión” en el ejercicio de la profesión.
Ante esta irregularidad, como la han calificado sus compañeros, Sikiu enfatizó: “Es el Estado el que debe garantizar la atención y la salud a los ciudadanos. Las autoridades sanitarias deben garantizar los insumos médicos en los hospitales para que los pacientes puedan ser atendidos. Es el Estado el que debe velar por nuestra integridad para que podamos ofrecer un servicio de calidad”.
Participa en la conversación