Los grupos de población epidemiológicamente más expuestos al VIH/sida en el país, según estudios de prevalencia y comportamiento realizados durante el año 2019, mostraron prevalencias de 35,85 % en mujeres trans, 22,33 % en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y 3,74 % en trabajadoras sexuales.
Caracas. En el año 2020 se diagnosticaron 4970 casos nuevos de VIH en Venezuela, la mayoría de ellos en personas de sexo masculino (74,23 %), y en un rango de edad de 20 a 49 años de edad (77,4 %). Estos datos aparecen en el informe presentado por el Ministerio de Salud del gobierno de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional de Naciones Unidas sobre la situación del VIH/sida en el país durante el año pasado.
En este trabajo además participaron el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), entre otras agencias internacionales. También estuvieron organizaciones no gubernamentales como Red Venezolana de Gente Positiva+, la Alianza Nacional LGBTI de monitoreo al VIH-sida en Venezuela, la Alianza Lambda de Venezuela, entre otras, y la Sociedad Venezolana de Infectología.
En el país se han diagnosticado 65.768 casos de VIH en los últimos diez años. Datos de Onusida señalan que para el año 2020, 104.204 personas vivían con VIH en Venezuela, lo que representa una prevalencia en la población general de 0,53 %, de acuerdo con lo que indica el informe.
En general, la población más afectada dentro del territorio son personas de sexo masculino (72,56 %). Sin embargo las cifras más recientes arrojaron un aumento de afectación en el sexo femenino, que en 2011 registró 21,9 % y en 2020, 25,8 %, respectivamente. Aunque, los picos más altos de afectación dentro del sexo femenino se registraron en los años 2015 y 2017, con 38 % de impacto.
El VIH/sida en Venezuela ha acumulado, desde 1982 hasta el 31 de diciembre de 2020, un total de 174.610 casos.
Los datos de mortalidad presentados en este informe son hasta el año 2017 y corresponden a la Dirección Nacional de Epidemiología, la cual calculó que entre 2010 y 2017, 17.551 personas murieron con diagnóstico de VIH. Con respecto a esta cifra, la tasa de mortalidad específica por cada 100.000 habitantes presentó un aumento de 6,4 en 2010 a 8,6 en 2017.
Los grupos de población epidemiológicamente más expuestos, según estudios de prevalencia y comportamiento realizados durante el año 2019, mostraron prevalencias de 35,85 % en mujeres trans, 22,33 % en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y 3,74 % en trabajadoras sexuales.
Otro grupo poblacional que presentó una prevalencia superior a la general es el de los indígenas de la etnia warao, con un 9,55 %.
Respuesta gubernamental
Con respecto a la respuesta gubernamental, el informe aclara que la responsabilidad recae en el Ministerio de Salud, “a través del Programa Nacional de Sida/ITS, el cual coordina las acciones ejecutadas por todos los establecimientos de salud pertenecientes a la red pública del Estado venezolano, cumpliendo de forma integral y estandarizada los lineamientos técnicos establecidos, acordes a los estándares internacionales”.
Sin mayores detalles, el informe menciona: “Dada la situación de bloqueo de los recursos económicos en cuentas bancarias en el exterior y las sanciones a las que ha sido sometido, las acciones alcanzadas en los últimos dos años se han logrado con los recursos aportados por el Fondo Global para el Sida, Tuberculosis y Malaria (Gfatm) a través del un plan de respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria en Venezuela”, establecido en 2018, en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Salud, OPS/OMS, ONUSIDA, la Academia y grupos de la sociedad civil con trabajo en VIH.
Según datos del informe, 73 % de las personas que viven con este virus en Venezuela conocen su estado serológico; 77 % de las personas que conocen su estado serológico reciben tratamiento antirretroviral y 14 % de las que reciben tratamiento tienen carga viral suprimida, “lo que representa un incremento con respecto al año anterior de 11%, 13% y 13% respectivamente”.
Pero datos de la ONG Acción Solidaria, arrojan que para finales de 2020, el desabastecimiento de antirretrovirales en el país llegaba al 65 %. Además, Onusida, participante del informe del Ministerio de Salud, indicó que para septiembre de 2018, aproximadamente 7700 venezolanos diagnosticados con VIH se encontraban entre los migrantes que ingresaban a países vecinos en busca de tratamiento.
En 2017, una investigación encargada por Onusida a Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi) generó la primera evidencia concreta de escasez de antirretrovirales, otros medicamentos y reactivos. Para 2019, “la tasa de hospitalización entre las personas que viven con VIH se incrementó notablemente y existen entre 20 y 30 muertes relacionadas con el sida todos los días”, según la ONU.
A pesar de que las sanciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro datan del año 2017, las primeras sanciones directas en contra de las operaciones de Pdvsa, la empresa estatal de mayor importancia económica en el país, se emitieron en 2019, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Puede leer el informe completo en accsi.org.ve.
Persecución de activistas
En enero de este año, cinco activistas de Azul Positivo, una ONG que trabaja en la prevención del VIH en el estado de Zulia, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego del allanamiento de la sede de la organización.
Onusida se pronunció al respeto y pidió la liberación de los detenidos y que, además, devolvieran “el equipo esencial incautado en el momento de su arresto”, dijo la directora ejecutiva de la organización, Winnie Byanyima. Un mes después de la detención los cinco miembros de la ONG fueron liberados con régimen de presentación.
Pacientes con cáncer
Un grupo de expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU consideró que debido a las sanciones “excesivamente estrictas” impuestas por Estados Unidos sobre Pdvsa, “cientos de pacientes venezolanos con cáncer podrían morir”, expresaron los expertos en derechos humanos a través de un comunicado.
“La vida de los pacientes venezolanos trasplantados que se encuentran varados en el extranjero, así como los que esperan viajar por operaciones para salvar sus vidas, están amenazados”, debido que “países, bancos y empresas privadas han sido demasiado cautelosos en sus tratos con Venezuela porque temen violar involuntariamente las sanciones de EE. UU.”, expresa el documento emitido el pasado miércoles.
Seis Relatores de Naciones Unidas se pronuncian en materia del derecho a la salud de pacientes con cáncer en Venezuela y las repercusiones de las sanciones económicas unilaterales. pic.twitter.com/6n5xAR2nwG
— PROVEA (@_Provea) July 21, 2021
Este documento también menciona la suspensión del Programa de Procura de Órganos, gestionado desde 2014 por la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud, sin detallar que este programa suspendió sus funciones 2017. Además, Pdvsa también mantenía un convenio con el gobierno de Italia y la Fundación de Trasplante de Médula Ósea (FTMO), el cual se paralizó en 2018.
Según este procedimiento especial del Consejo de DD. HH. de la ONU, aproximadamente 190 pacientes están a la espera de viajar para recibir tratamiento, además de unos 14 menores de edad, “incluidos tres niños pequeños, murieron entre 2017 y 2020”, indica el informe. Sin embargo, datos de Cecodap indican que entre 2018 y 2020 fallecieron unos 39 niños en el Hospital J. M. de los Ríos, por causas vinculadas a la crisis de salud que vive el país.
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