El diputado Caro y el periodista Ugas fueron detenidos el pasado 20 de diciembre en Caracas, sin orden judicial y sin que estuvieran cometiendo un delito flagrante. “Es una desaparición forzada”, denunció el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado.
Caracas. “Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Así reza el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Aunque el instrumento está suscrito por Venezuela, el comisionado presidencial de Juan Guaidó para los Derechos Humanos, Humberto Prado, afirma que la reciente detención de Gilber Caro y Víctor Ugas —sin orden judicial y sin que privara la comisión flagrante de un delito— se inscribe a todas luces dentro de esa definición universal de desaparición forzada.
Recordó que el diputado Caro y el periodista Ugas fueron aprehendidos en Caracas el 20 de diciembre y desde ese momento hasta la publicación de esta nota, 13 días después, ni sus familiares ni sus abogados de confianza han podido hablar con ellos, verlos o comunicarse por ninguna vía. Tampoco saben de su paradero.
“En el caso del diputado Caro, conforme al artículo 200 constitucional y en caso de que él hubiera sido detenido en flagrancia o que existiera una orden en su contra, él debió ser llevado a su casa como sitio de prisión preventiva. Luego se debió informar al TSJ, y este a su vez debió informar a la Asamblea Nacional. Pero nada de eso ocurrió. Esto es una detención arbitraria, ilegal y además es una desaparición forzada”, dijo Prado a Crónica.Uno.
En el caso de Ugas, estaría amparado por el artículo 49 constitucional que establece el debido proceso, pero tampoco se ha cumplido.
Detenido sin motivos
La abogada de Caro, Theresly Malavé, denunció que el 22 de diciembre ambos detenidos fueron llevados de manera clandestina al Palacio de Justicia donde les asignaron una defensa pública, los presentaron ante un juez y les imputaron unos delitos aún desconocidos. Dijo que desde esa fecha, la defensa privada no ha podido ni siquiera entrar al Palacio para averiguar qué tribunal acogió la causa o cuáles delitos les imputan.
Pero eso no sería todo: “Quisimos introducir un recurso de habeas corpus (que obliga al Estado a informar dónde está detenida una persona) en el TSJ y eso está cerrado. No hubo manera. No hay nadie. No están ni siquiera recibiendo los recursos de amparo. Esto aunque la ley los obliga a mantener una taquilla abierta para estos casos durante los períodos de receso”, dijo Malavé.
La abogada asegura que Caro, quien se encontraba en libertad condicional desde junio de 2018, venía cumpliendo puntualmente su presentación ante los tribunales en Carabobo. En la segunda detención, practicada también de manera arbitraria entre abril y junio de 2019, Caro no fue presentado ante ningún tribunal por lo que de esa captura no quedó ningún expediente judicial.
“Eso estaba en orden. Unos días antes de la desaparición, él nos dijo que la policía lo estaba hostigando. Nosotros fuimos al tribunal y metimos unos escritos allá, dejando constancia. Por eso es que no actúan por allá, porque él estaba al día. Su próxima presentación es el 13 de enero”, señaló.
Malavé no descarta que esta captura de Caro, la tercera desde que fue electo diputado en 2015, esté relacionada con la estrategia oficialista de evitar la reelección de Guaidó el 5-E. Caro es suplente de Rafael Guzmán, quien se encuentra exiliado, y en ausencia de ambos –si Guzmán no pudiera votar de manera no presencial-, la curul que representan por el estado Miranda, quedaría vacía.
Piden acción internacional
El comisionado presidencial Humberto Prado informó que su oficina ha hecho seguimiento desde el primer momento a este caso y han actuado ante tres organismos internacionales para intentar restituir los derechos de los dos detenidos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para las Desapariciones Forzadas de la ONU y la Relatoría sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
“La CIDH ya había dictado unas medidas cautelares a favor de Caro en el pasado reciente, entonces hemos solicitado que las amplíe para que acojan también a Ugas; esperamos que tanto la CIDH como las dos relatorías de la ONU, soliciten al régimen información sobre dónde los tienen, cuáles son los delitos que les imputan, para que se les permita ver a sus abogados y familiares y en cualquier caso, esperamos que exijan su liberación”, dijo Prado.
El comisionado dijo que también presentaron el caso ante la Oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que de momento solo ha expresado “su preocupación”.
“No ha habido de parte de la Oficina de la alta comisionada un rechazo claro a la forma como fueron detenidos, en particular, en el caso de Caro porque hay que recordar que él es un diputado suplente en funciones de principal. Su procedimiento debió hacerse, en caso de que hubiera motivos, ante el TSJ. Ambas son detenciones ilegales”, reiteró.
En el caso de Ugas, esta sería su segunda detención desde que Maduro encabeza la administración del Estado. El periodista estuvo preso durante cuatro años en el Sebin, entre 2013 y 2017. Fue dejado en libertad condicional el 23 de diciembre de 2017.
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