El fiscal Tarek William Saab no especificó donde comenzaría el plan contra el hacinamiento en los centros de detención preventiva del área metropolitana de Caracas. El Gobierno puso lupa finalmente a las comisarías después de 149 fallecidos en 204 calabozos de 16 estados, solo en el primer trimestre de 2019, según Una Ventana a la Libertad.
Caracas. Durante un motín en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta asesinaron a dos presos, a uno de ellos lo decapitaron mientras filmaban con un celular. Una semana después más de 20 detenidos —oficialmente no se precisó la cantidad— se evadieron del mismo centro de detención preventiva.
Esa misma madrugada seis privados de libertad también se fugaron del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en El Paraíso, a través de una de las ventanas.
El primer semestre de este año cerró con la muerte de 149 detenidos dentro de los calabozos venezolanos, según la ONG Una Ventana la Libertad. Esta cifra corresponde únicamente a 204 calabozos monitoreados, en 16 estados del país.
Finalmente, y después de que defensores de los derechos humanos denunciaran la grave situación en la que se encuentran los centros de detención preventiva, el gobierno de Nicolás Maduro anunció acciones para descongestionar estos sitios de reclusión.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó el lunes 15 de octubre que se implementaría un plan para la descongestión de estos lugares. Esto en una reunión que se efectuó con todos los jefes de seguridad estatales y municipales, para reimpulsar 2169 cuadrantes de paz en el país.
En las ocho mesas de trabajo, que anunció Reverol, para debatir la política territorial de seguridad ciudadana, uno de los temas sería el hacinamiento en los centros de detención preventiva.
Una Ventana a la Libertad registró extraoficialmente que el plan de descongestión inició en los calabozos del Cicpc de El Rosal. Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó a través de Twitter que comenzarían el miércoles 16 de octubre, aunque no aclaró en qué comisaría.
Pese a que no es información oficial, la ONG indicó que funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público atendieron a 180 reclusos. Hicieron evaluaciones psicosociales a la población penitenciaria y los jueces decidirán si algunos serán beneficiados con el Plan Cayapa.
Saab informó también que las primeras acciones, previamente ya coordinadas, son para descongestionar los centros de detención preventiva del área metropolitana de Caracas, para luego iniciar en los ocho estados más poblados del país específicamente en celdas del Cicpc y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El fiscal no ha explicado, hasta el momento, si la medida también abarcará los recintos de la PNB, que son los que más problemas reúnen.
Rosario de problemas
Una Ventana a la Libertad documentó en su informe del primer semestre de 2019 que en 204 calabozos, distribuidos en 16 estados, hay una población de 19.028 detenidos cuando la capacidad de albergue es para 3.734. El hacinamiento pasa del 500 %.
La sobrepoblación ha desencadenado graves problemas de salud. Las investigaciones de la ONG apuntan que hay enfermos con tuberculosis, VIH, sarna, paludismo y dengue, que no reciben tratamiento. También documentaron presos con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, a quienes no llevan a control hasta el día del parto.
[irp posts=”152127″ name=”Detenidos enfermos en calabozos no tienen quien vele por su salud”]Además de la sobrepoblación han denunciado retardo procesal penal, graves hechos de violencia, torturas y enfermedades.
Familiares de reclusos en la PNB de Boleíta, conocida como la antigua zona 7, denunciaron a Crónica.Uno que hay detenidos a quienes les han diferido 15 veces la audiencia y otros que tienen hasta más de dos años en esas celdas.
Javier Gorriño, director de la Policía del municipio El Hatillo, explicó que las comisarías no están diseñadas para albergar a detenidos por más de 72 horas. No cuentan con espacios aptos, tampoco con baños, áreas de visitas ni con personal suficiente para la custodia.
“Se turnan para dormir porque no hay espacio, muchos se meten en áreas que eran administrativas. Así están todos los centros de detención preventiva del país, en una situación delicada. Los familiares deben llevarles las comidas porque nosotros tampoco tenemos presupuesto para ello”.
Generalmente para la custodia hay cuatro funcionarios, pero los días de visitas deben redoblar al personal por medidas de seguridad. En ocasiones sacan a otros policías de sus labores para el apoyo.
“Se tienen que construir retenes para los procesados y más cárceles para los penados. El procesado no es culpable, pero tampoco es inocente; su condición es totalmente diferente a la del ya sentenciado. Las policías son para detenciones rápidas y máximo 72 horas como mucho, pero algunos tienen hasta un año o más”.
Desde noviembre de 2016 la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, ha alegado que los calabozos policiales no son su competencia.
Al final de la tarde del miércoles 16 de octubre el fiscal Saab indicó que se encontraban reunidos para gestionar el otorgamiento de medidas sustitutivas de privativas de libertad.
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